Cuando Diego encontró una petición en redes sociales dirigida a profesionales de la medicina para que trabajaran en un nuevo hospital temporal a las afueras de la ciudad de Guatemala, justo en el momento en que la pandemia de COVID-19 empezaba a propagarse por el país, pensó que sumarse sería una buena manera de ayudar a otros, de aportar su granito de arena.
El hospital temporal del Parque de la Industria, con una capacidad inicial de 319 camas, se montó en un antiguo centro de convenciones en un tiempo récord de diez días, gracias a una serie de grandes donaciones privadas. Iba a ser uno de los cinco nuevos centros que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se comprometió a construir en respuesta a la pandemia.
Cuando el hospital abrió sus puertas el 23 de marzo, Guatemala, una nación de casi 15 millones de personas, había confirmado tan sólo 19 casos del recién descubierto coronavirus. “Al principio todo estaba bien, pero cuando fue pasando el tiempo se empezaron a ver los problemas”, cuenta a Amnistía Internacional Diego, quien aún trabaja como médico en el hospital y ha pedido que se utilice un pseudónimo por temor a represalias.
Lo que sucedió a continuación desconcertó incluso a quienes menos esperanzas abrigaban. Transcurridos más de tres meses, y con más de 19,000 casos registrados y 817 muertes al 2 de julio, el personal de medicina, enfermería y limpieza lucha no sólo por frenar un virus mortal, sino también por llegar a fin de mes.
La soledad de la primera línea
El vídeo de un grupo de trabajadores y trabajadoras de la salud agotados y frustrados, vestidos con uniformes azules y verdes y con mascarillas durante una conferencia de prensa improvisada el 12 de mayo, ilustra lo que estaba sucediendo en la olvidada primera línea, lejos de los despachos de las autoridades gubernamentales.
“Esto no es [una] busca de pelea con nuestras autoridades inmediatas”, se oye decir a un joven médico con uniforme verde tras una mascarilla N95. “Sencillamente estamos buscando que se nos den nuestros derechos básicos y una dignidad laboral”. El médico, que dice que tuvo que comprarse él mismo la mascarilla que llevaba, describe las dificultades diarias de trabajar en una pandemia sin apoyo efectivo.
Él y quienes le rodean hablan de la falta de suficiente equipo de protección individual (EPI), incluidas mascarillas y guantes desechables para ellos y para otras personas que trabajan en el hospital; del espacio extremadamente limitado para descansar durante las largas y estresantes jornadas, y de los graves retrasos en el pago de sus salarios. A muchos ni siquiera les habían pagado.
“El equipo de protección que nos dan suele ser de baja calidad. Conozco a médicos que han tenido que utilizar bolsas de basura como batas”, cuenta Diego.
El silencio inicial de las autoridades del gobierno y del hospital ante las quejas desató una cadena de acciones, vídeos y cartas a la directora del hospital, al ministro de Salud e incluso al presidente.
Finalmente, las autoridades aumentaron la disponibilidad de EPI, pero los retrasos en el pago de salarios y en la firma de contratos siguen sin resolverse: sólo unas pocas personas han recibido un salario equivalente a los dos primeros meses de servicio. Médicos como Ángela, que también pidió que se utilizara un pseudónimo porque temía por su empleo, dicen que trabajar sin cobrar se está haciendo insostenible para muchas de las personas del hospital.
Por lo general, el personal médico trabaja una jornada de 24 horas cada cuatro días en una de las tres áreas del centro que albergan a pacientes con síntomas leves, moderados o graves de COVID-19. Hacen turnos y dicen que tienen unos tres descansos en cada jornada. El personal de enfermería tiene menos días libres entre jornada y jornada.
“A la mayoría de mis colegas aún no les han pagado”, dice Ángela, una de los pocos afortunados a quienes, tras trabajar en el hospital durante casi tres meses, han pagado solo los primeros dos.
La gran mayoría del personal de primera línea de Guatemala para la pandemia ha sido contratada para periodos de tres meses. En el hospital en el que trabajan Ángela y Diego muchas personas trabajan sin tener ni siquiera contrato ni recibir el salario acordado.
Amnistía Internacional pudo ver uno de los contratos que no contenía ninguna mención al COVID-19, información sobre la longitud de las jornadas de trabajo, cuántas horas se esperaba que trabajaran a la semana, o a qué beneficios tendrían derecho. Los médicos que dijeron que todos los contratos del personal de salud eran similares dijeron que les iban informando de eso “a medida que iban pasando los días”.
Diego y Ángela afirman que estos contratos los ponen en una situación sumamente vulnerable. Según cuentan, les han dicho que los contratos se ampliarán, pero no hay garantía de eso, ni de que el personal recibirá su salario por el trabajo fundamental que ha realizado y que continúa realizando.
“El contrato no menciona el hecho de que tratamos a pacientes con coronavirus ni proporciona ningún tipo de seguro o garantía. Es injusto. No se menciona un seguro ni ayuda si nos contagiamos del virus aquí”, cuenta Diego con agotamiento y frustración.
Los retrasos en los pagos, o el impago total, añaden leña al fuego.
“Resulta difícil comprender cómo espera [el gobierno] que la gente sobreviva, pague el alquiler, las facturas, sin un salario. Algunos de mis colegas no han podido pagar el alquiler desde que empezaron a trabajar en el hospital, y a otros les han cortado el teléfono por falta de pago. Las deudas se acumulan. Nadie del sector privado quiere contratarnos porque hemos estado trabajando aquí, rodeados de gente con coronavirus. La situación es realmente desesperante”, dice Diego.
Ángela también está enfadada, aunque se considera afortunada porque su familia ha podido ayudarla.
