Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.
Hace unos días por la mañana, cinco adolescentes negros salieron de sus casas en un barrio de Cali, Colombia, para volar sus cometas y jugar. Los jóvenes amigos, de entre 14 y 18 años, no volvieron a sus casas para el almuerzo. Al mediodía, sus madres salieron a buscarlos.
"Los muchachos fueron encontrados torturados, quemados y con heridas de machete y bala", dijo Erlendy Cuero, líder social de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia. "En este momento, la gente que vive aquí está triste pero también tiene mucho miedo".
Los asesinatos en el empobrecido barrio de Llano Verde han conmocionado a una nación acostumbrada a la violencia y arrojado luz sobre aquellos a quienes afecta desproporcionadamente: las minorías étnicas. También saca a la luz las grietas de un frágil acuerdo de paz diseñado para reducir la violencia. La masacre de los cinco adolescentes marca una nueva e inquietante caída para un país que lucha por liberarse de cinco décadas de un brutal conflicto armado.
El 13 de agosto, dos días después de la muerte de los muchachos, alguien lanzó una granada contra la comisaría de Llano Verde. El ataque hirió a 15 personas y dejó un hombre muerto.
“No podemos asegurar que sean incidentes relacionados, pero tampoco descartamos esa hipótesis”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.
Son las comunidades humildes como estas, que son el hogar de residentes afrocolombianos e indígenas, dicen los observadores, las principales víctimas de la violencia.
“La paz no es posible sin escuchar a las comunidades más afectadas por la violencia. Durante años, el gobierno colombiano ha fallado en sus esfuerzos por implementar los acuerdos de paz de 2016. Sigue fracasando en establecer una presencia estatal en áreas dominadas por grupos armados”, dijo Mario Moreno, vocero de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de expertos.
“En ningún lugar es más evidente ese fracaso que en las comunidades afrocolombianas e indígenas, que han sufrido demasiadas tragedias como la de Llano Verde”.
Los grupos armados con frecuencia desplazan a las personas de la costa del Pacífico colombiano, donde vive gran parte de la población afrocolombiana. Los expulsados de sus tierras suelen construir nuevos hogares en barrios como Llano Verde en Cali. La tasa de homicidios de Colombia se encuentra alrededor de 25 por cada 100.000 habitantes, una caída significativa desde el punto álgido del conflicto armado. Pero Cali es un caso atípico. En 2019, la ciudad de 2,2 millones registró un recuento de asesinatos mucho más alto, de 45 por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio nacional.
La violencia persiste entre grupos rebeldes, paramilitares y militares a pesar del acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016. El acuerdo prometía poner fin a 50 años de un conflicto armado que mató a más de 262 000 personas y desplazó a más de 7 millones. Tuvo cierto éxito: alrededor de 8000 combatientes marxistas depusieron las armas en 2017.
Pero a pesar del sentimiento detrás de los acuerdos, por los cuales Santos recibió el Premio Nobel de la Paz, la paz aún no ha llegado. Al menos 196 ex miembros de las FARC han muerto desde que se firmó el acuerdo. Antes de su desmovilización, las FARC financiaban sus actividades a través de actos delictivos de extorsión, secuestro y narcotráfico. El crimen organizado, que opera en forma de facciones atomizadas, continúa agobiando varias partes del país.
Los críticos dicen que el gobierno también es culpable de esto y que la implementación de los acuerdos de paz ha fallado bajo el gobierno conservador de Iván Duque, quien asumió el cargo en 2018 con el compromiso de reformar el acuerdo con castigos más duros para los líderes de las FARC.
Duque condenó el miércoles pasado los asesinatos y ordenó a su ministro de Defensa que priorizara la investigación.
Desafortunadamente, aunque los colombianos anhelan el fin de la violencia, el último episodio macabro es un recordatorio aleccionador para el país de que la paz aún está muy lejos.
Un familiar llora junto a los ataúdes de dos de los cinco jóvenes encontrados asesinados en un campo de caña de azúcar, durante su funeral en el distrito de Aguablanca, al este de Cali, Colombia, el 13 de agosto de 2020. (AFP vía Getty Images/Luis Robayo )
Wes Michael Tomaselli https://ift.tt/eA8V8J
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