Artículo publicado por VICE México .
Susana Dueñas sabía que no regresaría a su celda aquel martes. Había pasado ya seis años y siete meses dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puentecillas, en Guanajuato, apenas un cuarto de la pena que purgaba tras sufrir un aborto espontáneo. “Homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”, lo llamó la autoridad. Enfrentaba la posibilidad de 25 años de cárcel.
Pero ese martes 7 de septiembre de 2010 Susana estaba por recuperar su libertad. Sintió que la sangre le subía a la cabeza. Es la emoción, pensó, pero también era miedo.
“Van a salir libres”, les había dicho Jesús Noé Mosqueda Vaca, el director del Cereso, a ella y otras seis mujeres recluidas por ese tipo de homicidio –no estipulado en la ley– unos días antes. Libres, pero legalmente nunca inocentes.
Aborto clandestino en América Latina: cárcel, estigma, negocio y reclamo social.
Ese martes Susana fue azotada por la realidad tan pronto cruzó la puerta del penal. El temor a las autoridades la mantendría refugiada en su casa, al menos un año, sin poder trabajar. Su hija no la reconocía como madre, pues se separaron cuando la bebé tenía sólo tres meses de edad. La gente de su comunidad la señalaba como asesina. Cuando caminaba por las calles escuchaba frases como: “Salió, pero todavía tiene que pagar por lo que hizo”.
Susana nunca sospechó que ya no tendría amigas, que andaría sola: de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Si lo hubiera imaginado, dice, habría sabido por qué la libertad le sabía a miedo.
Doble juicio: jurídico y social
En México, sin importar el estado, se juzga social y jurídicamente a las mujeres que deciden abortar, que tienen abortos espontáneos o que dan a luz en lugares ajenos a un hospital. Las sentencias surgen a partir de estereotipos de género, de la moral y de creencias religiosas, explica Verónica Cruz, directora de Las Libres (Asociación Civil del estado de Guanajuato).
En este país puedes interrumpir tu embarazo, sin consecuencias legales, solamente en la Ciudad de México (desde 2007), si tienes menos de 12 semanas de gestación. En estados como Guanajuato hacerlo te puede llevar a la cárcel. Esta discriminación jurídica pone en riesgo a las mujeres según el estado en el que se encuentren. Esta nación tiene distintos raseros y eso salta a la vista cuando se compara con el resto de América Latina.
Solo en Chiapas, Michoacán y Veracruz abortar no está penado con cárcel. En la Ciudad de México un aborto después de las 12 semanas de gestación se castiga hasta con tres años, mientras que en Sonora y Tamaulipas son seis y en Baja California hasta 10 años.
Entre 2007 y 2016, fueron 531 personas las que enfrentaron juicios penales en México por el delito de aborto. Cuatro de cada 10 de esas personas obtuvieron una sentencia, según datos del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), aunque sólo se tienen registro de 83 personas en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva. Hay que aclarar que no todos los estados tienen información sobre el tema.
Sin embargo, hay una criminalización más peligrosa, el de las mujeres que como Susana son juzgadas por otros delitos –homicidio, infanticidio y parricidio– con la finalidad de otorgarles penas más largas. Los datos en este rubro, de acuerdo con el informe Maternidad o Castigo de GIRE, no permiten conocer el impacto.
Como dice Isabel Fulda, Coordinadora de Investigación, “este tipo de casos reflejan las fallas del sistema de justicia: no se sigue el debido proceso en general, la presunción de inocencia no existe, se asume que son culpables, las interrogan en medio de procesos médicos, las castigan jurídicamente y las orillan a enfrentarse a delitos que tienen penas de hasta 50 años de cárcel”.
Firmar en blanco
La última vez que Susana vio desde afuera el Cereso tenía 19 años. Un par de agentes del Ministerio Público, altos, fuertes, armados, la habían dejado en la banqueta de la carretera a Puentecillas, con la orden de esperarlos mientras iban a desayunar.
Ambos habían estado a su lado durante cuatro días. Llegaron tras la llamada de la trabajadora social de la clínica 10 del IMSS, en Guanajuato, quien reportó a una mujer que había matado a su hijo.
“Tú tuviste un bebé y lo mataste”, le dijo la enfermera. Pero lo último que Susana recordaba eran los dolores en el estómago y la sensación de que algo dentro de ella se había desprendido. La enfermera le mostró un feto que supuestamente era suyo.
Susana estaba sola en la cama de hospital, su familia tenía prohibido entrar. A la abogada que iba a llevar su caso le impidieron el paso. Entonces llegaron los dos hombres. “Tú eres Susana y mataste a tu hijo”. Le pusieron un Cristo frente a su rostro al momento de tomarle su declaración. “Jura que lo hiciste”, repetían. Susana contaba de nuevo: dolores estomacales, desprendimiento, no sabía cuánto tiempo de embarazo tenía, nunca había ido al doctor, no había matado a nadie. Al final, los agentes le hicieron firmar una hoja en blanco. En esa hoja, sin saberlo, firmó 25 años de cárcel.
En el expediente de Susana no hay forma de determinar si estuvo embarazada y, en ese caso, cuánto tiempo tenía de gestación. Fue sentenciada por el delito de homicidio en razón de parentesco, aunque la autoridad tampoco pudo determinar si el producto había nacido vivo, menos pudieron determinar cómo lo mató.
Llegó al Cereso sin una orden de aprehensión. Los guardias no tenían instrucción de ingresarla. Pero al final Susana ya no salió.
