Artículo publicado por VICE México.
Los recortes anunciados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrán un impacto considerable en el tamaño de la burocracia. Pero no serán los servidores públicos los únicos afectados. Si bien los trabajadores de confianza viven con la incertidumbre de lo que pasará iniciado el nuevo sexenio, son los contratistas, asesores y empresas que ofrecen servicios como seguros de gastos médicos mayores o vuelos de avión quienes mayores pérdidas sufrirán al no tener al gobierno mexicano en su lista de clientes frecuentes.
Por medio de un listado de 50 puntos, que son una suerte de mandamientos para el gobierno que asumirá funciones en diciembre próximo, AMLO dio a conocer los puntos principales con los que busca reconvertir al gobierno mexicano en una administración sobria, una característica ausente en los últimos sexenios y que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto rayó en el derroche.
Una de las compañías aseguradoras que más perdería con los ajustes presupuestales es MetLife, pues el Seguro de Separación Individualizada que ofrece a trabajadores del gobierno federal sería eliminado. Hasta el primer trimestre de este año, el pago del seguro fue de mil 146 millones de pesos (mdp). Tan sólo en 2017 le costó 4 mil 611 mdp a las arcas del erario.
En caso de eliminarse como propone López Obrador, representaría pérdidas por 51 mil millones para la empresa originaria de Nueva York, Estados Unidos.
Adiós a Los Pinos. Los manteles largos de Peña Nieto.
De acuerdo con el economista Juan Ignacio Martínez Cortés, a raíz de los lineamientos anunciados para el combate a la corrupción y la implementación de una política de austeridad, “sin duda habrá una pérdida para las empresas involucradas como las aerolíneas, agencias de publicidad o expendedores de vales, ya que el gobierno compra como mayorista”, lo cual había sido benéfico especialmente para las aseguradoras. “Se trata de servicios que no pasan por licitación sino por adjudicación directa (…) las empresas que ofrecen esos servicios estarían redireccionando su mercado ya que se reduciría la cartera de sus clientes”, explicó a VICE el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM.
Empresas damnificadas
Además de la supresión del Seguro de Separación Individualizada, la aseguradora MetLife cuenta con un seguro de gastos médicos privados, exclusivo para empleados del Gobierno federal, el cual también podría ser eliminado. No obstante, las pérdidas para grupos empresariales no acaban con el consorcio dirigido por Sofía Belmar, mismo que recibió 14.2 mdp por un seguro de gastos médicos para los senadores entre 2015 y 2016.
Otra aseguradora que vería afectadas sus finanzas si lo servicios médicos de funcionarios se concentran en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como pretende el gobierno entrante, es Grupo Nacional Provincial (GNP), empresa que facturó 2 mil 200 mdp al gobierno federal entre 2014 y 2016, por concepto de pólizas de seguro de gastos médicos mayores para 321 mil empleados gubernamentales.
Previo a las elecciones, Alberto Baillères González, presidente de Grupo BAL, consorcio al que pertenece GNP, fue uno de los empresarios que llamaron a no votar por AMLO. Como reportó VICE en junio pasado, GNP ha recibido más de 22 mil 981 mdp en contratos públicos, por parte de dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al respecto, el especialista Martínez Cortés comentó que con las propuestas de austeridad hay recursos como los de seguro de gastos médicos mayores que ya no serían asignados, por lo cual la pérdida no sólo sería para la empresa implicada sino también para los cotizantes del gobierno, en este caso funcionarios de la alta burocracia que deberán asumir esa merma.
Además, con la reducción de viajes –especialmente al extranjero– y viáticos que pretende instaurar el próximo gobierno a partir del siguiente ejercicio fiscal, las aerolíneas también sufrirían pérdidas. Y es que desde 2002, si en algo ha gastado el gobierno mexicano es en boletos de avión, pagando más de 5 mil 400 millones, de acuerdo con ContratoBook. Es decir, 337 millones en vuelos, ejercidos al año en promedio.
Entre las aerolíneas beneficiadas aparecen Aeroméxico –otra de las empresas que se sumó a la campaña antiAMLO–; Volaris, de Emilio Diez Barroso y Pedro Aspe; Interjet, encabezada por Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente Miguel Alemán Valdes, e incluso la extinta Mexicana de Aviación.
Los gastos en vuelos y viáticos se han vuelto comunes dentro del presupuesto de egresos de las dependencias gubernamentales. Tan solo el año pasado, el Senado de la República erogó 25.6 mdp por ambos conceptos para viajes nacionales e internacionales realizados por los legisladores y funcionarios de confianza, de acuerdo con el Informe de Viajes de Trabajo Legislativo 2017.
