En México, la política de drogas ha tenido efectos paralizantes. Para obtener sustancias “ilegales” debemos recurrir a un mercado que está controlado por el crimen organizado, que no nos asegura ni el precio de la droga, ni bajo qué estándares de calidad se produjo, y en el que, además, corremos peligro de ser sorprendidos por alguna autoridad al momento de adquirirla, lo cual podría llevarnos a la cárcel por alrededor de 6 años, si la cantidad excede las pequeñas cantidades permitidas. Así, se han erradicado los cultivos, y sobrepoblado las cárceles.
El movimiento de reforma a la política de drogas quiere reducir la violencia asociada a la producción y distribución de las drogas, reducir los riesgos de las drogas y crear un mercado seguro para las personas que las usan. Los efectos de la política punitiva y represiva han sido devastadores, y existe un consenso entre especialistas de que la mejor manera de abordar a las sustancias psicoactivas es regulándolas. Al principio intentábamos cabildeando, hablando con autoridades en el Congreso acerca de los beneficios que conlleva el optar por una regulación de drogas. En México, se han acercado múltiples iniciativas tanto de la sociedad civil, como de partidos políticos acerca de la cannabis y amapola, pero ante tantas negativas, optamos por utilizar otras rutas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el poder encargado de velar por que se respeten los derechos fundamentales de la población. El permiso para poder cultivar cannabis para fines personales bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad se ha ido gestando desde 2012, y esto no hubiera pasado sin el trabajo de México Unido Contra la Delincuencia y los abogados en el despacho de Andrés Aguinaco. Todo empezó cuando un grupo de cuatro personas conocido como el colectivo SMART recurrieron al derecho en la Constitución de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y experimentar usando productos que pueden ser riesgosos sobre la salud.
Es nuestro derecho, y está ahí, listo para ser utilizado por quien quiera. El problema es que no es posible ejercer el derecho con el mercado como está. La prohibición de las drogas ha creado un mercado ilegal que promueve la violencia, las violaciones a derechos humanos, y el subdesarrollo; afectando desproporcionadamente a las comunidades más vulneradas. El meollo del problema es que las personas tienen derecho a consumir cannabis u otras sustancias para desarrollar su personalidad, pero la situación penal respecto a la siembra, cosecha, y adquisición lo vuelven imposible, castigando a todo aquél que se atreva a hacerlo.
Relacionado:
La sentencia de la Suprema Corte benefició a los quejosos que integran SMART, autorizando la solicitud hecha a COFEPRIS para realizar las actividades asociadas con el autoconsumo, en este caso, la posibilidad de cultivar cannabis para uso personal. Posteriormente, se resolvieron dos casos más de la misma naturaleza. Sin embargo, aún hay un problema sin atar. La SCJN ha facultado a los quejosos para poder sembrar, cosechar y transportar cannabis para uso personal, aunque la transferencia sigue siendo penada, entonces ¿cómo adquirirían estas personas la semilla para cultivar sus plantas, sino es recurriendo al mercado ilegal?
Cuatro ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvieron esta situación amparándome a mí y a otras dos personas más para solicitar a COFEPRIS una vía para adquirir las semillas que cultivaré para mi consumo personal. En las declaraciones, los Ministros resaltaron que el proyecto reconoce el derecho, pero que antes no había una manera legal de ejercerlo, sin las semillas. No solo la resolución fue sorprendente, sino sobre todo la postura de la Sala, particularmente la del Ministro Medina Mora, quien estuvo a favor – aunque con reservas – explicando que el tema debe ser abordado desde las políticas públicas y el poder legislativo, haciendo un llamado al Congreso para atender, en lo estructural, el problema; abriendo la posibilidad de pensar en la comercialización para no solo beneficiar a los amparados, incluyendo por supuesto, actividades de prevención y asegurando no dañar a terceros. “No es competencia de la Corte imponer un modelo, sino que eso le toca a otros poderes”, recalcó el Ministro; y yo no podría estar más de acuerdo.
El país tiene la oportunidad de regular el cannabis, para reducir la violencia e impulsar el desarrollo en el país. El cultivo, producción y distribución del cannabis debe estar basado en un sistema de licencias que permita insertar a las personas en una economía formal (sobre todo aquellas que más lo necesitan); las cuales serían fiscalizadas por el Estado, asegurando información verídica en etiquetados, controlando rangos de precio y estándares de calidad, y aplicando criterios a lugares de consumo seguro, y localidades de producción y venta (solo para mayores de edad). El cultivo y consumo en propiedad privada es elemental, para evitar el consumo en espacios públicos. Los impuestos recaudados de la venta de la planta deben ser canalizados hacia el sector salud, hacia una estrategia de seguridad más integral, y hacia la reparación del daño a las personas y comunidades vulneradas por la política punitiva: a buscar a las personas que desaparecieron durante la guerra.
