Detrás de cada ley hay una historia, un feminicidio, un abuso, un reclamo hacia el Estado y hacia la sociedad.
La lucha feminista avanza con fuerza en la región y transforma nuestra sociedad posicionando sus demandas dentro de la agenda pública y política. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe —que busca articular y visibilizar temas centrales para esta agenda de género en la región— hace una genealogía de las conquistas basadas en el reclamo de justicia más relevantes que han tenido lugar en países como Perú, Argentina, Guatemala, Colombia, El Salvador, Chile, Paraguay, Uruguay, México, Ecuador, Puerto Rico y Cuba.
En este especial en el que participaron periodistas de veintidós medios distintos se presentan desde transformaciones formales —leyes empujadas por diversos movimientos— hasta hechos culturales y simbólicos que han tratado de lograr justicia feminista y que sirven de antesala para inspirar a más personas a que salgan a las calles a reclamar por sus derechos.
PERÚ
Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos - N° 30314
El Congreso de la República del Perú aprobó el 4 de marzo de 2015 esta ley para prevenir y sancionar el acoso sexual callejero. También para atender a quienes sufran este delito.
Mediante esta norma se formalizó la pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años para quienes hostigan o acosan sexualmente a una persona. También para quienes ayudan al acosador a perpetrar este acto. Si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad o está embarazada, el acosador deberá cumplir una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor a ocho años.
Esta ley se concretó luego de que la actriz Magaly Solier denunciara en mayo de 2014 que había sufrido acoso sexual en el Metropolitano de Lima. A partir de este momento, el colectivo Paremos el Acoso Callejero hizo incidencia en el tema para que se sancionaran estas conductas.
Decreto Legislativo N°1428: desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición en situación de vulnerabilidad
Este decreto se creó a partir de la desaparición de la joven universitaria Solsiret Rodríguez Aybar. En el reglamento de esta norma se indicó que debía elaborarse un protocolo para atender denuncias de desaparición de mujeres con antecedentes de violencia por parte de su pareja. Debía estar listo en mayo de 2019. Las familias de las mujeres desaparecidas continúan a la espera de ello.
ARGENTINA
Ley Brisa: reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género - N° 27.452
En julio de 2018 el Congreso de la Nación aprobó la ley Brisa. Según dice, el Estado debe garantizar una cobertura integral de la salud y una reparación económica mensual para hijos o hijas que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia de género o intrafamiliar en todo el país. La suma de la reparación económica es equivalente a una jubilación mínima y está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad.
Ley Micaela: Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres. N° 27.499
Se aprobó el 18 de diciembre de 2018. Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Fue impulsada por el Movimiento Evita y por la familia de Micaela García, violada y asesinada en 2016 en la ciudad de Gualeguay.
Caso Diana Sacayán: el crimen que por primera vez fue catalogado como travesticidio.
La referente y militante por los derechos LGBT+ Diana Sacayán fue asesinada el 11 de octubre de 2015 en su departamento de Flores. Por primera vez una causa fue caratulada como travesticidio. Luego del juicio, en 2018, en una sentencia histórica Gabriel David Marino fue condenado a prisión perpetua. Los jueces consideraron a Marino como el coautor del "homicidio agravado por odio de género y violencia de género" y confirmaron que se trató de “crimen de odio a la identidad travesti”.
GUATEMALA
Caso Sepur Zarco: 15 mujeres crearon un hecho histórico a través de sus testimonios en época de guerra
El 26 de febrero de 2016 el tribunal de mayor riesgo “A” condenó al coronel Esteemer Francisco Reyes Girón a 125 años de prisión por el delito contra Derechos Humanos en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Al comisionado militar, Heriberto Asij Valdez, lo condenó a 240 años por los delitos antes mencionados y por desaparición forzada. Esto, gracias a que después de 34 años de silencio quince mujeres maya q’eqchí denunciaron los actos de violencia de género, violación y esclavitud sexual ocurridos a mujeres y niñas en los años 1982 y 1983 durante la guerra civil en Guatemala.
