Artículo publicado por VICE México.
La carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas dio un vuelco hace más de una década. El 11 diciembre del 2006 se enteraron, por boca del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, que el país estaba en guerra y que ellos serían los encargados de combatir el crimen organizado y erradicar el narcotráfico de México. Entrenados para la batalla, soldados y marinos salieron de los cuarteles armados hasta los dientes, pero a cumplir un trabajo de policías e investigadores. El resultado: una pesadilla de la que todavía no podemos despertar.
En las 204 recomendaciones por violaciones graves que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió a instituciones de seguridad entre 2007-2017, las Fuerzas Armadas han estado involucradas en 148 (113 el Ejército y 38 la Marina –la suma es superior al total porque más de una autoridad estuvo inmiscuida en algunos casos–). Los integrantes de la milicia han violentado a civiles durante la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), mil 069 personas han sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas del orden. En el informe Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017), basado en expedientes de la CNDH, la Organización no Gubernamental explica que hay 929 personas víctimas directas de asesinato o que sufrieron desaparición forzada, tortura y malos tratos. En este desglose, 91 fueron víctimas de asesinato, 94 lo fueron de desaparición y 389 de tortura debido al actuar específico de miembros del Ejército y la Marina.
En un caso paradigmático, tuvieron que pasar nueve años para que el gobierno asumiera la responsabilidad del asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, el 19 de marzo de 2010, en medio de un tiroteo entre hombres armados y miembros del Ejército. Esto sucedió durante el mandato de Felipe Calderón. En un acto de revictimización, las autoridades los catalogaron como sicarios y alteraron la escena del crimen.
Este martes 19, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió perdón a los deudos a nombre del Estado mexicano y limpió la memoria de las víctimas. “Les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos, en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida sus hijos por los elementos del Ejército Mexicano. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos. Jorge Antonio y Javier Francisco eran estudiantes de excelencia, no sicarios”.
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Armas de fuego, primer causa de muerte
Al margen de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por sus tropas, la guerra contra las drogas también fue perjudicial para la milicia mexicana. En más de 12 años de guerra contra el narco han muerto 543 personas integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea. A ellos habría que sumar 54 marinos muertos en el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a una investigación de El Economista, y 152 durante el periodo de Enrique Peña Nieto, según el portal Defensa.
En total: 749 miembros de las Fuerzas Armadas perdieron la vida en el combate al crimen organizado durante los dos sexenios pasados.
Son personas, al igual que las víctimas de la violencia, que tampoco pidieron una guerra y a quienes una estrategia de seguridad fallida les quitó la vida. En el 70 por ciento de los casos se trataba de soldados y cabos, los dos rangos más bajos en las tropas militares y los de menores ingresos mensuales.
De acuerdo con la relación de personal fallecido durante la guerra contra las drogas, uno de cada dos militares muertos fue por una agresión con arma de fuego. Los datos de la Sedena analizados por VICE muestran que en 15 casos también murieron a causa de un arma de fuego, aunque la muerte fue reportada como accidente. Además, los reportes oficiales señalan que 31 militares fueron asesinados directamente.
El norte, zona de guerra
En México la guerra contra las drogas continúa causando estragos. Directa o indirectamente, a muchos les han asesinado a un familiar, amigo, colega o conocido. Aunque, por la naturaleza de las operaciones antidrogas, hay estados de la república donde la guerra se vivió más en las calles que por televisión.
Los escenarios más mortíferos para las fuerzas armadas son Guerrero, donde se libra una lucha por la amapola desde hace años y han muerto 55 militares; Michoacán, tierra en donde los enfrentamientos entre el crimen organizado, fuerzas federales y autodefensas terminó con 57 militares muertos y Sinaloa, el bastión del cártel homónimo, donde el Ejército perdió a 67 de sus miembros.
