Investigación por Carmen García Bermejo y Quinto Elemento Lab.
Especial para VICE en Español.
La cultura se asfixia. El periodo 2012-2018 ha sido un oscuro callejón financiero para instituciones y programas oficiales e independientes: la Secretaría de Cultura perdió 58% de su presupuesto; al Centro de Capacitación Cinematográfica, la destacada escuela de cine, le cortaron 61% de los fondos. El financiamiento a festivales se redujo 53%; a la red de Librerías Educal tampoco le fue bien: su presupuesto se achicó 53%.
Pero le fue peor al Sistema Nacional de Fomento Musical, del cual dependen buena parte de las orquestas sinfónicas del país: su presupuesto se contrajo 72%. Por eso no extraña que a la Orquesta Sinfónica de Chiapas, por ejemplo, le hayan asignado un presupuesto de cero pesos en 2017, y que hayan desaparecidos festivales y compañías de música, cine, teatro y danza por todo México.
Mientras, las orquestas infantiles de TV Azteca florecen. Los legisladores, el gobierno federal y 29 gobernadores les han entregado recursos públicos por $1,689 millones.
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El lunes 5 de junio de 2017 el país amaneció con dos noticias: Alfredo del Mazo ganó las elecciones para gobernador en el Estado de México y, por eso mismo, las acciones de la constructora OHL se dispararon 6 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores.
Ese misma día, el cineasta Carlos Carrera confirmaba otra noticia, aunque de naturaleza muy satisfactoria: después de 10 años de producción, al fin llegaba la fecha en que Ana y Bruno, su primer largometraje de animación, se estrenaría: el 12 de junio, en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia.
Así que ese 5 de junio de 2017 el tiempo del cineasta se consumía entre arreglos para el estreno. Sin embargo, rescató algunos momentos para atender lo que ocurría con el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en donde es profesor.
Y estampó su firma en los primeros lugares de una carta abierta en la que se exigía al presidente Enrique Peña Nieto y a los diputados detener los recortes que “asfixian” al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de las 15 escuelas de cine más reconocidas del mundo.
Los autores del reclamo argumentaban con cifras: el CCC “se encuentra en una profunda crisis tras sufrir varios recortes que representan la pérdida del 57% del presupuesto respecto a 2012”.
Los números no pintaban bien y se resentían en el ámbito académico. “El recorte amenaza con detener proyectos como tesis y documentales. Hemos perdido maestros y corremos el riesgo de perder más”.
Lamentaban que el gobierno federal no entendiera que el CCC es una escuela pública “con vocación social”. “Su modelo de éxito se basa, entre otras cosas, en la práctica continua que genera cada año decenas de películas que salen a competir al mundo y que las más de las veces regresan triunfantes”.
E insistían: cuando se “recorta dinero a la cultura y la educación también se apaga los sueños de muchos jóvenes mexicanos. Por eso expresamos a las autoridades nuestro desacuerdo y nuestro enojo. Entiéndanlo: la cultura no es un lujo ni un privilegio”.
La carta no estaba avalada por desconocidos. Firmaban miembros relevantes de la comunidad cinematográfica: Carlos Carrera, Busi Cortés, Felipe Cazals, Natalia Beristain, Everardo González, Dana Rotberg, Francisco Vargas, Tatiana Huezo, Damián Alcazar, Vanessa Bauche y Juan Arturo Brennan, entre muchos otros.
Ni a los diputados ni a los altos funcionarios del Conaculta les importó esa carta firmada por cerca de 100 cineastas, que en conjunto han ganado más de 720 premios y menciones en festivales internacionales y nacionales, entre ellos dos premios Oscar estudiantiles y una Palma de Oro.
O sí les importó, pero no hicieron mucho.
Han pasado bastantes meses. Bruno y Ana tuvo una buena acogida en el festival, recortaron de nuevo el presupuesto para el CCC en 2018 (sólo equivale a 38 por ciento del que recibieron al inicio del sexenio) y Carlos Carrera no atina a entender qué tienen en la cabeza los diputados y los políticos:
“Quienes diseñan los presupuestos consideran que esta escuela de cine es un lujito, ahí extraño. Desconocen que aquí no sólo se han formado directores y cinefotógrafos destacados. También egresan diseñadores, editores, asistentes de dirección, en fin, todos los oficios de la cinematografía, con un alto nivel de capacitación”.