Caso Molina Theissen: sentencian a militares de alto rango por desaparición forzada, tortura y violación
Emma Guadalupe Molina Theissen escapó el 5 de octubre de 1981 de las instalaciones de la zona militar del departamento de Quetzaltenango. Fue torturada y violada durante nueve días. Un día después, militares irrumpieron en su casa, ubicada en Ciudad de Guatemala, y desaparecieron a su hermano menor, Marco Antonio Molina Theissen, de catorce años.
El 23 de mayo de 2018 el juez Pablo Xitumul, del Tribunal C de Mayor Riesgo, condenó de 33 a 58 años de prisión inconmutables al general Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; al general Manuel Antonio Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia militar; al coronel Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia militar; al coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante, y al general Edilberto Letona Linares, subcomandante.
Caso Hogar Seguro: justicia para Ashly Rodríguez y 55 niñas más
El 7 de marzo de 2017 adolescentes del programa de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia protestaron en contra de abusos y maltratos cometidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Tras una redada policial, Ashly Rodríguez, de catorce años, y 55 niñas más fueron encerradas como castigo en un aula que ardió en la madrugada del 8 de marzo y cobró la vida de 41 niñas. Ashly había sido institucionalizada unas semanas antes del incidente, pues la quería proteger de miembros de una pandilla que vivían cerca de su hogar y que la acosaban. Han pasado dos años desde la tragedia y el caso aún no ha sido resuelto.
Aprobación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas
El Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, una norma que creó y regula el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, el cual permite su localización y resguardo en un tiempo breve para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto de otro tipo de delitos, asesinadas o trasladadas a otras comunidades o países. Esta ley favoreció la creación de la Alerta Isabel-Claudina el 6 de agosto de 2018, que se activa en el momento en el que se registra la desaparición de una mujer.
COLOMBIA
En 2015 se reconoció el feminicidio como delito, con una pena de entre 20 y 40 años de cárcel
Rosa Elvira Cely tenía 35 años. Trabajaba como vendedora ambulante de día y validaba su bachillerato en la noche. Hace siete años un compañero de estudios la agredió brutalmente en el Parque Nacional de Bogotá. La torturó, apuñaló y abusó sexualmente. Aunque la colombiana logró recibir atención médica, falleció luego de varios días. Su asesinato movilizó a toda la sociedad y resultó en la implementación de la Ley 1761, mejor conocida como ley Rosa Elvira Cely. En 2015 se reconoció el feminicidio como un delito con una pena de entre 20 y 40 años de cárcel. De esta fecha a 2017 la Fiscalía ha investigado 276 casos de feminicidio.
En 2015 se aprobó el decreto 1227: mujeres y hombres trans pueden corregir su sexo en el registro civil y la cédula de ciudadanía en cualquier notaría del país
Desde 2015, tras la aprobación del decreto 1227, mujeres y hombres trans pueden corregir su sexo en el registro civil y la cédula de ciudadanía en cualquier notaría del país. Incluso ya no requieren de un certificado psiquiátrico de disforia de género para poder acceder al trámite. Luego de promulgada la norma, entre junio y julio, más de 600 personas corrigieron sus documentos. La mayoría de masculino a femenino. Este decreto permitiría más acceso a servicios esenciales, como la salud y educación.
El caso de Mónica Godoy le exigió al Ministerio de Educación crear lineamientos para que las instituciones universitarias atiendan los casos de acoso sexual
En 2017 Mónica Godoy era docente en la Universidad de Ibagué en Tolima. Durante un taller sobre equidad de género, cinco empleadas del cuerpo de vigilancia le confesaron que sufrían hostigamiento sexual, rozamientos y tocamientos por compañeros de trabajo. Tras estas denuncias, la profesora informó al rector. Sin embargo, días después no recibió la renovación de su contrato. Fue despedida de manera injustificada. Este caso fue notorio a nivel nacional e internacional. Luego de varias audiencias, en 2018 la Corte Constitucional falló a favor de la docente y ordenó su reintegro. Además, le exigió al Ministerio de Educación crear lineamientos para que las instituciones universitarias atiendan los casos de acoso sexual.
