Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.
El asentamiento Villa 31 en Buenos Aires, ubicado alrededor de la estación de trenes del barrio Retiro que se remonta a la época dorada de Argentina, es un mundo dentro de un mundo; un caleidoscopio de viviendas de colores brillantes, apiladas hasta alcanzar el cielo, debajo de una red enredada de cables y escaleras tambaleantes.
Este es el más emblemático de los asentamientos pobres de Argentina, donde más de 40,000 personas comparten cotidianamente su existencia. A últimas fechas, el asentamiento ha tenido que enfrentar otra dura batalla, ahora contra el nuevo coronavirus, a medida que éste se abre paso a través de sus polvorientas callejuelas y rodea sus rincones ocultos.
La pandemia está causando estragos en América Latina, considerada el epicentro del COVID-19 desde finales de mayo. La región tiene más de 3.7 millones de casos reportados. Ahora hay más de 160,000 muertos en América Latina y el Caribe. Aproximadamente la mitad se encuentra en Brasil, que tiene la segunda cifra más alta después de Estados Unidos.
En la vecina Argentina, con una población de 45 millones de personas, una estricta cuarentena mantuvo los números bajos en un inicio; pero a medida que se levantaron las restricciones, las infecciones aumentaron. Los casos reportados son más de 130 000, y han muerto más de 2300 personas. Este mes, las autoridades volvieron a poner en un estricto confinamiento a las zonas más afectadas de la ciudad capital de Buenos Aires y la densamente poblada zona conurbada a su alrededor. Los casos siguen aumentando. Argentina ya estaba lidiando con una recesión y pobreza extrema antes de que la golpeara la crisis sanitaria, y ahora se espera que todo eso empeore.
En una región con tanta desigualdad como América Latina, las mujeres se encuentran en una posición particularmente vulnerable, advirtieron las Naciones Unidas. Ganan menos, tienen más probabilidades de tener trabajos precarios y asumen la mayor parte del cuidado no remunerado en el hogar. A medida que las condiciones sociales y económicas se deterioran, las mujeres enfrentan más violencia doméstica y les resulta más difícil hacer valer sus derechos reproductivos. La dificultad es mayor para aquellas en grupos marginados, incluidas las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las migrantes y las de la comunidad trans.
Las mujeres también están en el frente de la batalla contra el COVID-19. Ese es el caso en Argentina, donde las mujeres son quienes alimentan a los hambrientos, pagan las visitas médicas domiciliarias a los enfermos, trabajan en laboratorios y brindan atención médica esencial. VICE News se propuso conocer a algunas de ellas y descubrir más sobre cómo el coronavirus está afectando su existencia cotidiana y la de sus comunidades.
Gabriela Ramos, empleada de un comedor comunitario
Gabriela Ramos al pensar en las marcas dolorosas e imborrables que ha dejado la pandemia, piensa en su amiga Ramona Medina.
Medina, una acérrima defensora de los derechos de la comunidad, recurrió a las redes sociales en abril para denunciar la falta de agua en su vecindario de Villa 31. Rogó a las autoridades de la ciudad por mejores condiciones de vivienda para su familia de seis miembros, quienes vivían en una pequeña y ruinosa morada a la sombra de una autopista elevada. Varios miembros de la familia de Medina fueron considerados en alto riesgo de contraer la enfermedad, y Medina, quien era diabética, la contrajo. En mayo, la mujer de 42 años murió de COVID-19, un golpe que siempre puede ser difícil de expresar con palabras para personas como Ramos.
"Realmente nos dio la fuerza para seguir adelante", dijo Ramos, de 29 años y madre de cuatro hijos.
"Nadie sabía que eras semillas", es una frase que los miembros de la comunidad recitan al hablar de Medina. Esas semillas fueron evidentes un día en el Comedor Gustavo Cortiñas, un comedor comunitario administrado por La Poderosa, una organización que opera en barrios marginales y de bajos ingresos en toda Argentina, y que tomó prestado su nombre de la motocicleta en la que el Che Guevara y su amigo Alberto Granados recorrieron América Latina en 1952.
Ramos trabaja aquí. También es parte de un grupo que monitorea y denuncia el acoso y la brutalidad policial en el vecindario. Se unió a La Poderosa hace unos años, y les da el crédito por haberla ayudado a escapar de una relación violenta. Ella está terminando la preparatoria y tiene la intención de estudiar derecho.
