El próximo domingo 26 de agosto culminará la época de elecciones y votaciones en Colombia con una última iniciativa: la de la Consulta Anticorrupción. La medida llega a las urnas después de haber tenido que sortear varios obstáculos: recoger más de 1.700.000 de firmas de ciudadanos para aprobar la realización de una consulta; y lograr que el Congreso apruebe su realización, una votación que no registró ni un solo voto en contra.
Sin embargo, este domingo la consulta enfrentará el obstáculo más grande y que, en últimas, definirá si todo el esfuerzo anterior habrá valido la pena: lograr que por lo menos 12 millones de personas voten. No importa si los votos son nulos, si no están marcados o si están marcados a lo maldita sea: lo que importa es que haya más de 12 millones de tarjetones en las urnas que hayan pasado por las manos de un ciudadano habilitado para votar.
Una vez estén los más de 12 millones de votos, cada pregunta de la consulta deberá tener al menos la mitad de esos votos más uno para ser aprobada. Es decir, cada pregunta debe tener un poco más de 6 millones a favor para que se apruebe.
Lograr eso —que más de 12 millones de personas salgan de la casa y vayan hasta su puesto de votación y voten por una consulta— no es tarea fácil. Basta mirar la cantidad de personas que han votado en algunas de las otras elecciones para hacerse una idea de lo que podría pasar este domingo.
En las recientes elecciones presidenciales, que registraron un número histórico de votantes, la cantidad de personas que salieron a votar fue de 19 millones.
En el plebiscito de 2016, que preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, hubo 12 millones de votos.
Y en uno de los últimos referendos realizados en el país, el propuesto por el entonces presidente Álvaro Uribe en 2003, votaron un poco más de 6 millones de personas —el número mínimo requerido entonces basado en la cantidad de personas que componen el censo electoral—.
Si fueron 12 millones de personas las que votaron en el plebiscito por la paz, uno de los procesos más polémicos y álgidos de la historia de Colombia, ¿cuántos colombianos se podría esperar que lleguen a las urnas este domingo para votar por un tema que no ha convocado de la misma manera a seguidores y opositores a las urnas y que ha recibido mucha menos atención por la ciudadanía?
Los promotores detrás de la Consulta Anticorrupción, principalmente miembros del partido Alianza Verde, encabezados por la exsenadora Claudia López y por la senadora Angélica Lozano, se han dedicado desde hace meses a convocar y hacer pedagogía sobre la iniciativa por todos los medios posibles —incluyendo el reggaetón de la corrupción—. Pero, ¿qué pasa si a pesar de todo el esfuerzo de convocatoria, la Consulta Anticorrupción no alcanza el número mínimo de votantes y no se aprueba?
Según Andrés Hernández, director ejecutivo de la organización Transparencia por Colombia, si bien la Consulta Anticorrupción es una herramienta única y a su juicio valiosa en la lucha contra la corrupción en el país, sería un error creer que de no ser aprobada es el fin de la batalla.
“La consulta anticorrupción es una oportunidad histórica para darle un mandato claro al poder legislativo (...) Pero es muy importante destacar que la lucha contra la corrupción no empieza ni termina con la consulta anticorrupción. Sin duda es un instrumento fundamental, pero los temas que están incluidos en la consulta hacen parte de una agenda muy amplia que no se agota con cada uno de los siete puntos”, aseguró Hernández.
Es decir, la consulta es solo una parte de todo lo que compone la pelea contra la corrupción.
De hecho una de las cosas que más se han discutido últimamente sobre la consulta es que varios de sus puntos son asuntos que ya son sancionados por la legislación colombiana. Por ejemplo: el hecho de que los corruptos no puedan tener medidas sustitutivas de prisión —como casa por cárcel— o que los contratos de una persona acusada de corrupción se terminen automáticamente y sin indemnización.
Ese es uno de los argumentos que han usado quienes se han opuesto a la iniciativa de la Consulta Anticorrupción —especialmente por parte de varios miembros del Centro Democrático—: ¿para qué gastar plata haciendo una consulta sobre asuntos que ya están escritos en leyes?
