Artículo publicado por VICE Argentina
A fines de 2013, Patricia Pines entró a la página del Gobierno de la Ciudad para revisar la inscripción de su hijo de siete meses al jardín y vio la frase “En lista de espera”. Pensó: esto no puede estar pasándome. Quince días después de que su hijo naciera, su madre había muerto. ¿Qué iba a hacer? ¿Con quién iba a dejar al bebé? Su padre había fallecido el año anterior. Ella y su marido, los dos maestros, trabajaban todo el día. Durante tres noches, no pudo dormir. Pensaba que iba a tener que renunciar, pensaba que no iba a cobrar más su sueldo, pensaba que no iba a tener para comer, pensaba que todo lo que la sostenía empezaba a resquebrajarse. En Facebook encontró un grupo que se llamaba “No a la inscripción online”. Se contactó con otras madres y, juntas, decidieron hacer algo: protestar. Fueron a la televisión, dieron notas en los diarios, salieron en todos los lugares donde podía salir. A los pocos días, Patricia consiguió una vacante, pero eso no la detuvo. Armó unos afiches que pegaron en las puertas de los jardines y en los postes de algunas plazas. “Si te quedaste sin vacante en la escuela pública, comunicate con nosotros”. Abajo, sus celulares.
Cada tarde, al salir de la escuela, prendía el teléfono y veía decenas y decenas de llamadas perdidas. Uno por uno, toda la tarde, los respondía: “hola qué tal”. Se dio cuenta, no podía seguir así. Repetir lo mismo decenas de veces, armaron un instructivo y lo subieron a Facebook: crearon un grupo “Vacantes para todxs en las escuelas públicas”.
Cinco años después, en un café del barrio porteño de Congreso, Patricia cuenta que el grupo que empezó con tres integrantes hoy supera los 11 mil. “Nos fuimos dando cuenta de que la gente está muy acostumbrada a aceptar el ‘no’ como respuesta. Muchos padres no entienden cómo es el sistema o se desaniman cuando van a anotarlos y en la escuela les dicen que no hay vacantes ni posibilidad alguna de que entren: la idea es brindar las herramientas que fuimos consiguiendo para que otros también aprendan a luchar”.
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En noviembre de 2014, Micaela López Rodríguez huía de Córdoba. Huía, en realidad, de los golpes de su pareja. Llegó a Buenos Aires, a la casa de sus padres, con su hijo León, que apenas tenía 40 días, una muda de ropa y no mucho más. La primera inscripción a los jardines había pasado, ella no sabía que había una segunda; así que consiguió un trabajo en una empresa de telecomunicaciones. No tenía nada que ver con el profesorado de inglés que había estudiado pero le servía para poder contratar una niñera. Durante todo 2015 trabajó nueve horas por día hasta que se dio cuenta de que la plata que conseguía la usaba para pagarle a la empleada. Se dijo: necesitaba conseguir vacante en un jardín público. A fin de año, lo anotó, pero la inscripción no fue muy diferente a la de los más de 12 mil chicos que este año quedaron afuera del sistema de Educación pública. “Lista de espera”.
Escribió un post en Facebook contando lo que le había pasado. Una amiga de la primaria le comentó que había un grupo: “Vacante para todxs”. Se sumó y un poco porque compartían el reclamo y otro poco porque tenían chicos de la misma edad se hizo amigas de otras siete madres. Hicieron un chat de WhatsApp donde hablaban de vacantes, de pañales y de recomendaciones varias. Entendieron: para conseguir que sus hijos entraran al jardín debían tomar medidas concretas. Decidieron organizar una marcha. Pusieron fecha. Unos días antes de la fecha, Micaela recibió un llamado. Un funcionario del Ministerio de Educación le preguntaba si no podían bajar la marcha. “De ningún modo”, fue la respuesta. El mismo día de la marcha, a la mañana, las siete recibieron un llamado. Una a una, habían conseguido la vacante.
“Habíamos conseguido lo que queríamos, pero ¿qué ibamos a hacer? ¿Festejar e ignorar que había otras 12 mil madres como nosotras, desesperadas porque el Estado las abandonaba? ¿Volver a nuestras casas y decir: qué bueno, la saqué barata? Ese día, el día en que conseguimos que nuestros hijos entraran a la Escuela Pública nació La vacante es un derecho”, cuenta Micaela.
A partir de la experiencia que habían transitado, decidieron armar una página web donde compartir el conocimiento.
“Y también una mateada en el Parque Centenario, así nos veíamos las caras. Y, luego, un grupo de WhatsApp para quedar en contacto. Si a nosotros nos funcionó, a otros también les podía funcionar”, explica.
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El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”. Lejos de ocuparse y resolver el problema, a pesar de que desde 2014 reconoce los miles de chicos sin vacantes, año tras año el Gobierno de la Ciudad subejecuta el presupuesto de Educación.
En 2014, el entonces ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, reconoció que por lo menos 7 mil chicos habían quedado sin vacantes. En 2015, tras un pedido de informe en la Legislatura Porteña, el Gobierno reconoció que eran 9,000. El número fue de 11,558 en 2016; 10,480 en 2017 y 10,651 en 2018. En ambos colectivos aclaran que estos números reflejan los casos de quienes fueron anotados y quedaron afuera: “Al evaluar que no tenían chances de entrar, muchos padres desisten de anotarlos”, explican. Patricia Pines dice que a esos más de 12 mil que este año quedarán sin vacante hay que sumarles otros 12 mil que están cursando en los Centros de Primera Infancia (CPI), que no son escuelas sino guarderías que dependen del Ministerio de Desarrollo y Hábitat: para estar a cargo de los chicos, quienes trabajan allí no necesitan título docente y no hay proyecto pedagógico.