Por lo regular, una intensa luz blanca o una tremenda sombra gris logra transformar la existencia de los personajes de las películas dirigidas por Carlos Carrera. Eso mismo le gustaría que le ocurriera al CCC, escuela atrapada en una especie de espesa niebla que le impide brillar.
Acostumbrado a explicar con soltura su forma de realizar una película, cuando entra a otros terrenos aflora la personalidad introvertida del director. Por un momento se queda pensativo, aunque sabe que no puede quedarse callado.
“El escenario es grave”, insiste. “El CCC padece un recorte de más de 60 por ciento en su presupuesto y persiste la negativa a cualquier reconsideración”.
Carlos Carrera es uno de los directores mexicanos más célebres. Guionista, diseñador y especialista en cine de animación, ha dirigido 30 cortometrajes, con uno de los cuales ( El héroe) ganó en 1994 la Palma de Oro del Festival Internacional de Cannes. También ha realizado siete películas, entre ellas El crimen del padre Amaro, La mujer de Benjamín, Un embrujo, La vida conyugal y Sin remitente.
Desde 1990, recapitula el cineasta, el CCC realizaba el Festival Internacional de Escuelas de Cine; también organizaba, cada dos años, el Encuentro Internacional de Cine Documental. “Ambos no existen más. Son los logros de los recortes al presupuesto. Anularon esas actividades pese a su importancia”.
Detrás de los lentes ovalados de pasta negra que usa Carlos Carrera aparece un hombre delgado con 55 años a cuesta. Su voz es segura y sus ademanes colocan énfasis a sus expresiones. “Tenemos equipos de grabación y producción muy delicados, sofisticados. Les hace falta mantenimiento, aunque funcionan. No se han comprado nuevas cámaras o equipo con alta tecnología. Se trabaja con lo que hay. Sin embargo, el equipo debe contar con un seguro anual. Bueno, hasta eso peligra porque no hay recursos”.
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Los diputados federales y la Secretaría de Hacienda tienen identificada, entre otras, un área a la que recurren cuando se trata de hacer recortes al presupuesto público: la cultura. El Presupuesto de Egresos de la Federación no deja lugar a interpretaciones. Estas son algunas de las cifras:
- La hoy Secretaría de Cultura ha visto cómo se achican los recursos que se le asignan para cumplir con sus funciones: ha perdido 58 por ciento de su presupuesto entre 2012 y 2018.
- Una suerte un poco peor le ha tocado al Sistema Nacional de Fomento Musical, del cual dependen una buena proporción de las orquestas sinfónicas que existen en México: su presupuesto se redujo 72 por ciento en el mismo periodo .
- El caso del Centro de Capacitación Cinematográfica, la destacada escuela de cine, es un ejemplo también de las prioridades: le cortaron 61 por ciento de los fondos que recibía.
- El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas también sufrió los recortes: le cortaron 21 por ciento de los recursos para atender las necesidades de los 7.5 millones de mexicanos que hablan lenguas originarias
- A la red de Librerías Educal, quizá la cadena más grande de México, tampoco le fue bien: los recortes hicieron que su presupuesto se redujera 53.5 por ciento en el mismo lapso .
- El financiamiento a festivales artísticos y culturales en todo el país ha quedado también dañado: el financiamiento de la Secretaría de Cultura se ha reducido 53 por ciento en este sexenio.
- La Cineteca Nacional, encargada de preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial y promover la cultura cinematográfica, ha visto mermado su presupuesto en 24 por ciento en los últimos seis años.
En contraste, los legisladores, la Secretaría de Hacienda y los gobernadores han robustecido el programa de las orquestas infantiles de la Fundación Azteca, al que han entregado al menos mil 689 millones de pesos.
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Juan Trigos, uno de los directores de orquesta más reconocidos del país, aceptó en octubre de 2014 la oferta: recuperar la Sinfónica de Oaxaca, cuyo número de integrantes era tan bajo (28 músicos) que ni siquiera merecía ese nombre. “Ni siquiera era una camerata”, se quejó.
Con los 13 millones de pesos anuales que le asignó la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca se propuso entonces el reto de revitalizarla y potenciar su nivel artístico. Para empezar, incrementó el número de integrantes a 64 intérpretes.
