Artículo publicado por VICE Colombia.
La lucha contra el tráfico de estupefacientes en Colombia no ha funcionado ni para desarticular las economías criminales ni para disminuir los cultivos de coca en el país o el consumo, y más bien ha causado daños en la salud de muchos colombianos.
Estas son las conclusiones a las que llegó el estudio La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década, un análisis realizado por el grupo Acciones por el Cambio, que conforman organizaciones como Elementa, Fescol, Dejusticia, OCCDI Global, CPAT, Sisma Mujer, TNI, ATS, Corporación Humanas y Temblores ONG
El informe se hizo con el objetivo de tener datos relevantes que nutrieran la discusión que el Alto Segmento Ministerial de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) va a tener el próximo 14 y 15 de marzo en Viena con el objetivo de renovar la estrategia que se creó hace una década para responder el problema de drogas a nivel mundial. Según Acción Técnica Social, esta estrategia planteaba "objetivos irrealistas", y con ella se promovieron "mecanismos represivos para enfrentar el problema mundial de las drogas, sin respeto a los derechos humanos ni al desarrollo sostenible".
El grupo de investigación se basó específicamente en el caso colombiano, pues nuestra historia como el país que más produce cocaína en el mundo nos ha legitimado, de una manera desafortunada, para convertirnos en voceros de una problemática que existe a nivel mundial y que, por tanto, exige soluciones del mismo talante. De todas formas, Colombia aun sigue siendo el primer país productor de cocaína en el mundo, y así como nuestra experiencia nos ha dado voz dentro de las discusiones mundiales, también nos exige la responsabilidad de mostrar nuestros propios fracasos en estas estrategias como alarmas y correcciones que deben hacerse en implementaciones futuras.
Acciones por el Cambio se enfocó en cómo esta década de estrategias en contra de las drogas incidió en el consumo de drogas y su atención en salud, el acceso a medicamentos controlados, estrategias de reducción de cultivos ilícitos, encarcelamientos por delitos relacionados con drogas y costos económicos y humanos de esta guerra.
Los resultados del estudio fueron contundentes en estos aspectos. Por ejemplo, esta política de drogas, que le ha costado más de 20 billones de pesos a Colombia, no ha podido combatir efectivamente a sus consumidores. Para 2015, según el Ministerio de Salud, había más de 1.4 millones de usuarios de cocaína, marihuana, basuco y éxtasis en el país, y la oferta en salud para atender a los consumidores problemáticos era prácticamente inexistente en el 95% de los municipios en el país.
También el grupo reportó que a pesar de haber más de 24.000 personas encarceladas por delitos relacionados con drogas, en 2015 se seguía reportando la rentabilidad del microtráfico y el narcotráfico, con ganancias de más de seis billones de pesos durante ese año. Asimismo, afirman que se han asperjado por vía aérea con glifosato cerca de 1,9 millones de hectáreas, entre 1994 y 2015, algo que, hasta 2012, le habría costado al Gobierno cerca de 104.331.276.056 dólares en glifosato y 458.331.276.056 dólares en operativos antinarcóticos, "considerando el costo del glifosato, equipos básicos y aviones o helicópteros".
Este herbicida, que la Organización Mundial de la Salud identifica como cancerígeno, a su vez ha causado daños de salud para mujeres gestantes durante estos años, aumentando en un 2,9% la tasa de abortos espontáneos en un radio de un kilómetro luego de su aplicación; un porcentaje que aumenta a 8,7% en niveles más cercanos y altos de fumigación. El grupo investigador también afirma que más de la mitad de las familias que habitan en zonas cocaleras ganan apenas el 56% de un salario mínimo, es decir $410.541 pesos al mes.
Estas cifras del estudio hacen evidente que las metas de reducción, de consumo, de tráfico y de cultivos, propuestas por las Naciones Unidas, no se han alcanzado. En vez de eso, se han generado daños en la salud de los colombianos, se han violado los derechos humanos y se han tenido "efectos contraproducentes" en la democracia y las instituciones del país.
Bajo un nuevo mandato, el del presidente Iván Duque, que, en vez de replantearse las políticas de esta guerra contra las drogas, está analizando volver a la aspersión aérea de glifosato, esta vez helicópteros, y perseguir a los consumidores no problemáticos decomisando y penalizando el porte y el consumo de la dosis mínima, la información de este informe es reveladora. "Valoramos las diferentes posiciones que pueda tener el Gobierno alrededor de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes", afirma Acciones por el Cambio, "pero le invitamos a escuchar lo que por largo tiempo han sostenido la academia y la sociedad civil: la guerra contra las drogas fracasó porque se volvió una guerra contra poblaciones vulnerables".
Nathalia Guerrero Duque https://ift.tt/eA8V8J
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