Las mujeres que dirigen el comedor comunitario han instituido una estricta política de higiene. Se cambian la ropa de calle y se ponen máscaras nuevas antes de entrar. La comida la sirven en envases desechables y la entregan a través de una ranura en la puerta. La organización cuenta con fondos de la ciudad, pero necesita de donaciones privadas para satisfacer toda la demanda que tiene, la cual se ha cuadruplicado desde que comenzó la pandemia. Unas 450 personas hacen fila todos los días para obtener su ración. Las mujeres que quieren ayudar, pero no pueden salir de sus casas, contribuyen cortando verduras en sus hogares.
"Solía tener miedo, pero después de lo que le pasó a Ramona, ya no lo tengo. Si me voy a infectar, bueno, pues me voy a infectar y ya. Pero esto que vivimos en el barrio, de alguna manera, nos están matando", dijo Ramos. "Porque si no alimentamos a estas personas, van a morir de hambre".
Ya hay agua de nuevo en Villa 31. La antigua casa de Medina fue tapiada y su familia se mudó a una vivienda provisional hasta que les entreguen una nueva unidad que forma parte de un plan de revitalización de la ciudad. Las autoridades también incrementaron las pruebas y el aislamiento de residentes infectados en el barrio; el número de casos nuevos se ha reducido significativamente. Pero estos sectores siguen sufriendo apagones, dijo Ramos. Y hay otras necesidades que no están siendo cubiertas.
"¿Por qué fue necesario que muriera Ramona para que reubicaran a las personas? ¿Por qué fue necesaria su muerta para que llegara agua a estas casas? ¿Por qué?", preguntó Ramos. "Nunca vamos a encontrar la respuesta".
Mariana Viegas, científica
Mariana Viegas vive y respira enfermedades respiratorias.
Cuando comenzó a correrse la voz en enero de que un nuevo coronavirus había sido detectado en China, la bioquímica y viróloga acudió de inmediato a su equipo en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires.
"Dije, esto se dispersará por todo el planeta y tenemos que estar preparados", nos dijo Viegas. "Si el virus llega a Argentina, ¿cómo lo vamos a investigar?".
El equipo de seis mujeres científicas eligió una estrategia para secuenciar el genoma del virus y obtener información vital que podría ayudar en el desarrollo de una vacuna y medicamentos para combatirlo. "Todas nos pusimos nuestras batas de laboratorio, tomamos unas pipetas y pusimos manos a la obra hasta encontrar las primeras secuencias", dijo Viegas.
Y las encontraron: en abril, el equipo logró secuenciar el genoma de las cepas de coronavirus de 26 pacientes en el área de Buenos Aires. Las muestras seleccionadas se clasificaron en tres categorías: viajeros argentinos que habían "importado" el virus desde otra parte del mundo; personas que habían estado en contacto cercano con los viajeros que habían contraído el virus en el extranjero; y personas que aparentemente no tenían una conexión con alguien con el virus.
“No encontramos ningún virus que fuera exactamente igual en todos. Encontramos un virus con diferentes características genéticas. Un virus con pequeñas diferencias entre cada uno", dijo Viegas.
"Esto último es bueno. Es importante porque saber que este virus no varia mucho, a pesar de su alta transmisibilidad y la forma en que se está propagando por el mundo, significa que una vez que tengamos una vacuna, esa vacuna probablemente será efectiva contra todos los virus que circulan en el mundo", agregó.
El trabajo del equipo es parte de un esfuerzo mundial para reunir la mayor cantidad de datos posible sobre el COVID-19. Sus hallazgos se comparten en una base de datos pública internacional. Viegas también encabeza un esfuerzo nacional para secuenciar los genomas de 1,000 pacientes de toda Argentina con coronavirus.
Ha sido un momento estimulante para las científicas que forman el equipo de Viegas (es una coincidencia que todas sean mujeres). Viegas también es académica universitaria y recuerda haber impartido conferencias sobre pandemias, sin imaginar que lo teórico saltaría de la página a la realidad.
"Cuando tu especialidad son los virus respiratorios y, de repente, esto surge y comienza a propagarse de esta manera, y lo que tú haces realmente puede ayudar a combatirlo, es increíble", dijo Viegas.
"Aunque es terrible lo que le está sucediendo a la humanidad, porque realmente es terrible, lo veo desde la perspectiva positiva de mi pasión".
Sandra Vázquez, practicante de abortos
En un baño con el agua de la regadera cayendo. Estando sola en un auto. En la calle, con el pretexto de salir rápidamente a la tienda. Estos son los lugares donde las mujeres argentinas, a mitad de una pandemia mundial y con órdenes de quedarse en casa, han encontrado privacidad para preguntarle a Natalie Alcoba acerca de un aborto.
El confinamiento obligatorio que se ha prolongado durante meses ha traído nuevas dificultades para acceder a un servicio que ya de por sí es muy polémico.
