Bianka Rodríguez no se amedrenta fácilmente. Cuando se es mujer trans y activista en un país con uno de los índices de homicidio más altos del mundo, se sufre violencia a manos de la policía y se es víctima de extorsiones astronómicas de las maras locales a diario, se generan mecanismos para sobrellevar los peligros.
Pero en marzo la COVID-19 golpeó El Salvador y Bianka supo enseguida que la situación se complicaría para muchas de las personas con las que trabaja desde Comcavis Trans, una organización dedicada a ayudar a las mujeres trans víctimas de violencia y desplazamiento forzado.
Los memes sobre el virus que aparecían a finales de febrero en los muchos grupos de WhatsApp de los que forma parte no la alertaron de la magnitud de lo que se avecinaba.
“Al principio creíamos que [el coronavirus] no iba a venir aquí, pero cuando desde el gobierno dijeron que iban a tomar medidas, nos llenó de terror porque nos dimos cuenta de que la población trans está mucho más expuesta”, dice Bianka en videollamada desde su casa, en San Salvador.
Las medidas a las que se refiere son un conjunto de decretos que el presidente Nayib Bukele firmó tan pronto como la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el virus de la COVID-19.
Primero, el 11 de marzo, salió un decreto en el que se anunciaba el cierre de las fronteras y de los colegios, así como una cuarentena selectiva para los grupos considerados entonces de especial riesgo en caso de enfermedad, como las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 años. Una semana más tarde, el Ministerio de Hacienda anunció una norma que permitía a la ciudadanía dejar de pagar las facturas de energía eléctrica, agua, televisión por cable e Internet y las cantidades debidas por préstamos durante un periodo de tres meses.
Al final de marzo, el gobierno había impuesto una cuarentena obligatoria de ámbito nacional que impedía a la población salir de casa para cualquier actividad que no fuera esencial, como ir a comprar alimentos o medicinas. Cuando las autoridades abrieron centros de contención para los infractores de esta medida, aparecieron decenas de denuncias de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, hacinamiento y falta de cuidados médicos. Como en el resto del mundo, la gente intentaba entender qué podía y qué no podía hacer.
“Las medidas del gobierno, incluyendo de apoyo económico para mitigar el impacto de la crisis, no tuvieron un enfoque diferenciado a personas que tienen situaciones particulares de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres, poblaciones LGBTI, personas con discapacidad, pueblos originarios”, afirma. “Quedaron fuera”.
El personal de Comcavis asegura que ninguna de las 138 personas trans y activistas con las que trabaja en todo El Salvador ha tenido acceso al subsidio de 300 dólares estadounidenses que el gobierno ofrecía a quienes se habían quedado sin trabajo.
Mónica Linares, directora de ASPIDH Arcoíris Trans, una organización que lucha por los derechos de las personas trans en El Salvador, afirma que muchas encontraron obstáculos para acceder a servicios médicos esenciales, pues todos los recursos se destinaron a la pandemia. Asegura que uno de los obstáculos era la discriminación en los centros de salud. “La situación definitivamente ha empeorado”, señala.
La discriminación de las disidencias sexuales, profundamente arraigada en la sociedad salvadoreña, hace que la gran mayoría de las mujeres trans tengan muy pocas oportunidades de empleo, aparte del trabajo sexual. La incapacidad de trabajar y el aumento de los abusos de la policía han puesto a las trabajadoras sexuales en condiciones de especial vulnerabilidad. Bianka afirma que muchas trabajadoras sexuales carecen ahora de hogar, pues han sido desalojadas a pesar de una directiva del gobierno que suspendió los desalojos por un periodo de tres meses.
La cuarentena ha dejado también sin ningún ingreso a muchas personas trans, incluidas las que tienen otros empleos informales. En otros casos, el confinamiento las ha obligado a vivir con familiares y parejas que son maltratadores.
“El mensaje es ‘quédate en casa’ pero ese quédate en casa no significa lo mismo para una persona gay, para una persona lesbiana, para una persona trans. [Para muchas personas LGBTIQ+] ese es el primer lugar donde se te violentan los derechos, donde se te violenta física, emocional y psicológicamente”, explica Bianka.
“En la práctica, muchas medidas no aplican para la población LGBTI. Aunque lo visibilizamos, no nos ponen atención”, añade.