Esos tres estados suman 179 militares sin vida, pero ninguno es tan peligroso para las fuerzas castrenses como Tamaulipas. En la entidad fronteriza, hermanada con Texas, Estados Unidos, se vivió una guerra abierta de tres frentes: el Ejército, apoyado de las policías locales y federales; al cártel del Golfo y el cártel de los Zetas. El resultado fue que en doce años murieron 131 personas adscritas a las fuerzas armadas, principalmente cabos y soldados en el municipio de Reynosa.
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La primera agresión con arma de fuego que les costó la vida a un militar durante la guerra contra las drogas fue precisamente en territorio tamaulipeco, en Nuevo Laredo. El 10 de enero del 2007 el conflicto comenzó a encrudecerse con el asesinato de un sargento segundo. Era conductor y pertenecía al regimiento de caballería motorizado de la ciudad.
Con su muerte se desencadenaron otras 271 de integrantes de la milicia en 12 años en todo el país. La última registrada también ocurrió en Tamaulipas, pero en Nueva Ciudad Guerrero. Ahí murió un cabo que daba servicio en área de sanidad dentro del regimiento de caballería motorizado.
Tamaulipas es el estado donde se presentaron más ataques con arma de fuego contra integrantes del Ejército: Fueron 93 personas muertas. Mientras que en Sinaloa se contabilizaron 30, en Guerrero 24 y en Michoacán 23 personas fallecidas, de las que fríamente llaman bajas en acción.
Emboscadas grupales
Los informes oficiales también indican que hubo 15 ataques grupales, con al menos tres integrantes de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida. Por ejemplo, el 1 de mayo del 2007, cinco miembros del batallón de infantería fallecieron en medio de un ataque en Carácuaro, Michoacán.
En otro episodio de violencia similar ocurrido el 13 de noviembre del 2011, los cuatro miembros de una tropa de fuerzas especiales y soldados de infantería perdieron la vida durante un ataque en Ciudad Mier, Tamaulipas.
Episodios de asesinato grupales contra integrantes de la milicia como estos se repitieron en los municipios de Culiacán, Mocorito y Guasave, en Sinaloa; Torreón, Coahuila; Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas; Quecholac, en Puebla; Coyuca de Catalán y Técpan de Galena, en Guerrero.
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En los reportes de la Sedena dan cuenta del ataque que sufrieron las Fuerzas Armadas en Casimiro Castillo, Jalisco, el 1 de mayo del 2015. En aquella ocasión, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribaron un helicóptero y asesinaron a ocho militares. Las personas fallecidas eran un equipo de élite formado por las fuerzas especiales y el escuadrón aéreo, quienes habían sido enviados a la zona como parte de la Operación Jalisco.
Se los llevó la corriente: muerte sin balas
La forma en la que los militares murieron durante las operaciones antinarcóticos es un relato propio de una guerra que tampoco les fue consultada y padecieron. Los informes de la Sedena analizados por VICE muestran que en más del 50 por ciento de los casos estuvo involucrada un arma de fuego, pero el otro 50 por ciento de las muertes no está relacionado propiamente con una balacera.
El mismo día que el gobierno federal, en voz de los secretarios de Gobernación, Defensa, de la Marina y de Seguridad Pública, anunciaron el despliegue de soldados, marinos y policías como parte de la Operación Conjunta Michoacán, un soldado del Ejército mexicano murió en el municipio de Aquila.
La persona fallecida era un soldado arma blindada y pertenecía al regimiento blindado de reconocimiento. Su muerte se produjo sin armas de por medio, ya que murió ahogado en las primeras acciones en territorio michoacano y no fue el único que pereció de esa forma. A lo largo de la guerra contra las drogas, 14 personas del Ejército y Fuerza Aérea también murieron ahogadas en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango, Jalisco y Guerrero.
Durante las operaciones, los soldados también han enfrentado al rigor de la naturaleza, como soportar las lluvias en la selva del sur o el sol de la sierra. En 2017, en el municipio de San Miguel Totoloapan, Guerrero, un batallón integrado por ocho personas de la Policía Militar no pudo contra la fuerza de un río crecido por la tormenta y murió arrastrado por la corriente.
