Artículo publicado por VICE Argentina
A Lilia Centeno la saca de su hipnosis el bramido de una motocicleta que pasa cerca. Tiene ojos de vidrio. Las lágrimas se los secaron.
“¿El Cementerio del Sur es una zona de paz?”.
Lilia responde con una sonrisa fingida. Para ella, la pregunta tiene una connotación inevitablemente irónica. Sostiene con su cuerpo evidencias de la disminución: su delgadez, su suave voz tímida, su aura ligera. Quizá todos sean signos de un peso insoportable que lleva encima desde hace tiempo: haber tenido que enterrar a dos hijos en seis meses.
“Yo iba bajando a encontrarme con mi hijo en el sector de La Cancha y una vecina me dijo: ‘Corre, corre’. Lo primero que se me vino a la mente fue mi hijo. Corrí lo más rápido que pude y al llegar a la cancha vi que dos sujetos lo tenían neutralizado. Alcancé a escuchar que uno de los sujetos le preguntó: ‘¿A qué le temes?’ y mi hijo le respondió: ‘A nada’. Eso. A nada”.
Lilia se interpuso entre uno de los pistoleros y su hijo pero este logró dispararle, hiriéndolo en el hombro. Yonaiker, el hijo de Lilia, salió corriendo y ella corrió detrás. Sin embargo, los dos sujetos descargaron sus armas contra ellos mientras huían.
Ella salió ilesa. Yonaiker cayó muerto a sus pies. Otro hijo de Lilia, de nueve años, también fue testigo del asesinato. Lilia interrumpe el relato.
“¿Y qué pasó después de la muerte de Yonaiker?”, le pregunto.
“Bueno, cuando Yonaiker no había cumplido un mes de haber muerto, me llamó mi yerna toda desesperada y me dice que le allanaron la casa que ella y mi hijo mayor, Luis, tienen en Cacique Tiuna (zona aledaña al principal regimiento militar de Caracas). Que las FAES (las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) entraron a la casa buscando unos delincuentes y los encontraron a ellos dos”.
Lilia cuenta que sacaron a su nuera de la casa y mientras hablaba con ella, fuera de la casa, escucharon una ráfaga de disparos. A los pocos minutos, los funcionarios salieron de la casa donde estaba su hijo. Su esposa entró y lo encontró muerto por múltiples impactos de bala.
Lilia interrumpió de nuevo el relato, ya no le quedaba voz para poder seguir.
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Las FAES fueron creadas el 14 de julio de 2017 por orden presidencial, como una fuerza de élite de la Policía Nacional Bolivariana, al conformar su brazo táctico, para enfrentar el crimen y el terrorismo.
Sin embargo, esas siglas empezaron a tener una resonancia aterradora para la población a principios de año, cuando fueron utilizadas, sin tener competencias de orden público, para reprimir protestas en barrios populares.
De acuerdo a cifras extraoficiales, levantadas por la ONG venezolana Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), se les atribuye el asesinato de ocho personas entre el 23 y el 25 de enero de 2019. Provea también proyecta que en cada procedimiento realizado por las FAES en zonas populares, hay entre cinco y nueve personas asesinadas.
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“Lilia ha cambiado, ha mejorado mucho desde que colabora con nosotros”, me cuenta Saraí Figueroa, coordinadora de la ONG Mi Convive, organización venezolana que se inserta en zonas de pobreza para ofrecer apoyo emocional, académico y legal en casos de violencia, principalmente doméstica. Sin embargo, tras la profunda crisis alimentaria que se ha venido acentuando en los barrios populares, la ONG fundó comedores comunitarios para ofrecer almuerzos a niños y oficio de cocinera a amas de casa.
Así se fundó la amistad entre Saraí y Lilia. La activista la reclutó para cocinar en el comedor de El Cementerio del Sur y la ama de casa, a través de la ayuda a la comunidad, encontró un alivio para empezar a serenar su dolor de madre.
Saraí está bordada de tatuajes, tiene los ojos y el pelo oscuros y una sonrisa sin filtro. Ella, junto a mi Convive, reclutan colaboradores para llevar un comedor que funciona a través de donativos de alimentos, dedicado a atender niños en situación de riesgo y desnutrición en El Cementerio del sur.
Este barrio pobre es una zona enclavada al borde sur de Caracas que hace una herradura con la Cota 905, El Valle y la Carretera Panamericana, áreas decretadas como “Zonas de Paz” por el gobierno venezolano en 2013, bajo la iniciativa de José Vicente Rangel Ávalos, entonces ministro de Interior y Justicia.