Organizaciones locales, incluidas Comcavis y ASPIDH, afirman que han registrado un aumento de las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar, extorsión, desalojo, intento de homicidio e incluso suicidio. Con el fin de ayudar, Comcavis tendió la mano a centenares de mujeres trans con las que ha estado trabajando y les ofreció paquetes de alimentos, apoyo para mudarse de casa y asistencia jurídica y psicológica.
Otras organizaciones hicieron lo mismo. Mónica y sus colegas de ASPIDH aprovecharon las redes sociales para identificar a quienes necesitaban ayuda y utilizaron fondos que habían destinado a otras actividades para comprar paquetes de alimentos.
“Desde el principio de la pandemia comenzamos a recibir solicitudes de ayuda por Facebook. Una compañera nos llevaba a otra y esa a otra. Se armó una red y así llegamos a muchas en todo el país”, explica Mónica.
Aunque en julio el presidente Nayib Bukele levantó algunas de las medidas de cuarentena y confinamiento más estrictas, la situación sigue siendo desesperada. Bianka pasa la mayor parte del tiempo al teléfono respondiendo a mensajes, haciendo entrevistas y asistiendo a reuniones por videoconferencia. Forma parte de un equipo de activistas que ha venido haciendo visitas selectivas a zonas periféricas donde su ayuda es especialmente necesaria para llenar el vacío que han dejado las autoridades. La logística ha sido difícil, por lo que han tenido que recurrir a la creatividad.
“La forma en la que trabajamos ha cambiado radicalmente”, aclara. “Ocuparse de los casos a distancia ha sido complicado. Tuvimos que contratar nuevos planes de datos móviles, porque había colegas que no tenían smartphones o buena conexión a Internet. Había casos de mujeres trans que tenían que pedir prestado el teléfono a sus vecinos para llamarnos y contarnos lo que les pasaba”.
Siempre en peligro
La pandemia de coronavirus puso de manifiesto algunos de los problemas históricos a los que se enfrentan las personas LGBTQ+I, en particular las mujeres trans, en El Salvador.
Aunque la gran mayoría de las víctimas de asesinato de El Salvador, uno de los países con mayor índice de homicidios del mundo, son hombres jóvenes, las mujeres y las personas LGBTIQ+ están sometidas a formas particulares de violencia, como los crímenes de odio basados específicamente en su orientación sexual o identidad de género.
Las autoridades no desglosan las cifras de homicidios para determinar a cuántas mujeres y personas LGBTIQ+ se mata debido a su identidad de género, su orientación sexual o ambas, pero Comcavis ha registrado al menos 600 homicidios de personas LGBTIQ+ en El Salvador desde 1992.
Las mujeres transgénero, que están particularmente estigmatizadas a causa de las normas sociales patriarcales, son especialmente vulnerables a la violencia y la extorsión de las maras y, debido a la discriminación, con frecuencia encuentran mayores obstáculos para acceder a la justicia.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en El Salvador la esperanza de vida de una mujer trans es de sólo 33 años, menos de la mitad de los 74 años de esperanza de vida de la población en general.
“La falta de datos oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad de género demuestra que las autoridades de El Salvador llevan muchos años sin prestar atención a la violencia que afecta a las personas LGBTI”, afirma Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “El presidente Bukele tuvo la oportunidad de cambiar esta situación, pero optó por mirar para otro lado”.
Bianka afirma que esta no es la única oportunidad perdida de Bukele. Desde que tomó posesión de su cargo, el presidente ha cerrado la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social. Se ha abierto una nueva oficina en el Ministerio de Cultura, pero, según activistas locales, no es tan eficiente. Todavía tiene que aprobarse un anteproyecto de Ley de Identidad de Género que contiene disposiciones destinadas a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
Guevara Rosas, quien se reunió con Bukele poco después de que asumiera el cargo el año pasado, afirma que el presidente tiene todavía la oportunidad de marcar un nuevo rumbo.
“La represión es la forma menos eficaz de combatir una pandemia. El presidente Bukele tiene que empezar a abrir los ojos y los oídos y escuchar verdaderamente las demandas del pueblo salvadoreño, especialmente de las personas que llevan decenios sufriendo discriminación y abusos y se están viendo ahora especialmente afectadas por la pandemia”.
Astrid Valencia y Josefina Salomón https://ift.tt/eA8V8J
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