Compositor destacado, Trigos, que ha dirigido en Italia, Estados Unidos, Croacia, Canadá, India, por ejemplo, sintetiza su trabajo: “Logramos tocar repertorios muy difíciles y de todas las épocas, incluyendo 30 por ciento de compositores mexicanos. Diseñamos programas artísticos con invitados destacados, temporadas fijas y difusión adecuada”.
Unos meses después de tomar el cargo, empezó la temporada de conciertos, pero con una modalidad: todos los viernes había conciertos gratuitos en el Teatro Macedonio Alcalá.
El proyecto no duró demasiado. Alejandro Murat tomó posesión como gobernador electo el 1 de diciembre de 2016. “Con el cambio de gobernador, no renuevan contratos a nadie. Tampoco a los 36 músicos que fortalecieron la sinfónica. Simplemente fue ‘adiós’ y a la calle”, recuerda el director desde Houston, Texas, donde se ha expatriado.
Ante los cuestionamientos por la desintegración de la orquesta, la nueva titular en aquel entonces de la Secretaría de Cultura de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, dio una conferencia el 10 de enero de 2017, donde leyó un comunicado para explicar las razones de la determinación.
“Los recortes federales y los etiquetados de la Cámara de Diputados nos exigen hacer ajustes importantes en la operación de la Orquesta Sinfónica, toda vez que el dinero federal que en 2015 y 2016 se etiquetaron, ahora son simplemente inexistentes. Esto corresponde a los recortes hechos por la Federación en materia cultural en todo el país”.
Cinco líneas para anunciar la suspensión abrupta del proyecto de la Sinfónica. “Me afectó emocionalmente lo de Oaxaca. Pero lo más grave es ver un proyecto cultural destrozado. No era necesario despedazar la orquestan y lo hicieron. Estamos frente a una regresión”, insiste Trigos.
El recorte de presupuesto provocó entonces que la Sinfónica de Oaxaca regresara a su pasado, con sus 28 músicos de siempre.
Uno de los músicos despedidos por la reducción de presupuesto fue Jorge Arango, un trompetista de 32 años de edad. Cuando fue cesado, decidió ocultar su instrumento en la parte menos visible de su ropero. “No sé si a otros les pasa lo mismo, cuenta, pero yo caí en una depresión musical. Me llevé una gran decepción. En Oaxaca se da el cambio de gobernador y la nueva administración, sin más, dice: ‘No hay dinero’. Nunca nos escucharon tocar. Sólo decidieron destruir la orquesta”.
Durante tres meses no se acercó a su trompeta. Se había quedado sin orquesta y sin sueldo. “Durante año y medio laboramos en esta orquesta, que el director Juan Trigos revitalizó. Pero los funcionarios estatales de cultura dijeron que la Federación les recortó el presupuesto y la desintegraron”.
Al igual que Jorge, ejecutantes de violín, chelo, corno francés, viola, trompeta, flauta, clarinete, fagot, tuba, percusiones, resienten las consecuencias. Muchos regresan a vivir con sus padres y otros trabajan como maestros o tocando en fiestas, misas y espectáculos. Todos formados profesionalmente en conservatorios.
Lo que sigue no es tan agradable para Arango: suple durante un corto tiempo al trompetista de la obra musical Billy Eliot. Luego, acepta un trabajo fijo: “Me integro al grupo Show Times que anima bodas, bautizos, 15 años, graduaciones y cualquier tipo de eventos en un salón de fiestas”, en la ciudad de México.
Aunque se ocupa los fines de semana, el desgaste se va acumulando. Algunas fiestas se alargan hasta las tres de la mañana y hay que pagar cenas y taxis para regresar a casa. Jorge está exhausto y un poco desanimado. Sigue buscando un empleo que se acerque un poco más a lo que espera.
En Oaxaca, mientras tanto, ya operan cuatro orquestas Esperanza Azteca, a las cuales la Cámara de Diputados les ha entregado recursos públicos por 31 millones de pesos.
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En las calles de Acapulco huele a miedo. En las colonias Renacimiento y Emiliano Zapata las familias viven en un círculo de marginación, violencia e inseguridad, un ambiente opuesto al que se respira en la franja turística de la bahía.
Es 2012 y el gobierno de Guerrero pretende contrarrestar el alud de miedo que cubre a los habitantes de esta zona marginada, así que rehabilita el Polideportivo del Centro de Integración de Convivencia Infantil (CICI) Renacimiento, que durante 20 años había sido abandonado, convirtiéndose en un cubo de vendedores de droga.
