Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.
El jueves, un grupo de académicos de la economía de trabajos informales, o “gig economy”, publicó una carta abierta pidiendo la adopción de un conjunto de principios que garanticen la independencia de la influencia corporativa en la investigación, la formulación de políticas públicas y el activismo.
La carta, firmada por decenas de académicos de múltiples disciplinas, se produce después de la controversia en torno a un estudio publicado el 6 de julio realizado por investigadores de la Universidad de Cornell y comisionado por Uber y Lyft, el cual sugería que los conductores de Seattle no necesitaban una ley de salario mínimo porque ya estaban ganando más de 23 dólares por hora después de los gastos. El mismo día, un estudio realizado por los economistas de la New School y la Universidad de California en Berkeley James A. Parrott y Michael Reich (quienes previamente estudiaron los salarios de los conductores de transporte en Nueva York) encontró que los conductores ganaban solo 9,73 dólares por hora después de los gastos. Entonces hubo un debate público, y Parrott y Reich publicaron una comparación de los dos estudios en el cual resaltaron las fallas del estudio de Cornell, las cuales están relacionadas con su dependencia excesiva de datos compartidos de formas selectiva por Uber y Lyft, los cuales distorsionaron cómo se calculan los gastos de los conductores.
“Durante la última década, las empresas de trabajos temporales o informales han presionado activa y agresivamente a los gobiernos para crear un entorno adecuado para sus prácticas e intereses comerciales”, dice la carta abierta. “En el proceso, estudios engañosos creados a través de asociaciones corporativas han tenido una influencia indebida en las disputas sobre su regulación. A menudo, cuando los legisladores intentan recopilar datos para hacer su propia investigación para informar sobre las decisiones políticas, las empresas de trabajos informales restringen el acceso del gobierno incluso a los datos más básicos sobre el funcionamiento de sus servicios”.
Según Veena Dubal, profesora de derecho en la Universidad de California, Hastings College of the Law, que participó en la organización de la carta, el debate sobre los estudios de Seattle muestra que las corporaciones como Uber pueden influir en la investigación académica para llegar a conclusiones que luego tienen peso en las políticas públicas.
“A pesar de que la economía de los trabajos informales solo representa un porcentaje pequeño de la fuerza laboral estadounidense en general, es una puerta de entrada a la desestabilización de las protecciones existentes que poseen los trabajadores”, dijo Dubal. “Así que solo estamos pidiendo a los investigadores que trabajan en este campo que cumplan con los estándares éticos básicos: transparencia de datos; asumir que todo tiempo laboral debe ser remunerado; y la aceptación tácita de nuestras leyes en lugar de reformular cómo pensamos sobre el trabajo a través de modelos económicos, sin socavar de manera intencional la organización de los trabajadores”.
La carta señala que los datos proporcionados por Uber y Lyft, así como su financiación en la investigación, son sospechosos porque las empresas “han hecho repetidas afirmaciones legales falsas de que los datos no identificados necesarios para determinar las tendencias salariales son información competitiva privada y protegida”. Esto no solo permite a las empresas establecer los parámetros de los datos y su análisis, dice la carta, sino que da pie a la creación de estudios que no pueden replicarse y que se ofrecen a los legisladores como evidencia para “normalizar la retención sistemática de la información básica necesaria para la regulación de las compañías”.
Los principios básicos de la carta enfatizan la negación a participar en estudios que impiden el escrutinio de datos, la necesidad de realizar investigaciones que consideren de manera precisa los riesgos y los gastos, y ser conscientes de si la investigación se utilizará para socavar a los trabajadores.
En la práctica, los investigadores quieren que las empresas pongan sus datos a disposición del público, no solo de los investigadores. De no ser así, la carta pide a los académicos que también hagan pública la información que reciben de dichas empresas.
“Con la transparencia de los datos, trazamos dos puntos. El primero es que son principios que la Asociación Estadounidense de Economía ya ha establecido: un principio básico necesario para hacer que tus datos estén disponibles. El segundo punto es que al aceptar estos datos y el argumento de Uber de que es información privada, normalizamos este tipo de secretismo”, señaló Dubal.