En otra ocasión, en 2007, un soldado de infantería murió deshidratado en Badiraguato, Sinaloa. Dos años después, también en Sinaloa, pero en el municipio de Bacubirito, un soldado de artillería corrió la misma suerte y murió por un golpe de calor, lo mismo que un cabo en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
En los informes la Sedena también informa que nueve militares que murieron atropellados y ocho perdieron la vida por culpa de una caída. Cuatro soldados, entre ellos un cadete de la Fuerza Aérea, murieron debido a una descarga eléctrica, mientras que un teniente murió en Atlixtac, Guerrero, por intoxicación. Todos estos incidentes sucedieron siempre en medio de trabajos antidrogas.
Los de abajo siempre pierden
Los documentos analizados por VICE indican que el 44 por ciento de las personas que murieron durante operaciones en contra del narcotráfico eran soldados, el puesto de menor rango en la escala militar y con un sueldo que apenas rebasa los 10 mil 300 pesos mensuales. Ellos son quienes van al frente en las misiones de reconocimientos y en los enfrentamientos directos con grupos armados.
Además de los 236 soldados que murieron, también perdieron la vida 136 cabos, que están apenas un escalafón por encima de los soldados en el rango militar, con un salario mensual de 10 mil 800 pesos. También aparecen los 75 sargentos de segundo y primer grado fallecidos, quienes en vida tuvieron sueldos que no rebasaban los 12 mil mensuales.
Entre los fallecidos también aparecen personas con puesto de oficiales, como los 17 subtenientes, con ganancias de 14 mil pesos y 46 tenientes cuya nómina llegaba por 17 mil pesos. Además de los 17 capitanes de segundo grado y tres de primer grado, quienes ganaban 27 y 29 mil pesos, respectivamente.
Las personas que perdieron la vida con puestos de jefes y generales son las menos en este listado y las que más perciben en la lista de salarios militares. En los registros aparecen tres elementos con el puesto de mayor, con 34 mil mensuales, cinco que llegaron a teniente coronel y ganaban 44 mil, junto con tres coroneles cuyas ganancias superan los 65 mil pesos al mes.
Más de 67 mil desertores ¿a dónde se fueron?
A decir de Martín Gabriel Barrón, doctor en ciencias penales y política criminal, la guerra dañó mucho a las Fuerzas Armadas y habría que preguntarse por la cantidad de personas que desertaron o causaron baja del Ejército a lo largo de la guerra contra el narco. “¿Cuál es el destino de estos miembros? ¿Dónde están? ¿Dónde se incorporaron?”, se cuestiona el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
De acuerdo con la relación del personal dado de baja de la Secretaría de la Defensa, entre 2006 y 2018 más de 178 mil elementos de las fuerzas armadas causaron baja. De esa cantidad, 2 mil 500 bajas son por defunción. Sin embargo, la mayoría son deserciones (67 mil 500) y por no pasar revista correspondiente (46 mil 600).
“Si piden baja, necesariamente dependiendo del tiempo y la antigüedad que tenga, corresponde una pensión o un ingreso de las Fuerzas Armadas y tendríamos que saber dónde están esas personas. El problema es la deserción, porque no hay control sobre dónde están esos miembros que desertaron de las Fuerzas Armadas”, explica a VICE el especialista en procesos de militarización en México, sobre la falta de registros por parte de la Sedena.
Barrón considera que para muchos el mundo del narcotráfico puede resultar atractivo, en un contexto de pobreza y precariedad, especialmente los de menor nivel militar. Tan solo entre 2006 y 2018 han desertado más de 60 mil 800 soldados del Ejército, los de menor rango y salario, que significan el 90 por ciento del total de militares que desertaron durante la guerra contra las drogas.
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