Artículo publicado por VICE México.
Aunque las primeras elecciones federales en México ocurrieron en 1824, los debates presidenciales existen hace apenas 24 años. Desde entonces, se han realizado siempre a puerta cerrada: candidatos, moderadores, camarógrafos oficiales y unos cuantos invitados especiales de los candidatos, generalmente miembros de su equipo de campaña y algunos familiares.
El que se realizó el domingo 22 de abril en el Palacio de Minería no fue la excepción. Ni siquiera los medios de comunicación tuvieron acceso: se limitaron a hacer una cobertura a través de televisores instalados al aire libre a unos 50 metros de las puertas del recinto. Algo no muy alejado a la experiencia de los ciudadanos, que pudieron seguir el debate en canales de televisión y streaming.
Las reglas son distintas en otros países, como Colombia —que este año también tiene elecciones presidenciales—, Estados Unidos y Francia, donde es frecuente que se permita la inclusión de tribunas ocupadas por ciudadanos elegidos bajo estrictos criterios. En ocasiones, incluso se les permite tener interacción directa con los candidatos.
Este domingo sucederá algo similar en México: el 12 de abril el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la presencia de público en un debate presidencial. Será únicamente en el segundo de los tres previstos, que se llevará a cabo en Tijuana el 20 de mayo. Aunque no se han dado mayores detalles del cambio, la medida ya genera expectativas.
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¿Por qué hasta ahora?
Según Francisco Montiel, analista político especializado en elecciones que trabaja en la organización México SOS, el INE tiene buenas razones para impedir la entrada de personas adicionales a debate: tanto por la seguridad de los candidatos como por la naturaleza y aforo de las sedes. Pero también “Con este hermetismo también se busca cuidar a los presidenciables de la crítica, de los abucheos”, opina.
Ya el formato del primer debate presidencial de 2018 cambió respecto de los anteriores en varios puntos, como la ausencia de edecanes —luego de que en 2012 una edecán se volviera el punto central de la atención—, la inclusión de tres moderadores en vez de dos y la libertad para que estos formulen preguntas más directas y dinámicas a los participantes.
Según Montiel, estas medidas representan un avance pero también cree que sería una gran idea permitir que tanto la ciudadanía como los medios de comunicación participen de una forma más activa. “Se me hace injusto que a los medios los acrediten sólo para ir a ver la transmisión en pantallas. […] Yo creo que incluso sería interesante proponerle al INE que, posterior a los debates, se armara una conferencia de prensa de los contendientes con los medios de comunicación, para que todos esos puntos [pendientes] pudieran externarse y no perderse en un mar de declaraciones sueltas”, considera.
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Para Carlos Bravo, especialista en procesos democráticos y coordinados de investigación en el programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el modelo de debate que tenemos actualmente, “excesivamente reglamentado y controlado”, es producto de una desconfianza histórica, pero que también responde a intereses de los propios candidatos: “No resulta muy descabellado suponer que a los candidatos les conviene que sólo unas cuantas cámaras difundan las imágenes que todos retoman en sus medios; así evitan los ángulos distintos y les restan margen para que hagan sus propias conjeturas”, dice.
En todo caso, no deberíamos comparar nuestros debates con los de otros países como solemos hacer, especialmente con los de Estados Unidos, que en las elecciones de 2016 resultaron todo un entretenimiento. Así lo explica Bravo: “Los debates no pueden ser iguales a los de Estados Unidos porque mientras allá todas las variables pueden controlarse mejor, porque cuentan con la asistencia de sólo dos candidatos. Acá esta vez tuvimos hasta cinco. Y ello lo complica todo”. Y porque todo en la burocracia es siempre complicado.
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