Sin embargo, lo que aseguran los promotores de la consulta es que son medidas que a pesar de estar estipuladas en la ley no se ejecutan en la realidad. Está la ley, está la sanción, pero sistemáticamente los corruptos han logrado hacerles el quite. Así lo asegura la senadora Angélica Lozano y el mismo Andrés Hernández, quien afirma que la consulta permitiría ajustar las leyes para que sí se apliquen. Si la consulta no pasa, dice Hernández, habría que encontrar otras maneras de ajustar y regular esas leyes.
“En caso de no aprobarse esa consulta, habría que hacer un seguimiento no solamente en el Congreso sino también en las acciones que por supuesto el presidente Duque lidere en esta materia”, afirmó Hernández.
A lo que se refiere Hernández es a los proyectos de ley que el presidente Duque ha pasado en días pasados y que le apuntan a lo mismo: combatir la corrupción. A esos proyectos de ley han hecho referencia varios políticos opositores a la consulta, como la senadora Paloma Valencia, quienes han acompañado su oposición —bajo el hashtag #SinGastar300MilMilones— con la promoción de esas propuestas de ley.
Por lo poco que se conoce hasta el momento de esos proyectos, muchos de sus puntos parecen estar muy en sintonía con lo que propone la consulta. “La diferencia estaría en la agilidad con que el Congreso le dé trámite a esas normas, pero también en la discusión que se desarrolle. Puede que el escenario de las iniciativas de ley que presentó el presidente Duque sea más restrictivo, mientras que si tenemos unos temas aprobados por la consulta podríamos tener unas lecturas mucho más amplias”, aseguró Hernández.
Es decir: de aprobarse la consulta, cada punto podría discutirse y regularse con mucha más amplitud; mientras que con los proyectos de ley ya hay unas especificidades en el papel que podrían ser más difíciles de cambiar.
El otro inconveniente con los proyectos de ley, además, estaría en el tiempo: si la consulta se aprueba, el Congreso, por ley, tiene la obligación de dar respuesta en el transcurso de un año; un proyecto de ley, en contraparte, puede tomar años antes de ser aprobado.
De cualquier manera, para Hernández el proceso para regular sobre la corrupción estaría en manos del Congreso y en ese sentido depende sobre todo de la voluntad política y del interés que le pongan los congresistas y el presidente. Y eso es igual con consulta o sin consulta.
No obstante, para Hernández, quien con su organización Transparencia por Colombia lleva años haciéndole la batalla a la corrupción en Colombia, lo más importante de todo es que haya interés ciudadano sobre el tema de la corrupción.
Si la Consulta Anticorrupción pasa el próximo domingo, eso demostraría un interés claro de los colombianos por rechazar los actos de corrupción. Pero si la consulta no pasa, no se puede perder bajo ninguna circunstancia el rechazo social que debe despertar la corrupción en el país.
“La lucha contra la corrupción no es de una persona ni de una organización ni de un congresista, es una tarea de todos. (...) En concreto, hay que seguir avanzando en pedirle al Congreso que fortalezca las medidas legislativas. Por ejemplo, dentro de las siete preguntas que hay en la consulta no se contempla el tema de contar con medida de protección a los denunciantes y víctimas de corrupción, eso es algo en lo que también hay que trabajar”, aseguró Hernández.
Andrés Hernández asegura que también hay que reconocer el hecho de que ya hay gente en el país que cada vez más compromete con la lucha anticorrupción: empresas privadas que le apuestan a negocios transparentes, organizaciones que trabajan en el tema y entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría que hacen cosas para combatir la corrupción.
Pero lo más importante, dice, es que haya un rechazo social general hacia la corrupción. “Una agenda de cambio social y transformación cultural que nos lleve en Colombia a elevar los niveles de sanción social”.
Es decir, lo más importante es que usted, como ciudadano de a pie, reconozca la corrupción, la entienda como un acto inaceptable y la rechace públicamente. Para eso, señor ciudadano, no se necesita una consulta.
El domingo 26 de agosto es la votación de la Consulta Anticorrupción. Puede ir al mismo puesto de votación en el cual votó para las presidenciales de este año.
Lorenza Betancourt https://ift.tt/eA8V8J
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