—Chico ni pa’ los zapatos me da el puteo últimamente —me dice Natasha* mientras termina de maquillarse para salir a la calle en un mundo paralizado por una pandemia.
Le pregunto de dónde llegan normalmente sus clientes.
—Algunas veces son hombres que habitan por acá, los mismos vecinos, los dueños de los negocios cerca de los hoteles donde vivimos, otros pasan en autos particulares a la deriva, entran y reciben el servicio. Los taxistas son los clientes más fieles que tenemos nosotras las trans acá en Medellín.
El ruido de un megáfono se cuela por los cinco tragaluces del cuarto de Natasha, dos metros cuadrados sin ventanas en un hotel del centro de la ciudad. Barbacoas es una zona de bares, residencias, inquilinatos, talleres de mecánica y mercados históricamente ocupada por mujeres que viven del trabajo sexual, rebuscadores del diario, habitantes de calle, comerciantes y vendedores de drogas.
—… las quitaron de la calle, ¿no escuchaste? Claro, ‘que se quiten de la puerta’. Creo que ya arrancaron.
Cada vez son más frecuentes las noticias que desde Perú, Colombia, Panamá, Brasil, Argentina y México registran cómo las medidas policivas impuestas por los gobiernos se han ensañado violentamente contra las personas transgénero. Entre ellos, Brasil, México y Colombia han liderado las cifras de transfeminicidios en la última década, lo que ha supuesto una expectativa de vida media de 35 años para las personas trans de la región.
La violencia es el hilo narrativo de la mayoría de vidas trans: expulsión de sus hogares, discriminación en ambientes educativos y laborales, en el acceso a la salud y otras más invisibles… a lo que ahora se le suman gobiernos que intentan controlar una pandemia con estados de excepción. En Bogotá, por ejemplo, rige una medida de Pico y Género que se ha mostrado discriminatoria con las identidades trans y no binarias. La organización Transgender Europe ha advertido que en medio de la emergencia del COVID-19, las personas trans afrontan dificultades en tres sentidos: por el virus en sí, por los sistemas de salud y por el impacto socioeconómico de la crisis. Habría que agregar, en el caso latinoamericano, el riesgo por el aumento de los abusos policiales y los poderes criminales.
Conocí a Natasha a través de la Red Popular Trans de Medellín (RPT), una colectiva con dos años de existencia en la ciudad que desde el inicio de la cuarentena se propuso recolectar fondos y mercados para la población transgénero más vulnerable. Natasha tiene veintitrés años; hace dos llegó a Medellín desde Venezuela expulsada no sólo por la crisis de su país sino también por su círculo social, cuando comenzó su tránsito en cuarto semestre de Ingeniería Industrial. En Medellín intentó suerte en zapaterías y panaderías, pero fue rechazada por su expresión de género y finalmente entró al modelaje webcam.
—Es algo que para muchas trans o gays puede ser divertido, pero a la vez algo triste porque es exponer tu identidad —dice—. Mi plan inicial era que al menos me diera para pagar la comida, los gastos básicos. Empecé a endeudarme en la casa webcam, no llegaba a la meta. La gente no tiene idea de lo que verdaderamente una trans vive, de lo que tiene que hacer para ganarse la comida, pagar la habitación.
Del modelaje webcam Natasha saltó a las calles de una ciudad manejada por hombres de mafia y policías.
—¡Bueno ya, suerte de aquí, suficiente! —nos dicen malencarados dos hombres mientras salimos del hotel. Por el gesto de Lina, miembro de la RPT, intuyo que pertenecen a las ‘Convivir’, grupos de civiles que en los noventa fueron armados por el estado colombiano para combatir la insurgencia y que durante años han sobrevivido de manera ilegal monopolizando la seguridad en la ciudad a punta de extorsiones. En el caso de este sector extorsionan a trabajadoras sexuales y aseguran el control del microtráfico de drogas.
Según me cuenta Lina, como Natasha han identificado a más de 120 mujeres trans en Medellín en una situación de alta vulnerabilidad ante las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno colombiano desde el 22 de marzo de este año. El 27 de marzo fueron censadas por parte de la Alcaldía cerca de cien de ellas. Casi un mes después, el 22 de abril, recibieron 125 kits de aseo y treinta mercados (sí, para más de 120 y la cifra asciende cada semana).
La mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual entre los barrios Villa Nueva y Estación Villa, zona de tolerancia del centro de la ciudad que ha enfrentado un abandono histórico por parte del gobierno local. Eso a pesar de estar a escasas cuadras de la turística Plaza de Botero y el Museo de Antioquia.
Hace dos meses, mientras adelantaba una reportería sobre el turismo sexual en la ciudad y la propuesta de algunos comerciantes de El Poblado —el sector más exlusivo de Medellín— de crear un barrio rojo en la ciudad, la Secretaria de Inclusión Social de Medellín, Mónica Gómez, me confesaría que en la ciudad no hay una caracterización o política pública que considere a las mujeres (cis y trans) dedicadas al trabajo sexual. Con esa deuda se enfrentan hoy a la priorización por parte del Estado en un mundo en crisis. Sin acceso directo a prestaciones sociales, ahorros, pensiones o siquiera la salud garantizada.
A Mónica le comenté la propuesta de muchas trabajadoras sexuales para el Plan de Desarrollo de la ciudad, entre las que se incluía un comedor comunitario y una casa refugio como sede para las más vulnerables. Su respuesta fue tajante entonces:
“No puedo abordar a las personas en contexto de prostitución hablándoles de un comedor porque esa no es la razón de ser de Por Mis Derechos, que es tener una vida digna y ser consciente de que estoy en riesgo (...). Hay que generarles autonomía económica. No puedo decirles a ellas ‘andá a ejercer la prostitución’ y yo les doy comida. Les tengo que buscar otro trabajo, porque no puede ser un tema asistencialista, es un tema de acompañamiento y que salga de ahí. Por Mis Derechos es un tema de que reivindiquen sus proyectos de vida y se dejen de exponer a todos esos riesgos que tienen al ejercer la prostitución. Ese es el objetivo básico”.
Ahora, cuando no hay mucho tiempo para planear proyectos de vida, se ha hecho más urgente la batalla en el frente de las necesidades materiales que en el intentar cambiar imaginarios. Los riesgos están allí y ellas son lo suficientemente conscientes, pero no hay alternativas a seguir ofreciendo servicios sexuales en la calle.
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Adentro y afuera de las residencias el mundo es de los hombres con o sin uniforme y las mujeres trans son constantemente castigadas por renunciar a ese privilegio. Zarai, quien ha sido el enlace entre la RPT y las mujeres trans del territorio, nos muestra la entrada de un hotel con un cartel que advierte: “Toda persona que deba más de dos habitaciones no entra. Att: La Amon”. Algunas ya han sido expulsadas de las residencias por falta de dinero. Una cuadra más abajo hay una tienda abierta y dos policías en su pausa activa nos miran pasar con nuestras cámaras en mano. Otras puertas lucen cartelitos similares: “No se permite el ingreso a la habitación sin cancelar”, “No hay servicio hasta nuevo aviso muchas gracias :)”.
—Nosotros vivimos de un día a día, cada día si no nos levantamos, nos maquillamos y salimos a la calle no tenemos cómo comer —nos cuenta Zarai. —Vivimos en hoteles en los que tenemos que pagar al diario. La vida de una niña trans es muy costosa, alrededor de 60.000 pesos diarios (casi quince dólares), porque hay que pagar 30.000 pesos (unos ocho dólares) de habitación, fuera de eso desayuno, almuerzo y comida.
En la mayoría de estos hoteles y residencias no hay cocinas. Las mujeres suelen comer normalmente en los restaurantes del sector, que han cerrado por la emergencia. La RPT ha tenido que adaptar los mercados que les entrega teniendo en cuenta esta carencia, pues no hay manera de cocinar las lentejas, el arroz, los garbanzos y fríjoles que la gente suele donar.
—Salimos a la calle y de manera agresiva y forzosa nos hacen entrar [la policía]. Mira el caso de ahora temprano de niñas que simplemente salieron a buscar una ayuda y fueron llevadas al CTP [Centro de Traslado por Protección] sin ninguna razón. Simplemente porque estaban violando la cuarentena. ¿Quién nos va a dar el ingreso que verdaderamente nosotras necesitamos? —continúa Zaraia con su denuncia.
