La primera vez que Alejandra denunció a su ex marido, los servidores públicos le dijeron que volviera a su casa, que era un pleito de casados, que no había nada por hacer. La segunda vez que denunció, le dijeron que lo detendrían. Sin embargo, horas más tarde él regresó a su casa y amenazó con matarla.
“Llegó burlándose de mí y me dijo: ‘denuncia. Vuelve a intentarlo y yo te mato a ti, a tus hijos y al que se ponga enfrente’”, cuenta Alejandra, “No supe por qué lo dejaron salir, él decía que con dinero todo es posible. Así que dejas de confiar en las autoridades, las personas que se supone deben ayudarte, no lo hacen”.
Alejandra, nombre ficticio por petición de anonimato, sufrió violencia intrafamiliar durante seis años. Su historia se repite en México. El 43.9 por ciento de mujeres mayores de 15 años han sido violentadas por sus parejas en algún momento de la relación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI.
La violencia iba en aumento: Golpes. Amenazas. Ofensas. Discusiones. Para tomar la decisión de irse, Alejandra cuenta que no era suficiente estar en otra casa o recurrir a sus familiares. Debía permanecer al lado de sus hijos, alejada de todos, segura en el anonimato.
Y así vivió durante cuatro meses y medio en un refugio de mujeres.
“Desde el primer momento que llegué pude dormir y comer tranquila, sin la angustia de que llegara mi agresor. Pude ver a mis hijos dormir en calma y eso para mí es muchísimo. Pude estar en paz”, cuenta.
El pasado 23 de febrero, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no se transferirían recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a asociaciones civiles. Cinco días antes se había anunciado la cancelación de una convocatoria de la Secretaría de Salud para la asignación de subsidios a refugios de mujeres. Diputadas, periodistas y activistas señalaron la decisión como preocupante, otras la llamaban violenta o misógina.
A principios de marzo, López Obrador informó un cambio: se otorgaría presupuesto pero entregado directamente a las mujeres. Una vez más continuaron los señalamientos argumentando que sólo se lograría exponer a las víctimas.
“Que te den el dinero en lugar de ayudar, te pone en peligro. ¿Quién te garantiza ayuda cuando tu agresor está ahí contigo? Tienes dinero, te lo quita, te golpea”, comenta Alejandra.
La decisión más reciente del gobierno federal indica que no se retirarán los recursos pero la vigilancia de los refugios es trabajo del Estado.
“Existe desdén, incertidumbre y desconfianza demostrada por el presidente hacia las organizaciones de la sociedad civil. Es grave porque está generalizando cuando nosotras (las organizaciones) somos parte de la democracia del país”, dice Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), “Y qué decir sobre el informe de sus 100 días de gobierno donde se demuestra una ausencia de las mujeres en su agenda política. No nos mencionó”.
Alejandra vivió en uno de los 41 refugios que conforman la RNR, ahí recibió terapias individuales y grupales, atención de trabajadoras sociales y enfermeras, apoyo legal para divorciarse de su agresor y escuela para sus hijos.
“En los refugios hay la confianza de platicar qué sientes o qué quieres. Ahí no te dicen ‘no tengo tiempo’, ‘venga otro día’, ‘haga cita’”.
La directora de la Red Nacional de Refugios comenta que estos espacios tienen tres enfoques: el intercultural, que se relaciona con identificar las zonas, las regiones y las características particulares de cada caso; el de perspectiva de género, y el de mantener una alianza con los tres niveles de gobierno sin atentar contra la confidencialidad y protección de las víctimas. Enfoques que considera que la actual administración no podrá mantener de la misma manera al homologar los modelos de atención en los centros como planea.
“El modelo Puerta Violeta que nos propone el gobierno es como un centro de justicia, y sabemos que en México se ha invertido mucho en los centros de justicia donde deberían dirigir a las víctimas a los refugios pero cómo garantizamos que estos espacios operen como se debe”, expone Wendy Figueroa. Para ella se deben plantear políticas efectivas en protección, además de una visibilización de las mujeres en la agenda política.
Para Alejandra los refugios que operan en la RNR desde hace casi 20 años son los indicados. Tras vivir cuatro meses y medio en uno ha podido reincorporar parte de su vida con un trabajo que le permite solventar los gastos de sus hijos.
“Puedo asegurar que miles de mujeres han vivido lo mismo de ir a denunciar, poner la confianza en las autoridades y no ser ayudadas. Si hubiera sabido que había espacios como estos, habría pedido apoyo desde antes. Aquí he aprendido a decir que no cuando se debe decir no, y a pedir auxilio cuando se debe pedir auxilio”.
Patricia Ramírez https://ift.tt/eA8V8J
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