Artículo publicado por VICE México.
En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, tres empresas acapararon 60.7 por ciento de las compras de medicamentos realizadas por la administración federal. Sólo en 2018, estas compañías obtuvieron 35 mil 500 millones de pesos, una cifra similar a las irregularidades encontradas en las arcas de Veracruz en tiempos del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
De acuerdo con la localización de contratos en Compranet y la información pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fármacos Especializados S.A. de C.V, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (Dimesa) y Farmacéuticos Maypo S.A. de C.V. se llevaron por lo menos 2 mil 291 convenios para proveer a 50 instituciones y dependencias de la administración federal.
Se vivía el epílogo del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en el sector salud se impuso el desabasto de medicamentos, la infraestructura inservible, la falta de atención, así como la insuficiencia de médicos que llegó a ser –según la Secretaría de Salud– de tres por cada dos mil habitantes, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de entre dos o tres por cada mil ciudadanos.
México se preparaba para el proceso electoral más grande de su historia por el número de cargos a elegir –3 mil 400–, entre ellos, la Presidencia de la República. Peña Nieto cerraba su gobierno con una evaluación reprobatoria que jamás en la historia había tenido otro Primer Mandatario, desde que en 1994 se empezó a medir la aceptación de la gestión del Ejecutivo federal. Ninguna encuesta le daba más de 20 puntos porcentuales, una cifra deplorable que meses antes fue más crítica, de apenas 10 puntos.
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Pese a todo, para los grandes proveedores del gobierno federal no fue, precisamente, un año de pérdidas. Por lo menos eso muestran los números de la compra de medicamentos. Fármacos Especializados tuvo 19 mil 756 millones 112 mil 415 pesos, lo que significó 18.4 por ciento de toda su venta durante el sexenio, que fue de 106 mil 813 millones 300 mil pesos. El monto para Dimesa fue de 9 mil 238 millones 986 mil 415 pesos, lo que significó 26.68 por ciento de los 34 mil 620 millones 400 mil pesos que percibió durante los seis años en los que Peña Nieto estuvo en el poder. Y Fármacos Maypo concentró 6 mil 504 millones 770 mil 471 pesos, que fue 18.50 por ciento de los 35 mil 149 millones 300 mil pesos que percibió durante toda la administración.
Miles de millones en contratos opacos
En la muestra de contratos revisada por VICE, los tres más grandes los otorgó el IMSS y se los llevó Grupo Fármacos Especializados. El mayor, por 3 mil 520 millones 101 mil 495 pesos, lo obtuvo en una licitación pública. Los otros dos –de 2 mil 567 millones 227 mil 681 pesos y mil 107 millones 130 mil 619 pesos– los tuvo por adjudicación directa.
Las otras dos empresas también tuvieron contratos por miles de millones de pesos, también otorgados por el IMSS. El mayor de Dimesa fue por 2 mil 531 millones 785 mil 805 y el de Fármacos Maypo por mil 552 millones 451 mil 774 pesos.
En 2018, el mayor comprador de medicamentos fue el IMSS con 50 por ciento de los contratos, luego el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 30 por ciento. El resto se divide entre la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, hospitales regionales y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
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Los contratos localizados en Compranet, la página donde el gobierno está obligado a publicar sus compras de acuerdo con la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tienen un denominador: no están completos. Así, se desconoce en cuánto vendieron las unidades y qué cantidades fueron compradas; además de si hubo mejores precios por parte de otros competidores.
Huachicoleo de medicamentos
Las compras de medicamentos del gobierno están muy distantes a los datos contenidos en el informe que, en mayo de 2018, la Secretaría de Salud le envió a la Cámara de Diputados: seis de cada diez medicinas en el territorio nacional son robadas, caducas, falsificadas, recuperadas o elaboradas sin requerimientos de calidad. Lo peor es que ocho millones de mexicanos con dificultades económicas recurren a esta oferta ilícita; sobre todo en Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México.
Un cálculo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, contenido en el informe de la SSA, indica que el comercio ilegal de medicamentos (huachicoleo de medicinas) le deja al crimen organizado ganancias de más de 11 mil 500 millones de pesos al año. La evaluación al respecto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es que las pérdidas pueden ascender a 150 millones de dólares, unos 2 mil 850 millones de pesos.
Durante el sexenio de Peña Nieto se decomisaron volúmenes históricos de fármacos piratas. El registro en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) arroja el realizado en 2013 en Zapopan, Jalisco –donde 166 toneladas de medicinas fueron incautadas–, además de otros dos en 2017, uno de 11 toneladas de medicinas caducas y 47 pruebas de VIH sin registro, y otro de 95 mil 631 piezas de medicamentos falsos en Tepito.
La vuelta de la tuerca
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se planea darle un giro a este panorama. Para el año en curso realizará una adjudicación directa y licitación internacional para garantizar el abasto de medicamentos y materiales de curación en el país. Según la dependencia, así se reducirán al máximo las fugas e irregularidades que afecten las finanzas y comprometan el abasto oportuno y eficiente de los insumos.
Lo anterior, según el anuncio del presidente en su conferencia de prensa de la mañana del 10 de diciembre del año pasado, no ocurrirá hasta que se inicie el segundo semestre de este año en aras de inhibir cualquier acto de corrupción. Así, estos días transcurren con la misma crisis del año pasado, sin que se reporten modificaciones en la carencia de medicamentos, camas o médicos.
Posteriormente, durante su discurso por los 100 días de gobierno (11-03-19), López Obrador se volvió a referir a las irregularidades en la compra de fármacos por parte del Sector Salud: “El gobierno en su conjunto compró el año pasado 93 mil 885 millones de pesos en medicinas y materiales de curación, casi 100 mil millones de pesos, a un grupo muy reducido, por cierto, de proveedores. Tan sólo el gasto en medicamentos y material de curación adquirido por el ISSSTE y el Seguro Social significó en 2018 una erogación de 54 mil 940 millones de pesos, que fue suministrado en un 63 por ciento por sólo tres proveedores. Pero lo peor es que los centros de salud y hospitales no existe abasto suficiente de medicamentos. A causa de la corrupción que ha imperado en este sector, sobre todo, insisto, en la compra de medicinas, el servicio que hoy se ofrece en centros de salud y hospitales es de pésima calidad; y estoy consciente que es uno de los problemas más importantes que tenemos y que vamos a resolver más temprano que tarde”.
Semanas atrás, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Salud, Santiago Nieto Castillo, informó que la oficina a su cargo abrió 50 carpetas de investigación sobre presunta corrupción en la compra de medicamentos del Sector Salud.
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Unos días después, en su conferencia matutina del viernes 22 de marzo, López Obrador afirmó que será en esta semana que corre cuando se den a conocer los nombres de empresas involucradas y posiblemente de funcionarios: “Le voy a pedir al director de Inteligencia Financiera que les informe sobre esto la semana que viene y sobre otros temas, o sea, todo lo que se sepa sobre presuntas irregularidades, que se dé a conocer, para que no sólo esté en las instancias judiciales, sino también en la opinión pública, nada más cuidando lo del debido proceso”.
Son días clave para la resolución de esta madeja de miles de millones de pesos sobre un caso de presunta corrupción en el que estarían involucrados funcionarios del sexenio anterior. “Había, cuando menos, omisión”, sentenció López Obrador el 6 de marzo.
* Nota de la Redacción: Fármacos Especializados S.A. de C.V es propiedad de Francisco Pérez Fayad; Farmacéuticos Maypo S.A. de C.V. le pertenece a Carlos Arenas; y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V (Dimesa) tiene por dueño a Alejandro Álvarez.
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