El aborto sigue siendo ilegal en Argentina, excepto en los casos de violación o cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo.
Casa Fusa, un centro de salud sin fines de lucro que brinda una gama de servicios entre los cuales están los abortos legales en la ciudad capital de Buenos Aires, ha visto una disminución de entre 30 y 40% en su número de pacientes durante la pandemia. Las mujeres están llegando con embarazos más avanzados, dijo la Dra. Sandra Vázquez, directora ejecutiva de la instalación, quien atribuye esto en parte al temor de contraer la enfermedad.
Esta situación va más allá del aborto.
"Hay muchas más muertes por otros padecimientos, debido a que las personas con afecciones crónicas no están recibiendo tratamiento. Entonces, ya te puedes imaginar a las mujeres que están en busca de píldoras anticonceptivas", dijo Vázquez. “Son mujeres que van a quedar embarazadas. Ellas pueden intentar acceder a un aborto en condiciones peligrosas en sus hogares, y esto nos preocupa".
Su centro de salud ha instituido un enfoque novedoso para facilitar el acceso al aborto: un servicio de entrega de misoprostol, el medicamento administrado aquí para abortos médicos. Después de una sesión de consulta por videollamada, el medicamento y las instrucciones son entregados en motocicleta. La paciente firma un formulario de consentimiento, que luego se devuelve a Casa Fusa en motocicleta también.
En Casa Fusa, prácticamente cualquier situación puede considerarse como un requisito legal para la autorización de un aborto; la amenaza a la salud de una mujer no necesariamente debe ser de tipo físico, puede ser de tipo mental o social, dijo la Dra. Vázquez. Esto de acuerdo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud de Argentina, que utiliza la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Pero no todas las provincias han adoptado ese protocolo, y las mujeres se encuentran con muchos obstáculos cuando buscan efectuarse el procedimiento. El gobierno estima que entre 370,000 y 522,000 abortos ocurren cada año en Argentina, la gran mayoría de manera clandestina.
El gobierno nacional considera los abortos legales como servicios esenciales durante la pandemia, por lo que emitió una guía sobre cómo realizar un aborto con medicamentos en el hogar. Pero Vázquez dijo que la realidad es diferente en la práctica. "En las provincias donde siempre ha sido difícil acceder a un aborto, el COVID es la excusa perfecta para no practicarlos", dijo Vázquez.
Y aunque Casa Fusa se ha adaptado a los nuevos tiempos, algo se ha perdido en el proceso.
"Antes, las pacientes estaban frente a nosotros y nos tomábamos de las manos. La mujer lloraba o reía. Tú podías demostrarle que entendías por lo que estaba pasando", recordó Vázquez. "Ahora es algo completamente diferente".
Stella Maris Morales, líder indígena
Stella Maris Morales es organizadora comunitaria y artesana, vive en el norte de Argentina, al borde de la extensa región boscosa llamada Gran Chaco.
Ella toca el n'vique, un instrumento de cuerda de arco hecho de una caja de hojalata que es característico de su cultura, la Qom, una de las comunidades indígenas más grandes de Argentina.
Pero en medio de la pandemia, Morales ha dejado de lado el instrumento para enfocarse en ir de puerta en puerta, ayudando a los médicos a realizar controles de salud mientras trabajan para contener el brote de COVID-19.
Con una población de poco más de 1 millón, la provincia de Chaco ha registrado el tercer número más alto de infecciones en Argentina, con más de 2600 casos, quedando solo detrás de la ciudad capital de Buenos Aires, que está mucho más densamente poblada, y de la provincia de Buenos Aires. Morales, de 44 años, vive en Gran Toba, una comunidad de unas 4800 personas en las afueras de Resistencia, la capital de la provincia.
La gran mayoría de las personas en Gran Toba vive al día, en su mayoría como artesanos, y la pandemia ha agregado una nueva capa de incertidumbre a su supervivencia. Morales estimó que el 80 por ciento de su vecindario ahora está desempleado.
Durante la pandemia, Morales y un puñado voluntarios han actuado como guías de los médicos que no están familiarizados con la comunidad. En algunos casos, son traductores para personas que no entienden español y hablan en su idioma indígena.
"Cuando comenzaron las infecciones sufrimos mucha discriminación y amenazas", dijo. "La gente decía que éramos indios, que no nos quedábamos en nuestras casas. Que era nuestra culpa que la pandemia siguiera avanzando. Eso es lo que decían. Nos amenazaban con prendernos fuego".