EL SALVADOR
El caso Beatriz durante 2013 fue el detonante en la discusión y lucha sobre la penalización absoluta del aborto
Beatriz es el nombre de una mujer que en 2013 pidió un amparo a la Corte Suprema de Justicia para que le permitiera interrumpir su embarazo. Era su segunda gestación y desde casi el inicio supo que el feto no viviría después de nacer: era anencefálico. Ella padecía, desde su adolescencia, lupus eramitoso sistémico. Ante el posible riesgo de complicaciones y de muerte, Beatriz decidió que no quería seguir con su embarazo y llevó su deseo hasta la Corte. Finalmente el amparo le fue denegado. Gracias a la intervención de su perinatólogo se le practicó una cesárea en la semana 26 de gestación. Pese al fracaso legal, este caso puso por primera vez en la palestra pública la discusión sobre las consecuencias de la penalización del aborto. Además la corte estableció la necesidad de crear legislación para poder interrumpir embarazos como forma de prevenir la muerte o daños graves a la salud de las mujeres. Beatriz murió en un accidente de tránsito en 2017.
En 2012 se aprobó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
Fruto del esfuerzo sostenido de organizaciones de mujeres, esta ley entró en vigencia en 2012. Es una herramienta legislativa enfocada específicamente en prevenir, perseguir y erradicar la violencia hacia las mujeres en los diferentes ámbitos de vida. De esta manera el Estado reconoce no solo gravedad del fenómeno, sino también la de intervención de la institucionalidad estatal. En esta ley se amplían los tipos de violencia a la que pueden estar sometidas las mujeres y se establece un sistema de recolección de datos y estadísticas sobre el fenómeno. Además, por primera vez aparece explícitamente penalizado el feminicidio en forma simple y agravada.
En 2015 se realizó la reforma al Código Penal, que agrava penas a crímenes por odio
En 2015 se hicieron reformas al Código Penal en los artículos 129 y 155, considerando como agravantes los homicidios cometidos por razón de género, identidad, expresión de género u orientación sexual, castigando con penas de hasta 50 años a quien cometa dichos crímenes. Este fue el resultado de una lucha incansable de organizaciones lesbotransfeministas en su mayoría. La reforma significó el reconocimiento por parte del Estado salvadoreño a los crímenes por odio, causados mayoritariamente a mujeres trans.
En 2016 se presentó la propuesta para despenalizar el aborto en cuatro causales
Después de casi veinte años de la penalización absoluta del aborto, organizaciones feministas presentaron al pleno legislativo una propuesta de despenalización en cuatro causales: cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro; cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero; en casos de violación contra menores de edad o estupro. Aunque no se logró aprobar las cuatro causales, se puso el tema en la opinión pública y surgió el debate que actualmente abre el camino para lograr la despenalización.
En 2019 liberaron a Evelyn Hernández, una mujer criminalizada por parto extrahospitalario y condenada a treinta años de prisión acusada de homicidio agravado
La penalización absoluta del aborto en El Salvador ha traído como resultado la criminalización de mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios, como Evelyn Hernández, que en 2016 enfrentó un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. Ella fue condenada a treinta años de prisión, acusada de homicidio agravado. Su juicio, como el de las otras mujeres condenadas por estos mismos casos, estuvo lleno de estereotipos de género y careció de toda prueba que la incriminara. Sin embargo, por falta de pruebas, se realizó un nuevo juicio en el cual la Fiscalía no pudo sostener su tesis de homicidio y Evelyn fue absuelta. Este caso marcó un hito porque fue la primera vez que una Cámara Superior de Derecho resolvió un caso de este tipo y dejó en evidencia la necesidad de reformar las leyes que condenan injustamente a las mujeres, como la prohibición absoluta del aborto.
CHILE
En septiembre de 2017 Chile logró una ley de aborto en tres causales
Por 27 años se mantuvo vigente una legislación que vulneraba gravemente la dignidad y los derechos de las mujeres en el país. La dictación de la Ley Nº 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2017), constituye un hito en la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Chile, por cuanto permite superar la criminalización total del aborto vigente por casi tres décadas e instaura un modelo de causales. El nuevo régimen brinda, al menos, una protección básica al derecho a la vida de las mujeres y a su integridad física, sexual y psíquica al permitir la interrupción del embarazo en establecimientos de salud en los casos más graves: (1) riesgo vital, (2) inviabilidad fetal y (3) violación sexual, sujeta esta causal a plazos acotados. Sin embargo, ello no constituye el reconocimiento pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, por cuanto la legalización comprende sólo tres causales. Si bien estas abordan las circunstancias más dramáticas que pueden afectar a las mujeres, excluyen la inmensa mayoría de situaciones en que se requiere interrumpir un embarazo, manteniendo a su respecto la criminalización.