Nos dirigimos al Hotel Blue, que ha prestado sus instalaciones para que la RTP entregue algunos mercados, preservativos y bonos de hospedaje que ha colectado gracias a organizaciones locales como Putamente Poderosas, la Red CEPELA y la solidaridad ciudadana. Cerca de dos millones de pesos (alrededor de quinientos dólares) que no alcanzarán para atender a más de cien personas. Sin contar con sus familias, pues algunas tienen a cargo adultos mayores, niños y personas en condición de discapacidad.
Lina me cuenta que ya enviaron un derecho de petición para presionar al Estado con las ayudas humanitarias y garantizar que el confinamiento no suponga la muerte para estas mujeres. Las organizaciones LGBTI de la ciudad han pedido medidas concretas, como una línea de atención exclusiva para atender a la población, una casa refugio para quienes sean expulsados de sus hogares o residencias y una seguridad dirigida al cuidado y no a la represión. A pesar de contar con un Centro para la Diversidad Sexual y de Género que podría favorecer la operatividad de ciertas ayudas, funcionar de cocina comunitaria o casa refugio para las expulsadas de los hoteles, la sede ubicada a escasas cuadras permanece cerrada.
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En las periferias de Medellín el panorama no es mejor. El miércoles 25 de marzo, a sólo un día de impuesto el decreto de Estado de Emergencia por el gobierno nacional, Jhon Restrepo, vocero de la Mesa LGBT de la Comuna 8, que fue declarada en 2016 como primer sujeto de reparación colectiva en el marco del conflicto armado colombiano, fue atacado en su propia casa luego de una entrega de mercados. Tuvo que desplazarse en medio de la crisis por el COVID-19 bajo amenaza de los grupos armados que controlan la zona oriental de Medellín.
En Manrique, una comuna al nororiente de la ciudad, Águeda Gallego de la colectiva Divergéneros C3 me cuenta:
—No me quieren dar respuesta de nada, se entregaron bases de datos para la asistencia de la población LGBTI, con prioridad para personas trans, pero ahora el secretario de Derechos Humanos no responde el teléfono.
La organización que lidera Águeda ya identificó a diecisiete personas trans y lo puso en conocimiento de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, que normalmente se encarga de los temas relacionados con poblaciones vulnerables; entre ellas, las personas LGBTI.
—La institucionalidad apenas está empezando a despertar y obrar. En el día de hoy íbamos a empezar con una entrega de alimentos en La Cruz con la entrega de mil paquetes para quinientas familias —cuenta Agueda, afirmando que ninguna de estas ayudas está dirigida a personas trans o LGB. —Además no se está garantizando la seguridad y bioseguridad de los líderes que hacen las entregas. No tienen cómo ofrecer mascarillas, guantes, nada. Esto se está saliendo de las manos.
Según me dice, ya se han presentado amotinamientos en la parte alta de la comuna por la falta de alimentos. La gente ha comenzado a salir a detener el tráfico, los vendedores ambulantes prueban suerte en los barrios ante la imposibilidad de desplazarse hasta el centro.
—Son personas que salen a trabajar porque les toca. Todo se ha desbordado, esa es la palabra. Si antes estábamos jodidos, ahora lo estamos más y duele el importaculismo con la población LGBTI.
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El Hotel Blue está ubicado a una cuadra de la Plazuela de Zea, donde el flujo de personas en la calle es mayor al que he visto en estos días en otras zonas de la ciudad. A unas cuadras de allí, afuera del Centro Día para la atención de habitantes de calle, es imposible mantener la distancia impuesta por los protocolos contra el virus. Algunas pescaderías siguen abiertas, la mayoría de la gente lleva tapabocas, algunos habitantes de calle los han improvisado con retazos de tela. Hace unos días, a pocas cuadras de allí, la Alcaldía cerró la Plaza Minorista, principal sede de abastecimiento del sector, por catorce casos de contagio.
“Perico, pepas, crippy”, nos ofrecen al pasar. Las ayudas humanitarias, según me cuenta Zaraia, han creado nuevas grescas callejeras por su merecimiento: ¿mujeres, niños, venezolanos, habitantes de calle, trans?
Cuando entramos al hotel el administrador improvisa la zona de desinfección. Una a una van entrando cerca de sesenta mujeres que se quieren enlistar en las ayudas de la RPT. Pocas tienen tapabocas, la recepcionista les echa desinfectante en las manos y vinagre en las suelas de los zapatos. Aquí hay más miedo al hambre y abandono estatal que al COVID-19 y el VIH juntos.