Se debe apoyar el campo, eliminando las penas a los campesinos; empoderar a usuarios de sustancias, dando servicios integrales de salud y reducción de riesgos; e impulsar el desarrollo, brindando oportunidades económicas en ésta nueva industria emergente, a quienes han sido más afectados. Hay que hablar con los jóvenes sin tabúes sobre tema y de los posibles riesgos que conlleva el uso de sustancias psicoactivas. Una regulación responsable, para reparar la irresponsable decisión de enfrentar a las drogas con violencia.
En la vía jurídica este amparo podría contar para los cincos casos consecutivos que necesitamos para crear jurisprudencia en la materia, si la Suprema Corte se lo propone. Los tres casos anteriores se resolvieron en la Primera Sala (SMART, Ulrich Richter y Ríos Piter), mientras que éste nuevo caso fue resuelto en la Segunda Sala. Se necesita un caso más en la primera, o cuatro más en la segunda, para crear jurisprudencia.
La ruta legislativa también ha ido avanzando en estos años. Hemos visto un número histórico de iniciativas sobre la política de drogas, desde una regulación completa del mercado de cannabis, hasta la excarcelación de usuarios y la regulación de la amapola para usos medicinales en Guerrero. Sin embargo, sin una presión desde la sociedad, las bancadas legislativas casi no movieron sus posturas. Veíamos iniciativas ser presentadas, pero sin la voluntad política, hubo casi nula acción. Salvo en el tema de cannabis medicinal, impulsado por el ruido mediático que generamos con el caso de Grace Elizalde y otros pacientes, no hemos tenido legisladores listos para gastar su capital político en este tema. No lo han visto como algo urgente.
Sin embargo, nosotros que hemos venido tomando las calles con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con la indignación de los casos de San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa y numerosas más, no hemos parado de exigir un cambio en la estrategia y el paradigma. El movimiento reformista de política de drogas en México ha formado parte de la garantía de la no repetición de las miles de violaciones a los derechos humanos y de la reparación del daño que ha generado la prohibición. Como usuaria de sustancias ilegales, no creo que he fomentado el crimen organizado, pero como ciudadana sí tengo una responsabilidad de intentar mejorar al país y las condiciones de quienes lo habitan.
Por lo anterior, desde hace años, hemos venido abogando por una regulación integral y responsable de las plantas y sustancias psicoactivas. La regulación puede ser una manera de fortalecer las instituciones, disminuir el estigma y la corrupción hacía las personas que usamos sustancias, generar oportunidades económicas y formar parte de la reparación del daño que requiere México para lograr construir la paz.
Relacionado:
El gobierno virtualmente electo y próximamente liderado en los asuntos domésticos por la Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ha declarado que es necesaria una despenalización, abriendo la posibilidad de regular el mercado de drogas como el cannabis o la amapola para alcanzar la pacificación del país. Cada vez hay más autoridades pronunciándose en contra de los efectos dañinos que la política actual ha causado, y la sociedad civil las está respaldando.
El modelo regulatorio del cannabis debe asegurar el acceso a pacientes y usuarios, permitir que éstas personas cultiven en sus hogares, y además, crear oportunidades económicas que beneficien a todos, dando prioridad a quienes fueron afectados. El tema tiene que ver con libertades, pero también aborda cuestiones como la represión y las crecientes violaciones a derechos humanos hacia las comunidades más vulneradas con la política actual.
El activismo estratégico en política de drogas ya está en curso, haciendo que las drogas en México dejen de ser un tabú, y demostrando que la regulación es una urgencia. La política punitiva actual frente a las drogas ha fracasado. La posibilidad de consumir sustancias psicoactivas como el cannabis es un derecho consagrado en la Constitución mexicana, y los poderes de gobierno ya se están dando cuenta de que su prohibición, genera incontables problemas. La discusión de una reforma a la política actual ha pasado de tratar de vislumbrar entre el sí o el no, a analizar el cómo; y la carrera ahora se centra en el ‘a quién le corresponde´. Toca regular, y aquí está la sociedad civil dispuesta a apoyar en la transición hacía un mercado donde la regulación de las drogas forma parte de los pasos para lograr la verdad, la justicia y la paz.
Zara Snapp es co-fundadora de Instituto RIA y consejera en ReverdeSer Colectivo.
Zara Snapp https://ift.tt/eA8V8J
No hay comentarios:
Publicar un comentario