“Presentamos una queja por los contratos. Tuvimos que firmarlos porque, si no lo hacíamos, existía el riesgo de que nunca nos pagaran. Ahora pedimos cambios en los contratos futuros que firmemos, que incluyan garantías, seguro médico, alguna forma de protección”, declara.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica que las autoridades tienen la obligación de proteger a los trabajadores y trabajadoras, incluso en estas circunstancias excepcionales.
“Estos contratos de corta duración dejan a parte del personal sanitario con menos protección que sus colegas, y aumentan la inseguridad a la que estas personas se enfrentan en su trabajo, ya de por sí muy difícil dada la magnitud de la pandemia. El gobierno debe garantizar que todo el personal sanitario para la respuesta a la COVID-19 tiene el mismo acceso a beneficios y protecciones, independientemente del carácter de su contrato”.
La situación es aún más precaria para el personal de limpieza y mantenimiento. Los médicos han contado a Amnistía Internacional que ven a este personal trabajando jornadas más frecuentes, y con menos acceso a áreas adecuadas de descanso y a equipo de protección.
Problemas históricos
La velocidad con la que la COVID-19 se ha propagado por todo el mundo, incluida Guatemala, ha llevado al límite a un sistema nacional de salud ya de por sí débil. El sistema es tan frágil que el país ya estaba recibiendo formación y fondos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Guatemala hay 3,5 médicos/as y 0,7 enfermeros/as por cada 10.000 personas, según datos de 2018 de la Organización Mundial de la Salud. Esto supone una importante reducción desde 2009, cuando había 9 médicos/as y casi 9 enfermeros/as por cada 10.000 personas. En comparación, en Argentina hay más de 27 médicos/as y 25 enfermeros/as por cada 10.000 habitantes, en India hay 8 y 17, y en Francia hay más de 32 y 114, respectivamente.
La pandemia está sacando a la luz esta debilidad, convirtiendo los problemas en desastres. En una entrevista con Plaza Pública, Zulma Calderón, defensora de salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, describe como “un caos” la respuesta a la pandemia en los diversos hospitales del país. Este órgano independiente, que realiza visitas periódicas a todos los centros que tratan a pacientes de COVID-19 en toda Guatemala, informó de una serie de problemas con el hospital temporal —entre ellos problemas relativos al trato al personal y a la disponibilidad de suministros— poco después de su apertura.
Las reacciones de las autoridades a las quejas también han evolucionado con el tiempo.
Al principio las negaron. Después de la primera carta, en la que los médicos exigían acceso a EPI efectivo, la directora del hospital, Dania Hernández, dijo que eso no era un problema. Declaró a El Periódico que había suficientes mascarillas KN95, batas y guantes desechables, cubrecalzado y gafas de protección para todo el personal.
Luego, las autoridades pasaron a la ofensiva. Cuando el personal médico y de otro tipo envió una carta abierta al presidente Giammattei y a su ministro de Salud, Hugo Roberto Monroy Castillo, exigiendo el pago por su trabajo y amenazando con una huelga, la respuesta del gobierno se intensificó.
El 5 de junio, el Ministerio de Salud Pública despidió a 46 miembros del personal de limpieza y mantenimiento, la mayoría de los cuales llevaban trabajando en el hospital desde el primer día. Las autoridades alegaron que estas personas no habían cumplimentado el papeleo requerido, que incluía presentar un diploma de enseñanza secundaria o universitaria: un requisito imposible de cumplir para muchas de estas personas, que sólo tienen educación primaria.
Más recientemente, el Ministerio de Salud Pública, e incluso el presidente, parecen haber adoptado un enfoque más conciliador. El 10 de junio, el personal del Ministerio se reunió con los 46 trabajadores y trabajadoras despedidos e informó de que se había alcanzado un acuerdo provisional que puede implicar pagarles o volverlos a contratar.
Asimismo, el Ministerio recientemente pagó el equivalente a los dos primeros meses de trabajo a ciertos trabajadores y trabajadoras de la salud, en lo que algunos han descrito como una estrategia de apaciguamiento en respuesta a las quejas.
El presidente Giammattei incluso visitó el hospital y prometió resolver los “problemas administrativos” que impedían el pago al personal médico.
Aunque ella fue una de las que recibió el pago, Ángela cree que con eso no basta.
“Hay veces que sólo quiero renunciar —dice, con la voz llorosa—. No abandonaremos a nuestros pacientes, pero necesitamos que las autoridades sepan que las cosas tienen que cambiar. Necesitamos mejores suministros, más especialistas, necesitamos que se pague a todo el mundo a tiempo. Algunas cosas han mejorado, pero siempre falta algo. Nos enfrentamos a una situación extraordinaria, pero las autoridades tienen los medios para hacer cosas extraordinarias si lo desean”.
Los médicos y médicas afirman que la situación actual debe servir como prueba de los problemas más amplios que aquejan al sistema público de salud guatemalteco, y de la necesidad de introducir reformas, incluidas reformas en las políticas y prácticas de contratación.
“La construcción de un hospital temporal con un puñado de camas no es respuesta suficiente a una pandemia. Si no se presta pleno apoyo al personal médico y otro personal sanitario para que hagan su trabajo, un hospital no es más que un edificio”, dice Erika Guevara Rosas.
“La falta de protección adecuada a los trabajadores y trabajadoras de la salud no sólo socava sus derechos humanos y pone a estas personas en riesgo, sino que aumenta el peligro para todos los habitantes de Guatemala”.
* Esta investigación fue realizada por Amnistía Internacional.
Adeline Neau* https://ift.tt/eA8V8J
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