En convenio con el Sistema Nacional de Fomento Musical de Conaculta y la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal emite la convocatoria para formar la Orquesta y Coro Infantil y Juvenil Renacimiento. Se trata de combatir la inseguridad y la zozobra con proyectos culturales.
Designan como director de la orquesta al compositor y violinista Amílcar Montero Ávila. Se apuesta a la destreza musical como una estrategia de mejoramiento gradual del entorno en el que crecen cientos de niños en estas zonas apabulladas por la delincuencia.
“La Orquesta y Coro Renacimiento se forman en julio de 2012. Impulsamos la creación de habilidades musicales y recuperación de la autoestima, a través del arte y cohesión social”, recuerda Montero Ávila.
La inversión conjunta no es muy alta. Suma apenas 2 millones 400 mil pesos para el pago de nómina de 15 maestros, la compra de uniformes y de algunos instrumentos. Pero con eso basta para el director de la orquesta.
Así, los primeros días de junio de 2012, el maestro Amílcar llega a mediodía al Polideportivo, coloca una mesa y dos sillas de madera –una frente a otra– en la entrada de la sede. Se sienta, saca un cuaderno rayado de su mochila y lo pone sobre la mesa. Lápiz en mano, mira a su alrededor y le da tiempo a la suerte.
Algunas madres llegan entonces con sus pequeños hijos de la mano, los jovencitos de secundaria acuden solos. Preguntan por el maestro. Se anotan en un cuaderno para ir formando la plataforma de alumnos.
El maestro no sabe si regresarán al día siguiente. Pero la aceptación es tal que se inscriben 320 niños y adolescentes. Como sólo tiene 120 instrumentos, con el resto forma un coro monumental.
El programa es un éxito. Jóvenes que empezaban a delinquir se quedan en el límite. El músico tiene presente el caso de “un joven de 16 años que ya robaba en casas-habitación; al toparse con la orquesta en el Polideportivo, dejó esa práctica. Ahora, toca el violonchelo y trabaja en una tienda de autoservicio”.
El gobierno guerrerense decide entonces crear el Sistema Estatal de Orquestas Infantiles y Juveniles Renacimiento en cinco municipios con alta incidencia delictiva. Se montan varios ensambles en Acapulco, así como en la comunidad amuzga de Huixtepec, en Zihuatanejo; en Iguala, Chilpancingo y Taxco.
El programa crece, pero también la inestabilidad política y social en Guerrero, agravada por los desastres naturales. En agosto y septiembre de 2013 los huracanes Manuel e Ingrid golpean con fuerza a Guerrero. El Polideportivo se convierte en albergue y cientos de damnificados lo colman. Entonces, la Orquesta Renacimiento se traslada a la Universidad Pedagógica Nacional, en las afueras de Acapulco.
Aunque la contingencia pasa, los músicos nunca recuperan su sede. Los trasladan a la Fábrica de Artes y Oficios de la colonia Emiliano Zapata, cerca del Polideportivo.
La situación se complica más. A finales de octubre de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero deja el cargo ante el clamor social por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esa inestabilidad también cimbra a las 11 orquestas y coros del sistema estatal.
En 2016 la entrega del presupuesto comienza a fallar. El Sistema Estatal de Orquestas funciona hasta ese momento con 12 millones de pesos, de los cuales 3.5 millones los otorga Conaculta, 3.5 millones el gobierno de Guerrero y 4.8 millones de pesos la Secretaría de Gobernación.
Inexplicablemente, la Secretaría de Gobernación cancela el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia y le asigna a ese mecanismo un presupuesto total de cero pesos para 2017. Abandona a los municipios a su suerte.
Es noviembre de 2016 y la Secretaría de Cultura federal le avisa al gobierno de Guerrero que ya no destinará dinero para el Sistema Estatal de Coros y Orquestas. Aquél asume entonces la responsabilidad de asignar 11 millones de pesos a sus orquestas, pero los recursos nunca llegan: el Congreso local únicamente autoriza 3.1 millones de pesos. No alcanza por más esfuerzos heroicos que se hagan.