“Zonas de Paz” es un eufemismo para “la delincuencia controla la zona y la policía no puede entrar”. Así lo asegura Saraí : “actualmente no entra la policía, es muy raro que haya un funcionario. Eso sucedió cuando se llegó a un acuerdo porque estaban matando muchos policías en el barrio todos los días. Por eso se acordó que los malandros no mataban más policías si no entraban más al barrio. Entonces aquí la ley la ponen los malandros, no la policía ni la comunidad, aquí uno vive con lo que uno ya está acostumbrado”.
A nivel departamental, hay nueve en toda Venezuela. En Caracas hay 17. Antes de volverlos Zonas de Paz, en estos sectores eran comunes los ataques con armas de guerra como granadas, fusiles AR-15 o fusiles AK-47 contra cuerpos policiales que solo pueden portar, por reglamento, pistolas calibre 9mm.
En el Cementerio rara vez explota una granada. A pesar de estar decretada como una zona de paz, este barrio es territorio de una guerra silente y controlada.
“En diciembre”, me cuenta Saraí, “llegó el líder de la banda que opera aquí para ofrecernos un cargamento de juguetes navideños para los niños de la comunidad. Y así como hacen eso, consiguen medicinas cuando saben que alguna familia necesita tratamiento. O cuando saben que hay alguna actividad en la calle, como una volada de cometas de papel o una comparsa de disfraces, evitan transitar en donde estemos para que los niños no vean las armas”.
La parte alta de estos barrios populares son verdaderos corredores de la muerte: múltiples veredas y callejones se enraizan para interconectar distintos sectores. Por su inaccesibilidad para las fuerzas de seguridad, son perfectos para que las bandas delictivas “enfríen” a sus víctimas de secuestro, despiecen vehículos robados, administren y almacenen negocios de drogas y establezcan sus refugios.
En los barrios caraqueños coinciden esas características geográficas porque se ubican en las faldas de las montañas y empiezan a crecer, sino hacia la cima, sobre sí mismos. Así fue como en la periferia sur de Caracas se formaron los barrios más peligrosos como es El Cementerio del Sur.
Para llegar a ellos se debe atravesar la parte baja de cada barrio abordando mototaxis, jeeps todoterrenos o incluso a pie. En estas áreas hay gariteros, que son aprendices de delincuentes cuya responsabilidad es avisar a otros miembros de las bandas con silbidos o toques de corneta el ingreso de personas ajenas a la comunidad, comandos policiales o militares.
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“Si tú me preguntas a mí, estamos más protegidos con los ‘Chamos’ que con la policía. Ellos respetan las familias, no permiten que haya robos y hasta intentan colaborar con las actividades del barrio. En cambio la policía no cree en nadie. Cuando vienen con su OLP (Operación Liberación al Pueblo) matan a cualquiera que se les atraviese, así sea inocente”, cuenta Saraí.
Las OLP fueron anunciadas el mismo día de su primer operative en 2015 por el entonces ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Gustavo González López, como la principal política de seguridad en zonas marginales totalmente controladas por la delincuencia. Para entonces, Caracas había alcanzado 90 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (según el Observatorio Venezolano de Violencia) y era el ciudad más violenta del mundo de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Entre 2015 y 2016, durante el auge de estas jornadas de allanamientos sorpresivos dirigidos a zonas pobres y barrios de alta peligrosidad, hubo 445 asesinatos, alrededor de 14 mil personas detenidas (de las cuales solo 100 quedaron a disposición de las autoridades) y 17 mil viviendas allanadas sin orden judicial, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia. Fueron ejecutadas en conjunto por los cuerpos élite de seguridad venezolanos y coordinadas por el ministerio de Interior y Justicia.
Si bien en sus inicios fueron desplegadas también en las Zonas de Paz, después de un tiempo no volvieron a tocar estas áreas.
Lilia y Saraí coinciden: prefieren vivir bajo la ley de la delincuencia que bajo el azote policial.
“En alguno de los dos casos de tus hijos ¿Hiciste una denuncia ante las autoridades?”, le pregunto a Lilia.
“Sí, en el caso de Yonaiker fui al CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y por un tiempo estuvieron investigando pero nunca llegaron a nada. En el caso de Luis, no. ¿Para qué iba a poner una denuncia si fueron las mismas autoridades quienes lo asesinaron?”.
Me deja sin preguntas.
“Sin embargo, a los asesinos de Yonaiker los mataron en un enfrentamiento de bandas hace unos meses”, asegura Lilia. “Yo digo que la vida de uno no le pertenece a uno sino a los delincuentes que andan armados. Pero así como hay delincuentes malos, los hay buenos. No se meten con la gente de la comunidad. Hacen sus fechorías por fuera. Y lo cuidan a uno”.
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