El 3 de mayo de 2019 se promulgó la ley contra el acoso sexual callejero
El 3 de abril de 2019 Chile aprobó el Proyecto de Ley Respeto Callejero, presentado hace cinco años como una iniciativa ciudadana del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC). En mayo de este año se aprobó y se publicó la ley en el Diario Oficial.
Mayo feminista 2018: la rebelión contra el patriarcado. Un movimiento que convocó a una multitudinaria marcha por "una educación no sexista”
La rebelión basada en terminar con la violencia sexual al interior de las universidades y con las estructuras machistas presente en ellas comenzó como un reclamo de las estudiantes. Demanda que hizo eco en otros espacios de la sociedad, para develar que la violencia hacia la mujer es transversal. Un movimiento que tuvo como fecha ícono el 16 de mayo de 2018, cuando se convocó a una multitudinaria marcha por "una educación no sexista”.
La revuelta feminista con su masivo movimiento de estudiantes tuvo numerosas tomas de locales, escuelas y casas centrales universitarias, activas asambleas feministas —separatistas o no— con amplios petitorios y compromisos contraídos con las dirigentes del movimiento.
Los debates y las conversaciones se extendieron al conjunto de la sociedad, a las familias, a los grupos de amigas y amigos, a los partidos políticos, a las empresas, a todas las instituciones en que trabajan mujeres y hombres, todas y todos “tocados” por las olas que generó la piedra lanzada al agua.
PARAGUAY
Noviembre de 2016: se aprobó una ley para condenar los feminicidios - N° 5777
Luego de mucho debate y la oposición de grupos autodenominados “pro-vida” y “pro-familia”, ambas cámaras del Congreso de Paraguay aprobaron una histórica legislación para las mujeres: la Ley 5777 de protección integral contra toda forma de violencia a las mujeres. Así el país se convirtió en el décimo-octavo de Latinoamérica y el Caribe en tipificar como feminicidio los asesinatos a mujeres por razón de género. Producto del trabajo articulado de organizaciones, colectivos y activistas feministas, la ley caracteriza 15 tipos de violencia de género, como la violencia sexual, patrimonial, obstétrica y telemática. También esboza mecanismos de protección a sobrevivientes como asistencia legal y refugio.
Un antes y un después: el paro del 8 de marzo de 2017 por el Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo de 2017 marcó un hito en el movimiento feminista en Paraguay. Alrededor de diez mil mujeres tomaron las calles del centro histórico de Asunción y otras ciudades bajo la consigna “Roikovese ha roikoveta” en guaraní, que en español significa “Vivas nos queremos”. La marcha que se realizó en el marco del paro internacional significó un gran avance por la convocatoria lograda, la masificación de las consignas y demandas feministas y el proceso de construcción asamblearia de este evento. Más de 50 organizaciones y colectivos colaboraron para su organización, y así se llenaron las calles de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas con pancartas y carteles que exigían igualdad salarial, no más violaciones y un alto a los feminicidios.
En octubre de 2019 el asesinato a Romina Vargas, una mujer trans, reconocido como un crimen de odio, fue el primero en llegar a juicio en el país y recibir una condena
El 16 de octubre de 2017 Romina Vargas iba a comprar su almuerzo en la ciudad de San Lorenzo. Ni siquiera pudo llegar a la despensa porque en el camino Blas Enrique Amarilla la apuñaló hasta matarla. Antes, el hombre ya había agredido a otras mujeres trans. Dos años después, la justicia paraguaya lo condenó a 25 años de cárcel, reconociendo que el crimen fue motivado por el odio manifiesto a las personas trans. El caso fue el primero de un asesinato a una mujer trans en llegar a juicio en el país y recibir una condena.