Subimos al tercer piso. Una cancha sintética con panorámica de la deprimida zona del centro se convierte en sala de reuniones. Lina comienza a explicarles a las chicas:
—El Estado está obligado a garantizar nuestros derechos dentro de la cuarentena, quiero que lo tengan claro.
Ninguna de ellas ha tenido acceso a una educación política que las acerque a los vericuetos del Estado para exigir sus derechos.
—Mandamos un derecho de petición donde se obliga a la Secretaría de Inclusión Social a que nos responda cómo está la asignación de los recursos económicos y alimentarios a nuestra población. Si no llega, pasamos a la tutela y vamos a llenar esta puta ciudad de tutelas si no nos responden.
Las ayudas hoy no alcanzarán para todas. Mientras deliberan colectivamente cómo priorizar los mercados y el dinero recogido, la tensión sale disparada en la forma de balón de fútbol. Algunas chicas se echan un partido, mientras Zaraia se lleva las manos a la cabeza cada tanto por la cantidad de información que recibe.
Aprovecho para preguntarles a algunas cómo ha sido por estos días la relación con la policía. A Camila le han impuesto seis comparendos, cada uno por 936.320 pesos (alrededor de 230 dólares), por incumplir el decreto 457 de 2020 que impuso el Estado de Emergencia. Me muestra los golpes que recibió en los muslos en el Centro de Traslado por Protección (CTP). La respuesta, a todas luces, es exagerada en contraste a lo que se vive en otros barrios de la ciudad, donde la Policía se exhibe cantando “Color Esperanza” y motivando a las personas desde la calle.
—Dicen que uno puede salir una persona por familia y hace como tres días salí a la droguería a comprar un medicamento que necesitaba —me cuenta Michel—. Me cogieron y me montaron a la patrulla. Me llevaron para el CTP, me hicieron un comparendo injustificable porque me cogieron con los medicamentos en la mano. Me trataron de lo peor durante cinco horas.
El relato de Michel me lleva a pensar en otro riesgo que enfrentan las personas trans en esta cuarentena y que podría comprometer su sistema inmunitario en tiempos del virus: el acceso a las hormonas. El centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia ya ha advertido sobre los riesgos que implica la interrupción de las terapias hormonales para la salud física y mental de las personas trans.
“Yo necesito mis hormonas, tomo estrógenos en pastillas y antiandrógenos”, me había dicho ya Natasha. “Ellos tienen costos elevados: La Bellafaces es una pastilla anticonceptiva que tiene un costo de quince mil pesos [cuatro dólares] y la Espironolactona, que es la encargada de bloquear la testosterona, tiene un valor de ocho mil pesos [dos dólares]. La Synovular es una inyección anticonceptiva muy fuerte, que es la encargada de desarrollar estos cuerpos esculturales, y tiene un costo de veintiséis mil pesos [6,5 dólares], esa estuvo escasa como tres meses. Algo muy incómodo a nivel personal es que no haya un profesional que te oriente y nos toca a nosotras averiguar, comprarlas y consumirlas a la deriva”.
Antes de salir del hotel, Dannys me cuenta que fue agredida mientras intentaba coger WiFi en el Parque Bolívar. a golpearon en los senos y las manos, ella respondió con su cartera. En el video de la agresión que publicó la Red Popular Trans se leen comentarios del tipo “eso le pasa por no estar en su casa”, “hay toque de queda medio mundo está muriendo quédate en casa”, “la policía está en su trabajo”.
Me atrevería a afirmar que por estos días de confinamiento la imposibilidad de permanecer en casa —por lo menos contar con una— revela en gran medida tu nivel de precariedad material. De regreso a la mía, al occidente de la ciudad, veo a la gente salir con trapos rojos, que se han convertido rápidamente en el símbolo del hambre. La Alcaldía anuncia un concierto desde un helicóptero, un gesto suntuoso en tiempos de Covid-19 que finalmente se ve obligada a cancelar por el descontento ciudadano y las reglas impuestas por el estado de excepción. Se cumple un mes de cuarentena y ya se avizora una crisis social en Medellín. O cabría mejor decir: se recrudece la ya existente.
*Nombres identitarios cambiados por seguridad de las fuentes.
Si deseas colaborar con la Red Popular Trans de Medellín puedes contactarles en su página de Facebook https://www.facebook.com/redpopulartrans/.
Julio C. Londoño Á. https://ift.tt/2Ktn08f
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