Para entonces, los recursos públicos federales dedicados al Sistema de Fomento Musical, que lleva la rectoría artística-metodológica y otorga apoyo financiero a las agrupaciones musicales comunitarias, se han erosionado seriamente: en 2012 eran superiores a 256 millones de pesos y en 2016 ya sólo suman 66 millones. Contra un recorte de alrededor de 75 por ciento poco se puede hacer.
Llegaba a la agonía un programa público en que la apuesta contra la inseguridad funcionaba con una premisa: música, no balas.
Ese mismo año, 2016, las Orquestas Azteca recibieron 260 millones de pesos en recursos públicos federales.
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El impacto y los daños causados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 obligaron a los diputados a hacer un drástico ajuste a los recursos que se entregan a los proyectos artísticos y culturales impulsados por asociaciones civiles. Cancelaron la convocatoria anual y asignaron únicamente 350 millones de pesos para 14 proyectos culturales “de alto impacto”. De esa cantidad, unos 70 millones de pesos (23 por ciento del total) fueron asignados a las Orquestas Azteca.
Al Festival Internacional de Cine Documental de México DocsMX, uno de los programas independientes que solicita desde 2011 recursos a la Cámara de Diputados, no lo tocaron. El donativo que recibe es pequeño y no pinta casi nada en la suma total.
Y aunque está al tanto del mecanismo, Inti Cordera, director ejecutivo de DocsMx y productor de cine, se sorprende cuando se entera de que las Orquestas Azteca han recibido de la Cámara de Diputados más de 900 millones de pesos de 2011 a 2018.
“¡No, pues, está tremendo esto! Es preocupante saber que se le otorga esa cantidad de dinero a una fundación, como la de Azteca, que fácilmente podría autofinanciar su proyecto. Urge que los legisladores y las instituciones culturales trabajen en un mejor esquema”.
Inti Cordera hace unas cuentas al vuelo y precisa. “Si nosotros hubiéramos recibido 100 millones de pesos en un solo año, esa cantidad nos permitiría asegurar la operación de DocsMx durante 20 años. De ese tamaño es la desproporción. Y, perdón, pero nunca he asistido a un concierto, ni conozco las actividades de esas orquestas Esperanza Azteca”.
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Josué Almanza es un joven de 30 años, narrador, dramaturgo y director de la compañía Epitafios Laboratorio Teatral de Puebla. Desde que concluyó con sus estudios de actuación y dramaturgia, se propuso armar una Muestra Estatal de Teatro.
Lo logró en 2011, cuando la entonces Secretaría de Cultura estatal le asignó 15 millones de pesos para su organización, suficientes para conseguir algo totalmente insólito: montar 11 obras del mismo número de compañías independientes de la capital poblana y ocho colectivos que residen en los municipios.
Los resultados fueron alentadores. En sólo dos años la Muestra Estatal de Teatro Poblano evolucionó y se convirtió en el Festival Internacional de Teatro “Héctor Azar Barba”. Durante 15 días la capital de Puebla albergaba escenarios en los que se presentaban las obras de otras latitudes.
La participación de compañías de teatro de 16 países era un hecho inusual en Puebla. El mismo festival contaba con un mecanismo de apoyo a la producción escénica. “Con ese estímulo, varias compañías lográbamos hacer un buen papel dentro del festival. Sin ese impulso, difícilmente hubiéramos montado un trabajo decoroso, dado que la mayoría de los grupos independientes carecemos de recursos”.
Pero todo fue un breve sueño. “El Festival Internacional de Teatro Héctor Azar sólo se realizó entre 2013 y 2014. El gobierno de Rafael Moreno Valle cambió la Secretaría de Cultura a Consejo Estatal de Cultura y las Artes de Puebla. Con eso, todo colapsó”.
El colapso adquirió una forma concreta: el consejo no asignó recursos para la tercera edición del Festival de Teatro, en 2015, a pesar de que todos los grupos locales estaban por culminar sus obras para estrenarlas. Las presentaciones fueron canceladas.
Puebla se quedó sin Festival Internacional de Teatro. El impacto se extendió: la mayoría de los 20 grupos estatales que participaban en el festival desapareció.
Justo en ese periodo las orquestas Esperanza Azteca tuvieron un boom en Puebla. Entre 2011 y 2013 el gobierno de Rafael Moreno Valle aportó aproximadamente 190 millones de pesos para rescatar y rehabilitar la construcción histórica entregada como sede de las Orquestas Azteca.