En mayo, se volvió viral un video de policías allanando la casa de una familia Qom y golpeando brutalmente a sus miembros, esto muy cerca de Resistencia. Este incidente provocó la indignación no solo de todo el país, sino también de su presidente. Ahora, cuatro oficiales enfrentan cargos criminales.
“No puedes salir del vecindario porque te miran con desaprobación absoluta. Lo vemos y lo sentimos", dijo Morales, quien ha pasado décadas exigiendo que el gobierno les brinde oportunidades de capacitación laboral, especialmente a los jóvenes.
Las autoridades provinciales y nacionales intensificaron los esfuerzos para contener el virus con más pruebas, desinfección y asistencia alimentaria. También se han comprometido a construir nuevas viviendas. Morales dijo que al menos 167 casos de COVID-19 y 19 muertes se registraron en su comunidad, incluido el querido músico de Qom Juan Rescio. La mayoría de las personas se han recuperado, pero el hambre y las necesidades básicas siguen siendo un problema importante.
"Soy pobre pero sé cómo sobrevivir en el día a día. Estoy más preocupada por otros hermanos que realmente no tienen nada, y los niños y los ancianos. Intento llevarles comida y algo de leche para los niños. Muchas familias solo comen una vez al día", dijo. "Espero que nuestras voces sean escuchadas. Que la gente realmente vea cuáles son las necesidades".
Zoe López García, líder de un refugio para mujeres trans
Una sirena color turquesa de pinado esponjoso y un tren de corazones conducen a una puerta que generalmente está abierta en Buenos Aires.
"El Hotel Gondolín es el refugio de las mujeres trans aquí", dijo Zoe López García, líder y residente por muchos años del hotel.
El edificio azul con una sirena pintada en su fachada ha acogido y protegido a la gente desde la década de 1990, cuando las mujeres trans denunciaron las rentas exorbitantes que tenían que pagar y finalmente tomaron el control de las instalaciones. Las residentes a menudo provienen del norte de Argentina, donde enfrentan mayores niveles de persecución.
"Les abrimos nuestras puertas y les damos una cama. Llegan aquí, y entonces su camino comienza a ampliarse", dijo García, conocida cariñosamente como la 'tía Zoe' y presidenta de la asociación que dirige la casa desde 1998.
Décadas de activismo han asegurado avances importantes para la comunidad trans en Argentina, pero sigue siendo uno de los sectores más marginados de la sociedad. Durante la cuarentena obligatoria, se han enfrentado a desalojos y hostigamiento policial, y han luchado por acceder a la asistencia médica y los subsidios para vivienda.
"Hoy, la mayoría de las personas travestis y trans se encuentran sin ingresos y viviendo en la pobreza. La situación es crítica", decía un comunicado de la Mocha Celis, una escuela para personas trans, y del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de derechos humanos con sede en Buenos Aires. (La comunidad trans de Argentina se ha reapropiado del término travesti, considerado peyorativo en otras partes de América Latina, y muchas personas lo usan para identificarse).
El Hotel Gondolín es un refugio de las dificultades. Sus residentes no pagan alquiler y juntan su dinero para cubrir impuestos y alimentos. Cocinan juntos y obtienen la atención médica que necesitan. Con máquinas de coser donadas, han estado haciendo mascarillas faciales para generar ingresos adicionales. Disponen de paquetes de atención para las mujeres que tocan a su puerta y tienen vínculos con organizaciones de ayuda que pueden proporcionarles alimentos u otro tipo de asistencia.
"De esa manera tenemos una cadena de solidaridad", dijo García. "Siempre estamos pensando en las chicas que están afuera, porque estamos bien apoyadas aquí".
Aún así, dijo que lo que falta son políticas que garanticen el trabajo formal.
"En la pandemia, nunca hablan de las minorías sexuales, como las mujeres trans. Muchas de nuestras amigas sobreviven del trabajo sexual, y esto las ha afectado mucho a todas", dijo García. "Cuando las cosas comiencen a volver a la normalidad, les va a seguir afectando".
En Gondolín siempre han puesto énfasis en la educación, y es algo que García señala ahora, que incluso en un "año perdido" las residentes continúan estudiando y preparándose para el futuro.
Eso es lo que Paloma Victoria Mamani pretende hacer. Originaria de Bolivia, Mamani, dijo que le fue difícil adaptarse a la vida de la gran ciudad hace tres años. La joven de 30 años recurrió por primera vez al trabajo sexual para sobrevivir. Después, Mamani consiguió un trabajo como personal de limpieza en la Mocha Celis, y desde entonces ha estado completando su educación primaria.
"Decidí quedarme porque me siento más libre aquí".
Natalie Alcoba https://ift.tt/2WH5fbX
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