Artículo publicado por VICE Colombia.
El pasado jueves 9 de agosto Álvaro Andrés Torres, funcionario del Banco de la República, fue asesinado en el barrio La Paz, uno de esos lugares bogotanos a los que, desafortunadamente, toca tenerles miedo. Para hacerle el quite a los trancones de la ciclovía nocturna —a los que se les sumaron los disturbios de la Universidad Distrital—, abrió Waze, insertó su destino y siguió la ruta sugerida. Lamentablemente, la aplicación lo llevó a una calle cerrada donde terminó convirtiéndose en una presa fácil.
La historia es repudiable y hace que broten ciertas dudas sobre si estas aplicaciones —y la tecnología en general— tienen algún tipo de responsabilidad legal en casos como este o el de los carros autónomos que lleguen a atropellar a alguien o a asesinar a las personas que llevan dentro. A medida que la tecnología sea más independiente, las incógnitas jurídicas del futuro pueden volverse más difíciles de resolver.
A raíz de estos cuestionamientos que nos surgieron con el caso de Álvaro Andrés Torres, hablamos con Rafael Gamboa Bernate, abogado especializado en tecnología de la información y privacidad, y socio fundador de la firma legal Data & TIC Consultores.
VICE: Rafael, gracias por hablar con nosotros. Cuéntenos, ¿hay precedentes legales contra aplicaciones como Waze por casos similares?
Rafael Gamboa: Los procesos y acciones legales que se han hecho contra Waze y aplicaciones como estas se suelen dar por información errónea dentro de la aplicación bajo la premisa de que los mapas no eran fidedignos. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo una persona que siguió a Waze y terminó en una carrillera de tren donde hubo un accidente y le provocó un montón de perjuicios, pero son casos casi imposibles de ganar.
¿Por qué?
Acá es muy importante tener en cuenta la relación del usuario con la plataforma. Cuando yo instalo una aplicación y acepto sus términos y condiciones debo respetarlos. En el caso puntual de Waze, este hace una aclaración donde dice no responder por cualquier equivocación en el mapa. De hecho, afirma que cualquier diferencia que haya entre la realidad y el mapa, debe primar la realidad; que ellos no la sustituyen.
Cuando aceptas ese contrato para usar Waze entiendes que este mapa no es del todo acertado. Que es solo una ayuda para llegar del punto A al punto B en menos tiempo. Y que la información que ves de retenes o accidentes, son datos que ingresan los mismos usuarios. Así que si cinco personas avisan que pasó algo en tal calle, son ellos mismos los que están creando esa realidad, no la aplicación.
¿Pero si mi integridad se ve afectada o tengo un incidente legal?
Waze tiene el componente de que se remite a la legislación del Estado de Israel. Esta empresa no admite ninguna disputa legal que no se base en la jurisdicción de ese país. Claramente eso es debatible porque el incidente ocurrió en Colombia, pero empresas como estas siempre dirán que ellos solo acatan la legislación de donde está ubicado su domicilio.
Eso complica mucho las cosas para el demandante.
¿Entonces puede haber algún responsable o no?
Si uno quiere ir más allá, uno podría explorar la responsabilidad del Estado porque este debe brindar seguridad en zonas urbanas o no permitir el acceso a esos lugares peligrosos. A diferencia de cuando secuestraron a Ingrid Betancourt, donde el Estado dijo que no se responsabilizaba por lo que pudiera pasar, acá se podría analizar un grado de responsabilidad por parte de la Fuerza Pública o la Policía.
Pero responsabilidad de la aplicación como tal nada, no la veo por ningún lado: ni siquiera existen mapas de la policía que digan cuál vía es segura y cuál no. Además, Waze no se creó para proveer ese servicio así que no puede imputársele esa obligación.
¿Qué podrían hacer las aplicaciones para evitar esto en el futuro?
Es importante que sigan mejorando la veracidad del mapa. Confío en que van a llegar a ser muy acertados y fidedignos, pero esto entra en una sección diferente al tema de seguridad.
Otro punto, que es más complejo, es que en el futuro este tipo de mapas se alimenten de informes de la policía que alerte de la inseguridad para que, así como lo hacen con el tráfico, puedan decir: “ojo, esa zona es peligrosa”. El problema es que hay muchos factores en juego que hacen de la seguridad un tema muy volátil y difícil de predecir.
¿Y qué recomendaciones jurídicas daría en estos casos?
Que atacar a una aplicación como esta, que tiene unos términos claros con jurisdicción en otro país, puede representar una pérdida de tiempo y un desgaste emocional muy fuerte.
En cuanto a culpar al Estado, puede haber un grado mayor de certeza. He visto que hay gente culpando al rector de la Universidad Distrital por no haber controlado la manifestación o cosas por el estilo, pero eso no va a resultar en nada. No se puede hacer una cacería de brujas. Aquí lo único claro es que un hecho tan infortunado y lamentable como este, pudo haber sido prevenido o mitigado si hubiera habido una correcta seguridad en el lugar donde sucedió todo.
Santiago Riomalo https://ift.tt/eA8V8J
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