El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pasó ya dos noches en prisión por una condena de corrupción, mientras sus aliados esperan que una serie de protestas y decisiones judiciales puedan llevar a su liberación.
El encarcelamiento de Lula, el primer presidente de clase trabajadora de Brasil, deja con una definición muy abierta las elecciones de octubre próximo, ya que él lidera los sondeos de opinión. Su condena probablemente le impida participar.
Esta semana la Corte Suprema podría reconsiderar su propio fallo de 2016 según el cual el condenado podría comenzar a servir una sentencia de prisión si su condena era ratificada en una primera apelación, la decisión que posibilitó que un juez brasileño ordenara el encarcelamiento de Lula.
Si se revirtiera esa decisión, Lula sería liberado.
Varios jueces del principal tribunal han clamado públicamente en semanas recientes que se revise ese fallo y se revierta, una medida que los críticos dicen sería un golpe enorme contra los esfuerzos anticorrupción sin precedentes de Brasil durante los últimos años.
El proceso de apelaciones puede llevar años o incluso décadas en el complejo sistema legal brasileño, esencialmente garantizando impunidad para quienes son lo suficientemente ricos como para pagar abogados que pueden lanzar innumerables apelaciones técnicas.
Lula, que aún enfrenta seis juicios más por cargos de corrupción, se entregó a la policía este sábado 7 de abril por la noche, después de horas de resistencia.
Joven, negro, pobre: ellos son las víctimas de homicidio en Fortaleza.
Los brasileños miraron imágenes televisadas en todo el país de una caravana de vehículos todoterreno de la policía que llevaban a Lula a un helicóptero y luego a un avión en el aeropuerto de Sao Paulo, desde donde fue trasladado a la ciudad sureña de Curitiba para que comenzara a cumplir su sentencia.
Pasó la segunda noche de los 12 años de condena en una celda especial de 15 metros cuadrados en el cuartel de la policía federal en Curitiba, donde han servido sus sentencias los políticos y empresarios de alto perfil de la investigación de corrupción “Lava Jato”.
Lula no tendrá permitido interactuar con otros reclusos en el edificio, incluyendo su exministro de Hacienda Antonio Palocci.
“Su espíritu es lo suficientemente fuerte para aguantar y él está seguro de que el pueblo brasileño continuará movilizándose por su libertad”, dijo Paulo Teixeira, un legislador del Partido de los Trabajadores que representa a Sao Paulo.
Sostuvo que el rechazo de la Corte Suprema a la petición de Lula para seguir libre hasta agotar sus apelaciones era “vergonzoso” y que él creía que crecerían las protestas en respaldo del líder.
Pero hasta el domingo por la tarde no hubo manifestaciones populares masivas en Brasil, solo algunas protestas esporádicas y aisladas de partidarios acérrimos.
Un puñado de personas sufrieron lesiones menores en una protesta en las afueras del edificio de la policía federal cuando llegó.
Los brasileños, acepten o no que Lula debe ser encarcelado, en general creen que los que están en el poder son corruptos. Un sondeo del mes pasado de la firma de sondeos Datafolha halló que más del 80 por ciento de los consultados dijeron que pensaban que Lula sabía sobre la corrupción en su gobierno, aunque sólo algo más del 50 por ciento dijo querer verlo en prisión.
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