Josué lo tiene muy presente. “Los gobiernos federal y estatal tratan de ocultar la realidad al decir que esas orquestas son de la iniciativa privada. No es verdad. No, cuando son producto de financiamiento público, ocupan espacios públicos y tienen participación en festivales y eventos municipales, estatales y federales”.
Josué precisa que ningún grupo artístico independiente en Puebla ha logrado acceder a patrocinios de empresas privadas para el desarrollo de sus proyectos. En cambio, el gobierno ha promovido la inversión privada, a través de deducibles fiscales para esas orquestas.
El gobierno, lamenta, apoya este tipo de proyectos, que en absoluto representan a la comunidad. El quehacer escénico en Puebla es mucho más rico y complejo. “Sin embargo, la falta de recursos y la desolación en la que se encuentra la vida cultural provoca que muchos artistas hayan emigrado”.
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Esa falta de recursos públicos para mantener la operación de diversos programas culturales atraviesa el territorio. Eso lo saben, por ejemplo, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Decididas a enriquecer a la comunidad con actividades artísticas y no sólo de índole turística, Liliana Alarcón, Paula Hernández y Katia Jiménez decidieron impulsar los festivales internacionales de Danza (FIDanza) y de Teatro (FITeatro).
Arrancaron en 2015 y lo hicieron de nuevo en 2016. En ambos festivales invertían 6.4 millones de pesos. La mitad de los recursos la obtenían de patrocinios de la iniciativa privada y el resto de recursos etiquetados de la Cámara de Diputados. Un año después, todo cesó.
En marzo de 2017, la Secretaría de Cultura local les dijo que los diputados federales eliminaron los donativos destinados a programas culturales. No había recursos. Lo cual significaba que FITeatro y FIDanza cancelaban su tercera edición.
En una zona en la que las actividades culturales no abundan, los festivales representaban una opción distinta y única. “En Playa del Carmen existe una compañía formal de danza y dos más en Cancún. Pero la mayoría de los bailarines se presentan en shows nocturnos, a pesar de ser egresados de la Escuela Superior de Danza de Mazatlán, Sinaloa. No son amateurs, sino bailarines profesionales de danza contemporánea e incluso coreógrafos”, explica Liliana Alarcón, directora de FIDanza.
Esos bailarines se insertan en los musicales comerciales de la zona hotelera como parte de la diversión para turistas; ahí es donde encuentran trabajo. “Por eso nuestra apuesta era recuperar esos talentos, abrir espacios culturales y formar espectadores para la danza y el teatro”.
Los recursos que se entregan a las orquestas de TV Azteca muestran “la desigualdad en la que vivimos”. Si los diputados entregan 100 millones de pesos anuales a esas orquestas, se queja Liliana, también deben otorgar recursos para todos los otros proyectos culturales y artísticos que solicitan donativos.
Aunque sus creadoras trataron de mantener vivos ambos festivales, fue imposible. En 2018 los diputados federales volvieron a suprimir 70 por ciento de los donativos destinadas a los grupos independientes. Ni el FIDanza ni el FITeatro existen más.
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Roberto Peña Quesada, chilango de nacimiento, regresó a México después de 12 años de estudiar y graduarse como compositor, director y flautista del Conservatorio de Berna, Suiza, pero no lo hizo a su ciudad natal, sino que aterrizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Empezó a desarrollar actividades vinculadas con la formación de músicos en la universidad del estado. Pasados varios años, las autoridades culturales del gobierno local crearon formalmente la Orquesta Sinfónica de Chiapas y le encargaron su dirección.
Aunque nunca tuvo un presupuesto holgado, cada año recibía 5 millones de pesos para su funcionamiento, incluido el pago de los honorarios de los integrantes de la orquesta, 90 por ciento de los cuales son músicos chiapanecos.
Así lograba sortear las dificultades, pero en 2017 la suerte se esfumó.
El recorte del presupuesto federal dedicado a la cultura llegó a niveles extremos. Justo el 10 de enero de ese año el maestro Peña Quesada recibió una noticia que lo dejó congelado: el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes le informó que no le otorgarían presupuesto porque la Secretaría de Cultura federal y el gobierno estatal suprimieron esa partida por el recorte al gasto público.
Devastado por la noticia, la tarde de ese mismo día, el maestro reunió a los 50 músicos de la orquesta y les comunicó: “Nos hemos quedado sin trabajo. Los funcionarios culturales no nos otorgarán más los 5 millones de pesos que anualmente recibíamos para desarrollar nuestras actividades”.