Pegan a presidencia
Dentro del listado anunciado por López Obrador, los puntos que más impacto podrían tener son los referentes a comunicación social y publicidad oficial, los cuales tendrían efecto inmediato sobre las finanzas públicas si tomamos en cuenta las cifras que la actual administración ha utilizado. En el caso de la oficina de comunicación, el gobierno saliente ha gastado 881 mdp entre 2013 y 2017. A ese gasto habría que sumarle 404 millones etiquetados como Coordinación de Opinión Pública durante el mismo periodo.
En el caso de la publicidad oficial, Enrique Peña Nieto utilizó más de 7 mil 800 mdp únicamente en 2017. A decir del economista de la UNAM, de entre todas las reducciones que se plantean para el nuevo sexenio, esta es sin duda la más cuantiosa, tomando en cuenta sólo el gasto ejercido en Los Pinos, con relación a lo que gastaron otras administraciones presidenciales.
“El gasto asignado ha sido cuatro veces más, considerando que el gobierno federal es uno de los clientes consentidos por parte de las casas publicistas, ahora con esta reducción vamos a ver cómo va a impactar en los ingresos que tenían estos publirrelacionistas”, señala Martínez Cortés, catedrático de la UNAM.
Respecto a quienes más se verían perjudicados con el recorte del 50 por ciento en gasto de publicidad oficial, un estudio realizado por Fundar y la organización Artículo 19, con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), muestra que entre los medios de comunicación que más recursos han recibido del gobierno federal están Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión, así como Radio Fórmula, Radio Centro y MVS, entre otros medios electrónicos. También los periódicos Excélsior, La Jornada, Milenio Diario, El Universal, Diario Reforma/El Norte y El Financiero podrían sufrir mermas.
La televisión ya no vota como antes. AMLO encabeza tiempo de cobertura.
Otros recortes que también impactarán directamente en presidencia son las partidas presupuestarias para vestuario del presidente y su círculo cercano, que implicó un gasto de 126 mdp entre 2013 y 2017. Con la reducción de los secretarios particulares, también se reducirían los 895 mdp que el gobierno federal usó en la secretaría particular del presidente.
Con la prohibición de aviones y helicópteros privados, además de la hipotética venta del avión presidencial, el gobierno ya no gastaría los 4 mil 808 mdp para la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales en dicho periodo. En caso de que el Estado Mayor Presidencial se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como propone AMLO, tampoco se gastarían los 4 mil 619 mdp que esa división le costó al erario de 2013 al 2017.
Si los lineamientos de austeridad caminan, uno de los sectores no empresariales más afectados sin dudas será el de los asesores, a menudo integrado por académicos, consultores o periodistas, pues se limitarían a cinco por secretaría. En lo que refiere a Presidencia, entre 2013 y 2017 gastó más de 249 mdp en este concepto, pero no son los únicos. El Senado, por su parte, aprobó el año pasado 903 millones en honorarios para asesores, mientras que en 2015 en San Lázaro los legisladores aprovecharon 380 mdp para pagar a mil 200 asesores.
Alcanzan a legisladores
En caso de que la propuesta del diputado federal electo, Mario Delgado, camine en San Lázaro, las medidas de austeridad no sólo podrían impactar en las dependencias federales, sino también podrían aterrizar en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
El plan de austeridad de diez puntos que el morenista Delgado piensa proponer en la siguiente legislatura, es casi una calca de la estrategia propuesta por López Obrador, ya que contempla reducir salarios, suprimir seguros de gastos médicos, acotar viajes y viáticos, omitir la compra de vehículos, propone prohibir la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, además de eliminar vales de despensa y gasolina.
De acuerdo con datos de la propia Cámara de Diputados, en 2016 se erogaron más de 229 millones de pesos en vales de despensa, alimentación y gasolina para beneficio de los 500 legisladores y 5 mil empleados y colaboradores.
El economista Juan Ignacio Martínez Cortés considera que en el caso de las empresas que expiden vales físicos o tarjetas electrónicas, “habría una pérdida considerable” pues su principal cliente es el gobierno y se reduciría la flotilla de dependencias que contratan el servicio actualmente.
“Son gastos suntuarios y mucho se ha abusado de ellos, entonces sí habría una reducción considerable en el egreso tomando en consideración que el ahorro de este recurso será sólo por un año, para el presupuesto de 2020 no estaría asignado este recurso, por lo que para 2019 habrá un impacto en el ahorro con relación al 2018 (…) es un ahorro sólo de una ocasión”, comenta el especialista a VICE.
Enrique Alvarado en Twitter: @kikin_agz
Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs
Enrique Alvarado https://ift.tt/eA8V8J
No hay comentarios:
Publicar un comentario