URUGUAY
Durante 2016 se buscó la incorporación de la figura de feminicidio para visibilizar los crímenes de odio hacia las mujeres
Tras años de señalar a nivel nacional e internacional la necesidad de que existiera la figura de femicidio para visibilizar los crímenes de odio hacia las mujeres, y luego de dos años de alertas feministas (movilizaciones callejeras para denunciar un nuevo femicidio en el país), el Poder Ejecutivo promovió la incorporación de esta figura como un numeral en el Código Penal. La decisión dejó un sinsabor en las agrupaciones feministas, ya que estas no buscaban un simple agravamiento de penas ni que fuera un artículo nomás sino parte de una reforma necesaria e integral (aún en deuda) del Código Penal. En Uruguay matan a unas treinta mujeres por año, uno de los índices más altos en la región, en relación con el total de población.
Durante 2017 se aprobó la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Profundiza y específica 18 tipos de violencia machista, incluyendo violencia obstétrica, simbólica y mediática
Prevé creación de juzgados específicos y otras medidas, pero todavía no tiene asignado el presupuesto suficiente ni ha sido reglamentada en su totalidad.
Desde 2018 las personas trans cuentan con una ley integral que aprueba la designación de reparaciones simbólicas y económicas para aquellas que sufrieron violencia institucional durante el terrorismo de Estado
Esta ley también simplifica el trámite para el cambio de sexo registral, establece el cupo laboral trans, garantiza el acceso a la salud y a tratamientos hormonales, promueve acciones para diseñar políticas públicas de inclusión social y educativa para disminuir la discriminación. Fue respaldada por la sociedad en un pre-referéndum promovido por sectores políticos neopentecostales, desarrollado en 2019.
MÉXICO
En noviembre 2019 la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, decretó Alerta por Violencia contra las Mujeres
A raíz de las marchas feministas contra las violencias machistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, decretó Alerta por Violencia contra las Mujeres. Acompañan a la alerta medidas como la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, la ratificación de la urgencia de una ley que sancione el acoso y la violencia digital, el aumento del presupuesto para los Centros de Atención en 2020 y la construcción de mayores senderos seguros para la circulación de mujeres.
CUBA
En 2019 cuarenta ciudadanas cubanas presentaron una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba
La solicitud fue presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y sumó alrededor de 200 firmas en Internet en apenas un día. La actual solicitud se enmarca en un año con fuertes sucesos políticos-institucionales en el país caribeño. Entre estos cambios está la aprobación de la nueva Constitución que “estableció la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello”, señalan las firmantes. En 2019 también fueron publicados los resultados de la ENIG-2016, que “verificó que la violencia de género al interior de las parejas es un problema relevante a escala nacional”.
ECUADOR
Aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) se aprobó el 25 de noviembre de 2017, después de años de lucha de las organizaciones feministas que exigían una legislación que además previniera la violencia de género.
Seis de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas en Ecuador, según la Primera Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres realizada en 2011. Con estas cifras se construyeron una serie de políticas públicas y programas de concienciación sobre la violencia de género. La LOIPEVM tuvo una fuerte campaña en contra por parte de grupos conservadores, sobre todo cuando se emitió el reglamento que disponía la tranversalización del enfoque de género en el currículo escolar. Finalmente el reglamento fue cambiado por el presidente para que se incluya la igualdad entre hombre y mujeres bajo el principio de No Discriminación.
Actualmente, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos interpelan al Estado para que la aplicación de la ley disponga de un presupuesto y se realicen las políticas necesarias.
Sentencia del caso Vanessa Landínez Ortega
Vanessa Landínez Ortega tenía 37 años y una hija de año y medio cuando fue asesinada el 19 de octubre de 2013, apenas dos días después de que la Asamblea Nacional aprobara el Código Orgánico Integral Penal, que incluía el tipo penal de femicidio. La reforma recién entró en vigencia en agosto de 2014, por lo que la muerte de Vanessa no fue juzgada como femicidio, pero su caso fue uno de los que despertó la lucha contra la violencia feminicida en Ecuador.