El juicio de las batas blancas
La penalización del aborto, coinciden especialistas, tiene como una de sus consecuencias que el personal de salud se convierte en el principal criminalizador de las mujeres. La mayoría de los procesos penales por aborto se tratan de mujeres que llegaron a un hospital público con un aborto en evolución y son los mismos médicos, los trabajadores sociales y las enfermeras quienes las denuncian.
“Lo que hacen es una tortura psicológica hacia las mujeres, apelando a creencias religiosas y morales, símbolos. Apelan a la culpa y que así acepten supuestos crímenes ante una autoridad”, detalla Verónica Cruz.
A Patricia, una joven de 19 años originaria de una comunidad rural, quien ingresó a un IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Veracruz tras sufrir un aborto, las enfermeras la obligaron a besar el producto que había expulsado. “Una masa amorfa, llena de sangre que decían era mi hijo”, recuerda. La amenazaron con la cárcel. La misma enfermera la siguió hasta el Ministerio Público para asegurarse que fuera declarada culpable. Su caso no prosiguió por falta de pruebas.
Patricia tuvo que abandonar el estado de Veracruz, suspender sus estudios, alejarse de su familia por el acoso social que vivía diariamente. No fue a la cárcel, pero aún lidia con las consecuencias de la criminalización.
Y es que aunque se ha tratado de impulsar reformas al Código Penal Federal para despenalizar el aborto al nivel de la CDMX, a la Ley General de Salud para garantizar la oferta de la interrupción del embarazo en los servicios de salud de todo el país y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar la despenalización y castigar la violencia institucional y el embarazo forzado, el tema siempre queda empantanado, surge la presión de la Iglesia y de los grupos conservadores y el tema se apaga sin importar la presión mediática y las marchas de miles de mujeres en todo el país.
“El Estado les pasa encima a las mismas que no les garantizó nada y las que terminan pagando el costo con sus vidas son ellas”, dice Isabel Fulda.
Las perspectivas con el cambio de gobierno
La esperanza está en que en esta administración el tema fluya y los cambios legislativos se vuelvan realidad. Al momento hay tres iniciativas en la Cámara de Diputados que, aunque están relacionadas con el tema, ninguna busca eliminar el delito de aborto en los códigos penales.
Lorena Villavicencio, diputada de Morena, presentó el 23 de octubre una propuesta de cambio normativo para todo el país similar al de la CDMX, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y reducir la pena, modificar el estatuto que actualmente indica que solo se puede reducir la pena si la mujer no tiene mala fama, si logró ocultar su embarazo o si fue fruto de una unión ilegítima.
Hay otra propuesta del grupo parlamentario del PRD que busca garantizar el acceso a un aborto seguro y una del morenista Porfirio Muñoz Ledo que apela a la autonomía reproductiva.
Ninguna de estas propuestas atiende el riesgo de ser juzgada como homicida. Las tres propuestas se discutirán, sin un fecha establecida, próximamente.
Siete kilómetros, siete años después
En Santa Teresa hay calles pavimentadas y otras tantas aún son de tierra. Hay quien vive con todos los servicios: luz, agua, drenaje; hay quien vive sin nada.
Allí creció Susana, allí la llevó una camioneta blanca. Fueron 15 minutos de viaje hasta su casa. Siete años después del encierro está de vuelta. Siete kilómetros lejos del Cereso de Puentecillas.
Regresó con los 7 mil habitantes, con los tres de cada 10 que como ella tienen educación básica incompleta, con la población que es en su mayoría católica, a desempeñarse como empleada de limpieza.
El contexto de Susana es una huella viviente de que la penalización del aborto tiene otra forma de discriminación. En ningún caso documentado por ONG hay mujeres de poder adquisitivo alto. Es un delito que se usa de manera focalizada: mujeres pobres, de bajo nivel educativo, indígenas que no hablan español, que desconocen sus derechos básicos y que además los han visto vulnerados toda su vida. La mayoría de las mujeres son menores de edad o jóvenes, 18, 19 años.
Susana hoy tiene 33. Han pasado ocho años desde que salió de la cárcel. El gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, cedió ante la presión de sociedad civil que denunció la criminalización de Susana y otras mujeres encarceladas como homicidas tras tener abortos involuntarios. Se creó un decreto especial para que fueran puestas en libertad. El mismo gobierno había negado durante años que en sus cárceles hubieran mujeres encerradas por aborto.
“Yo no hice nada”, insiste todavía con lágrimas en los ojos. La mirada se le nubla más cuando cuenta los daños colaterales, cuando piensa que su hija –ahora de 11 años– no se acostumbra a su compañía. El paso del tiempo no la ha hecho adaptarse a las miradas, a las habladurías.
Que el aborto no sea considerado un servicio de salud y sí un delito tiene consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad. La garantía de que las mujeres puedan decidir libremente ejercer o no la maternidad es una deuda histórica que el Estado tiene con ellas, detalla GIRE.
Cifras recientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señalan que, a 11 años de implementada la legalización del aborto, se han realizado 194 mil 153 procedimientos, no sólo a capitalinas, sino a mujeres de estados colindantes, aunque en mucha menor medida. Las cifras a nivel nacional varían según la fuente, pero podrían estar entre 850 mil y un millón de abortos al año, muchos de ellos sin amparo de la ley.
A Susana nadie le regresa lo perdido, por el contrario, andará por las calles con el estigma de saberse inocente, porque ante la ley es libre, pero siempre culpable.
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