En el caso del estudio de Cornell, dijo Dubal, los datos que Uber presentó como privados habían sido compartido con los reguladores de Nueva York. “Si todo el mundo dice 'no, no vamos a hacer esta investigación con ustedes a menos que hagan transparentes estos datos', entonces socavaremos su falso argumento de que se trata de información privada”, dijo.
En un comunicado, un portavoz de Uber defendió el estudio de Cornell y criticó el análisis de Parrott y Reich, alegando que está basado en “datos limitados” y “suposiciones erróneas”.
“El estudio de Cornell es el primero en proporcionar una imagen independiente basada en datos de la experiencia de ingresos completos de los conductores de viajes compartidos, al combinar los registros de las dos principales compañías de viajes compartidos”, señala el comunicado. “El estudio de Parrott y Reich se basa en datos limitados y suposiciones erróneas sobre las experiencias de los conductores que no están respaldadas por hechos ni evidencia. Parrott y Reich han incluido muchos elementos en sus estimaciones de costos por kilometraje para deprimir de manera artificial las estimaciones de ganancias netas de los conductores e inflar enormemente el estándar de pago necesario para garantizar que los conductores obtengan el salario mínimo, lo que elevaría los precios para el público y reduciría el trabajo de los conductores. Esperamos que los legisladores adopten un enfoque basado en hechos cuando tengan que considerar las nuevas propuestas de las políticas, utilizando la información del análisis detallado de Cornell”.
Actualmente, Uber está involucrado en múltiples litigios europeos para determinar si sus datos y algoritmos están exentos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que permite a las personas acceder a los datos personales recopilados por cualquier organización.
Si las demandas tienen éxito, se abriría la puerta para demostrar que los conductores de Uber son tratados efectivamente como empleados y arrojaría luz sobre cómo Uber ha escondido esos hechos para evitar regulaciones que habrían logrado resultados más justos para las ciudades y los conductores a costa de sus ganancias.
“Repetir la línea de la compañía sobre la privacidad de datos lleva a repetir la línea de la compañía sobre las suposiciones de los tipos de riesgos financieros que asumen los conductores. El estudio de Cornell se basa en la suposición de que la mayoría de los conductores trabajan de manera informal, así que no consideran los costos generales”, agregó Dubal. “Excepto que la mayoría de los conductores que trabajan de manera informal siguen asumiendo esos gastos generales y la mayor parte del trabajo lo realizan los conductores a tiempo completo. Tampoco consideraron el seguro híbrido, que todos los conductores deben tener incluso si son conductores informales, pero incluyeron las propinas. En mi opinión, es fundamentalmente deshonesto”.
El tema de la influencia subrepticia en la investigación y las políticas no se limita a la economía de los trabajos informales, sino que también se extiende a la investigación antimonopolios, donde las corporaciones (y las redes de derecha) han comprometido sistemáticamente la independencia de la investigación académica al contratar críticos, financiar grupos de expertos y aprovechar grandes donaciones para influir en los nombramientos universitarios.
Sin embargo, ahora que los investigadores de la economía informal se percatan de estas prácticas, es posible que la investigación tome una nueva dirección en la que pueda señalar sin interferencia las malas prácticas de algunas de las empresas más poderosas de la actualidad.
“La importancia de esta carta y estos principios no radica en que las cosas vayan a cambiar de inmediato, sino en que seguirán pidiéndonos que cambien”, contó a Motherboard Katie Wells, otra de las organizadoras de la carta e investigadora de la Iniciativa Kalmanovitz para el Trabajo y los Trabajadores Pobres de la Universidad de Georgetown. “Cartas, principios, reportajes en los medios, todo esto ayuda a cambiar la forma en que pensamos sobre el mundo y actuamos en él, así que impulsarán a los investigadores y a los legisladores a exigir independencia de la influencia corporativa”.
Edward Ongweso Jr https://ift.tt/eA8V8J
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