La plataforma “Justicia para Vanessa” y después la plataforma “Vivas Nos Queremos Ecuador” motivó la formación de espacios de acompañamiento político, psicosocial y legal a familiares de víctimas de femicidio y a sobrevivientes de la violencia de género. Rosita y su familia encontraron justicia después de cinco años, cuando el asesino de Vanessa fue sentenciado.
Sentencia del caso Juliana Campoverde y ley de desaparecidos y desaparecidas
Juliana Campoverde tenía 20 años cuando desapareció el 12 de julio de 2012. Su madre, Elizabeth Rodríguez, se despidió de ella a dos cuadras del negocio que tenía en el sur de Quito y dos horas después supo que estaba desaparecida: no atendía al teléfono y jamás llegó al local.
Desde los primeros días que reportaron la desaparición de Juliana, su familia sospechó del pastor evangélico Jonathan Carrillo y su familia, quienes dirigían la Iglesia Evangélica Oasis de Esperanza, a la cual asistían Juliana y su familia hasta pocos meses antes de su desaparición.
La primera fiscal designada al caso le dijo a la madre de Juliana que la joven regresaría en nueve meses con un bebé en brazos; además, se negó a realizar varias pericias indispensables para el caso porque creía que Jonathan Carrillo era inocente por ser evangélico, la misma religión que profesaba la fiscal. Pasaron seis años y diez fiscales más hasta que la persona señalada como principal sospechosa fue detenida e investigada.
Jonathan Carrillo confesó haber estado con Juliana el día de su desaparición, que ella murió en su compañía y que él se deshizo del cadáver en una quebrada ubicada al norte de la ciudad de Quito. Siete años después de la desaparición de Juliana Campoverde, el 17 de julio de 2019, Jonathan Carrillo fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.
PUERTO RICO
En 2015: primera adopción de pareja homosexual
En 2015 Ángeles Acosta se convirtió legalmente en la segunda madre de Juliana, tras el reconocimiento al derecho a la adopción en el matrimonio del mismo sexo. Con esta decisión, el Tribunal Supremo ordenó al Registro Demográfico inscribir a la adolescente de 15 años con los apellidos de ambas madres. La pareja había comenzado el trámite de adopción en el 2005, pero había sido rechazado porque aún estaba prohibido el matrimonio igualitario en la isla.
En 2017: renuncia Héctor O’Neill, alcalde acosador
En 2016 la policía Yenetamie Díaz radicó una querella contra el alcalde del municipio de Guaynabo, Héctor O’Neill. Se lo acusaba de violación, agresión, acoso sexual, restricción de la libertad y exposiciones deshonestas. Aunque el alcalde se resistió, renunció a su cargo en 2017. El informe del Departamento de Justicia presentó declaraciones juradas de dos presuntas víctimas y se le imputaron cerca de 20 posibles violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley de Violencia Doméstica. Su caso continúa abierto.
En 2018: caso de Alma Yarida
Alma Yarida Cruz, estudiante de educación especial, sufría acoso escolar. A sus 11 años le decían “negra sucia, “negra dientúa”, “negra asquerosa” y “mona”. Un día intentó detener las burlas, habló con lenguaje rudo, empujó a una de sus compañeras y amenazó a otra de ellas con tirarla por las escaleras. Por estas acciones la arrestaron en 2017, bajo la carátula de agresión simple, amenaza y alteración a la paz. De inmediato, surgieron protestas en apoyo y contra el racismo. En 2018 el Departamento de Justicia tuvo que desistir del caso.
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Los medios que colaboraron en esta campaña de #JusticiaFeminista producida por la Red de Periodistas feminista de América Latina y El Caribe son: Agencia Ocote, Alharaca, Anfibia, Cosecha Roja, Contra corriente, El Desconcierto, Pacifista, El Surtidor, LATFEM, Marcha, Mujeres en el Medio, Muy Waso, NODAL, Onda local, Red Colombiana de Periodistas con visión de género, Prensa Comunitaria Guatemala, Prensa Libre, Revista Alma Mater, Revista la Brújula, Pro Davinci, Todas, Wambra Medio Digital Comunitario y VICE en Español.
Paloma Navarro Nicoletti https://ift.tt/2XJXukS
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