El Ejido 7 del municipio mexicano de Gómez Palacio, en el estado norteño de Durango, busca anular la instalación de una planta de cianuro de sodio —una peligrosa sustancia que se usa en la extracción de oro y plata— en su territorio, por el inminente riesgo ambiental y de salud que representa para la zona y sus habitantes.
El proyecto industrial le pertenece a la empresa estadounidense The Chemours Company, que ya había pretendido instalarse en estado de Guanajuato en 2016, pero sus habitantes no lo permitieron y se retiró.
Ahora planea producir alrededor de 65.000 toneladas de cianuro anualmente, en una superficie de 11.7 hectáreas de la localidad duranguense, de acuerdo con cifras dadas a conocer por organismos opositores a su construcción y medios de comunicación locales.
La lucha contra la planta viene de diversos frentes
La oposición a esta planta química emerge de distintos flancos. Uno de ellos está articulado por vecinos sin adscripción a organizaciones civiles; el otro está compuesto principalmente por miembros del Frente Unido de Pueblos de la Laguna, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), la asociación Pro Defensa del Ciudadano A.C. y propietarios agrícolas.
Todos dicen sentir temor por las repercusiones que podría traerles el funcionamiento de la compañía. Y está comprobado que hay varias razones para preocuparse; de entrada: que el cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo.
De acuerdo con el Departamento de Salud del Departamento de New Jersey (EE.UU.), los principales riesgos de la exposición humana a esta sustancia se producen porque es fácilmente inhalable y porque también se absorbe a través de la piel. El simple contacto con cianuro puede irritar piel y ojos, pero la alta exposición puede causar daños al sistema nervioso, mareos, taquicardias, pérdida del conocimiento y hasta la muerte.
Aunado a eso, la misma Rema giró un comunicado en el que señala que en la misma proporción les preocupa el daño a los ecosistemas circundantes y los remanentes químicos que pudieran llegar a cerca de 20 poblaciones que están cercanas a las instalaciones de la planta.
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La situación es tan grave y las demandas han escalado a tal nivel, que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció el peligro que representa. En el número de su Gaceta Ecológica correspondiente a marzo del año pasado, dejó asentado que:
“El impacto ambiental identificado de mayor significancia proviene del riesgo ambiental potencial intrínseco a las actividades de producción de cianuro de sodio durante la operación de la planta, asociado al uso y manejo de gas natural y amoniaco como materia prima, cuya presencia clasifica a Chemours como de una actividad altamente riesgosa”.
Palos, gritos y disparos
Eran las 10 de la mañana del pasado viernes 9 de marzo, cuando una carretera de acceso al Ejido 7 se convirtió en un campo de batalla regado con cientos de piedras. Una manifestación de cerca de 1.000 inconformes por la planta de cianuro había bloqueado la vialidad desde tres horas antes, y un nutrido cuerpo de seguridad —formado no sólo por elementos de la Policía Municipal, sino también de la Preventiva, la Investigadora de Delitos, la Estatal y hasta Bomberos—llegó a su encuentro.
Aunque la protesta inicial se había planeado de naturaleza pacífica, a partir de la llegada de los agentes —a quienes según los manifestantes envió directamente la presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale— el ambiente se tensó.
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Los ánimos no tardaron en explotar. Hubo palos, gritos, disparos y gas lacrimógeno durante varias horas. Así que para cuando llegó la tarde el saldo hablaba por sí mismo: 21 heridos, cerca de 50 detenidos y un hombre con el pie atravesado por una bala, según dejaron asentado medios de comunicación estatales y nacionales.
Tras los hechos, la respuesta del gobernador de Durango ha desconcertado a la opinión pública, en especial a la que está directamente relacionada con el problema. La prensa reporta que Rosas Aispuro ha subestimado públicamente el riesgo de la puesta en marcha del proyecto de Chemours, y que en Gómez Palacio se le da largas a la liberación de las personas que siguen presas luego del enfrentamiento.
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No obstante, los estragos de la refriega de marzo sirvieron para hacer presión y el pasado 4 de abril, los titulares de varios periódicos sorprendieron a la población con la noticia de que el Juez Tercero de Distrito en La Laguna ordenó la suspensión definitiva de la construcción de la planta. Esto, como concesión a la asociación Pro Defensa del Ciudadano, quien había interpuesto legalmente la demanda en contra de la iniciativa de la trasnacional.
Aunque la noticia les ha dado cierto respiro a los habitantes del Ejido 7, y de los asentamientos aledaños, no los deja del todo tranquilos. Lo que más temen es que en cualquier momento el gobernador eche para atrás la resolución del juez y la construcción del complejo siga su curso.
Mientras tanto, en conjunto con las organizaciones civiles que los respaldan y acompañan en la causa, dicen que no apagarán los reflectores que han dirigido su luz hacia el tema. Su consigna es clara y se refleja a la perfección en uno de los más recientes comunicados oficiales del Frente Unido de Pueblos de la Laguna: “Vida sí, Cianuro no."
VICE News trató de contactar en numerosas ocasiones a la filial de The Chemours Company, con sede en la Ciudad de México, para conocer su postura sobre los hechos, pero ninguno de los intentos tuvo éxito.
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