El propio Peña Quesada escribió unas cuantas líneas en la página oficial del grupo en Facebook: “A pesar de la intensa actividad que realizó la Orquesta Sinfónica de Chiapas en este pasado 2016 y en años anteriores, y del entusiasmo del numeroso público que ha asistido a los conciertos de la agrupación, tanto el presupuesto federal como estatal que sostenían las finanzas de la Orquesta ha sido cancelado en su totalidad para este año 2017”.
Al enterarse de la desintegración de la orquesta, los ciudadanos enviaron al gobierno múltiples mensajes de protesta en rechazo. “Entonces, dice el músico, me animé a formar una asociación civil. Tuvimos que organizar cenas, conciertos, cine con música sinfónica en vivo… para salvar a la orquesta”.
Para ese entonces, principios de 2017, Chiapas ya contaba con seis Orquestas Azteca, a las que la Cámara de Diputados les había asignado donativos etiquetados durante varios años por un total de 44 millones de pesos.
A esas alturas, los gobernadores chiapanecos ya habían hecho lo suyo: habían contribuido con recursos públicos al mantenimiento de las orquestas de la televisora. La aportación había sido de al menos 12 millones de pesos.
Y aunque el estrangulamiento económico para la Orquesta Sinfónica de Chiapas llegó a partir del 1 de enero de 2017, el maestro Peña Quesada percibió desde antes que ello sucedería. “El panorama comenzó a nublarse para nosotros en marzo de 2010. El programa Esperanza Azteca llegó y el gobierno estatal le entregó los primeros 6 millones de pesos a la Fundación Azteca para formar la primera de sus seis orquestas”.
La Sinfónica de Chiapas había surgido un año antes y se le había asignado un presupuesto de 10 millones de pesos anuales. Pero eso, como los amores de verano, duró muy poco. En 2011 el proyecto empieza a sufrir la reducción progresiva de su gasto, hasta quedar en 5 millones de pesos para 2016.
“El desequilibrio es brutal”, reclama el director de orquesta. Le duele tanto menosprecio porque con presupuestos tan escasos es muy complicado consolidar un programa semanal, invitar a músicos de alto nivel, mucho menos directores huésped. “De giras y producción de discos, ya ni hablar”.
Roberto Peña nunca imaginó que el recorte presupuestal llegaría hasta el límite máximo: no asignarle ni un peso. Fue tan impactante que las quejas de los ciudadanos lograron una pequeña victoria: en junio de 2017 la tesorería del gobierno estatal le avisó al músico que pudo rescatar un millón 700 mil pesos para todo el año.
El músico no oculta su alivio. Pero no es ingenuo. Sabe que sólo es un paliativo. No hay recursos, al menos no para la Sinfónica de Chiapas.
Dos décadas batallando por levantar una orquesta con músicos profesionales le otorga a Peña Quesada el derecho a cuestionar. “Si TV Azteca quiere desarrollar su programa musical, bien, pero que lo haga con sus propios recursos”.
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Carlos Carrera imparte la clase de Dirección de Cine en el CCC. Aunque ser profesor ahí significa ganar 200 pesos la hora y tener, en promedio, un sueldo mensual de 2 mil 500 pesos, sin importar la trayectoria. “Ningún maestro vive de dar clases. En esta escuela la planta académica es casi un cuerpo de voluntarios y, aun así, hay recorte de presupuesto. Los sueldos no aumentan desde hace años”.
E ironiza: “Está bien que nos guste compartir el conocimiento con las nuevas generaciones, pero esto ya es un abuso”.
Y lo del abuso no es una frase hecha ni ninguna ironía. El semblante del cineasta se transforma cuando escucha la cantidad que el Congreso asigna anualmente a las orquestas del consorcio de Ricardo Salinas Pliego.
Con su mano derecha se acomoda los lentes. Se asombra al máximo: “¡Cien millones de pesos anuales para las orquestas de TV Azteca! Lo que llama la atención son los cabildeos y los acuerdos políticos para favorecer proyectos de la iniciativa privada. Si los diputados quieren otorgar recursos a esos programas, no debería de ser a costa del detrimento de instituciones culturales. Ese es el problema”.
En efecto, ese es el problema.
Carmen García Bermejo https://ift.tt/eA8V8J
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