Según un informe del Foro por la Educación Pública, el Ministerio de Educación porteño pasó de tener el 25,95 por ciento del presupuesto total de CABA 2007 a un 17,31 por ciento en el proyecto 2019. A esto se le suma que, desde 2013, año tras año, las partidas de infraestructura y mantenimiento vienen siendo subejecutadas. Es decir: no se usa el total del dinero disponible para ese fin.
“Como colectivo, desde 2018 hicimos un seguimiento del plan 30 escuelas”, cuenta Patricia Pines: “De los 30 jardines que se iban a empezar a construir a principios de 2018, hay 11 edificios que todavía no están en obra y hay uno de la comuna 4 (Santo Domingo entre Pepirí y Taborda) que misteriosamente fue quitado del plan”.
Alrededor de las 9, los padres y las madres van llegando a la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad, en Paseo Colón 255. Los padres y las madres llegan temprano. Son 15 adultos y nueve bebés. Algunos de los adultos tienen una pechera blanca: en el centro, un logo verde y rojo, la manito de un bebé agarrando un lápiz. La inscripción: la vacante es un derecho.
Arman un gazebo para tapar el sol. Sentados en el piso, los bebés pintan con crayones. Los padres aplauden. Algunos oficinistas de traje y corbata miran intrigados.
La puerta del ministerio está cerrada con un portón rojo, metálico. Una de las madres, con una bebé en brazos, pega un afiche sobre la puerta: una cartulina roja con la inscripción “No sobran pibes, faltan vacantes”.
—Cada vez que venimos a reclamar algo, lo cierran —dice—. No creo que les den miedo los bebés, así que supongo que se esconden por vergüenza.
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Los dos colectivos trabajan con el Grupo de Litigio Estratégico (GLE), que se dedica a patrocinar personas que no tienen recursos para enfrentar causas judiciales. “Las veces que entramos al Ministerio, nos veían con los bebés y nos apagaban el aire acondicionado. Intentaban que nos fuéramos. Sólo una vez nos recibieron y cuando le empezamos a preguntar por una y otra obra nos decían que nos iban a averiguar, porque no tenían idea de lo que les preguntábamos”, cuenta Patricia Pines y explica que dado que no obtuvieron resultados con el poder Ejecutivo ni con el Legislativo, optaron por el Judicial. Entre ambos colectivos llevan hechos más de 600 amparos. “Como el derecho a la Educación Pública está vulnerado, los recursos de amparo salen uno detrás del otro”, comenta Pines.
“Es todo tan lamentable, que sólo entra a la escuela pública el que lucha”, dice Micaela López Rodríguez.
Ambas coinciden en la perversidad del sistema. Comentan que muchos padres confían en el sistema y entienden que la premisa “En lista de espera” significa eso. Que están esperando y que en algún momento los niños tendrán su lugar. Lo cierto es que en la mayoría de los casos “En lista de espera” quiere decir “Su hijo/a quedó afuera del sistema de educación pública”.
Por otra parte, si bien el GLE realiza los amparos gratis, hay que tener tiempo y energía para ir a firmar las resoluciones, esperar el resultado de los trámites, etc. De este modo, sólo llega a la Educación Pública el que cuenta con las posibilidades de “bancarse” lo que implica un amparo.
“Por un lado, saber que la organización crece es una alegría. Por otro, sabemos que lo ideal sería que no hubiera necesidad de que existiera”, dice Micaela.
Para derrotar a la burocracia estatal, usan una dinámica basada en la colaboración. Acostumbradas a que cada vez que llamaban al Ministerio de Educación les dijeran lo mismo: “La ministra Soledad Acuña no está”, “La directora de Educación Inicial Susana Basualdo salió a una reunión”, armaron un documento online en el que los integrantes se anotan para llamar. Así, queda constancia de los comentarios y las postergaciones de los funcionarios y sus empleados.
El 9 de enero, en el drive, la periodista Malena Azcona escribió: “Hablé con (la secretaria Susana) Raposo. Me dijo que (la directora de Educación Inicial, Susana) Basualdo está de vacaciones, pero no nos puede decir cuándo vuelve. Raposo dice nos entiende perfectamente, pero no pueden hacer más. Basualdo está trabajando sobre esta situación. ‘¿Está trabajando para conseguirnos las vacantes?’, le pregunté. ‘No. Está trabajando sobre esta situación’, dijo”.
Malena Azcona anotó a su bebé Esmeralda, hija de este cronista, en la sala de un año del jardín Pampita (Guardia Vieja 3950). Como otros miles de chicos, quedó en lista de espera. Egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín, Azcona piensa que la educación pública es la mejor opción para su hija. “La educación pública es un derecho y debemos hacerlo valer”, dice. Ante la falta de respuesta a todos los reclamos administrativos ya inició un amparo y está esperando la resolución judicial.
Erica Giribaldi, madre de los mellizos Jeremías y Mateo, vive en Montserrat. En su casa no tiene computadora, así que tuvo que hacer la inscripción de manera presencial en el Distrito 3. Trabaja como secretaria de unos médicos; como no le salieron las vacantes, se pidió vacaciones para cuidar a los nenes. “Los chicos entran a sala de cuatro: necesito una jornada completa: tengo una hora de viaje hasta mi trabajo. No sé qué hacer. Mi vida está toda desorganizada”, dice y cuenta que en caso de que las vacantes no le salgan, va a ir al Ministerio y se va a quedar en la puerta hasta que se lo resuelvan. “Es una cadena. Yo alquilo y al dueño no le importan nada mis bebés, las vacantes que me corresponden y la obligatoriedad de la educación. Parece una jungla. Vivimos en el sálvese quién pueda”.
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