Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.
El 19 de noviembre, Analía, de 18 años, salió a hornear pan en una fundación infantil cerca de su casa en El Alto, una ciudad que se extiende por las llanuras andinas sobre La Paz. Nunca llegó. Horas después, estaba arrodillada en una carretera cubierta de cartuchos de bala y desechos, con los pulmones ardiendo por las nubes de gas lacrimógeno, mientras un soldado le apuntaba con su arma y le gritaba que suplicara por su vida.
"Queríamos correr, pero nos dijeron que nos quedáramos quietos o dispararían", le dijo a VICE News.
Ese día, el ejército boliviano abrió fuego contra los manifestantes que bloqueaban una planta de gas en el barrio de Senkata en El Alto, matando a 10 personas e hiriendo a decenas. Fue la segunda masacre en menos de una semana. Pocos días antes, las fuerzas de seguridad mataron a 10 personas durante una marcha cerca de la localidad de Sacaba.
La violencia se produjo después de que el expresidente Evo Morales se viera obligado a renunciar cuando las acusaciones de fraude electoral provocaron un estallido de protestas.
Diez meses después, los supervivientes siguen esperando justicia. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció en septiembre que se retiraría de las elecciones presidenciales del 18 de octubre. Sin embargo, un nuevo gobierno no necesariamente significaría justicia para los sobrevivientes, ya que está en tela de juicio que las elecciones sean libres y justas.
El gobierno de Áñez ha manifestado que los militares no dispararon un solo tiro en Senkata, que los disparos en Sacaba vinieron de la marcha y que los protestantes se dispararon entre sí. El Ministerio de Defensa de Bolivia afirmó que los manifestantes en Senkata eran vándalos que intentaban volar la planta de gas con dinamita, lo que podría haber destruido todo el barrio.
Investigaciones independientes de derechos humanos no encontraron evidencia de que los manifestantes estuvieran armados y señalaron que algunas de las víctimas en Senkata eran simplemente transeúntes.
Analía, quien pidió a VICE News que no usara su nombre real, se fue por la calle de atrás de la secundaria ese día para evitar problemas, pero aún así le tocaron los disturbios. Cuando se detuvo para revivir a una mujer que no podía respirar por haber inhalado gas lacrimógeno, cinco soldados rodearon a su grupo, deteniéndolos a punta de pistola. Les dijeron que se arrodillaran y suplicaran perdón, tirando a un hombre al suelo cuando se negó.
Luego, los soldados le ordenaron a Analía y a otras dos jóvenes que los acompañaran. Una mujer mayor del grupo gritó que eran violadores y cerdos. En respuesta, los soldados la golpearon hasta sangrar. “Que golpeara a la mujer también me lastimó, pero no sabía qué hacer. Sabía que si hacía algo, ellos también podrían golpearme o llevarme”, dijo. "Estaba en shock".
De repente, voces gritaron a lo lejos: “¡Llegaron los mineros!”. Los mineros de Bolivia son famosos por su militancia. Nerviosos de que pudieran causar problemas, los soldados dejaron ir al grupo de Analía.
Ella nunca vio manifestantes con armas o dinamita. Más tarde, algunos manifestantes improvisaron cócteles molotov con botellas de vidrio de un quiosco derribado en la carretera. Un joven se los arrojó a los soldados, pero estaban fuera de su alcance. Le dispararon en la cabeza, mientras Analía miraba, le dijo a VICE News.
Como presidenta interina, las acciones de Áñez han creado las condiciones necesarias para que se presenten abusos de derechos humanos, dicen los observadores. El 14 de noviembre firmó un decreto en el que decía que los miembros de las fuerzas armadas no serían responsables penalmente de sus acciones como parte del “restablecimiento del orden interno” mientras actuaran en defensa propia o por “necesidad".
Amnistía Internacional advirtió que dio una "carta blanca para la impunidad".
El decreto era ilegal, según Thomas Becker, abogado de derechos humanos de la University Network for Human Rights que ha investigado abusos de derechos durante el mandato de Áñez. “En el derecho internacional y el derecho boliviano, no se puede dar inmunidad a las personas por masacrar a civiles”, dijo.
En diciembre, Áñez firmó otro decreto que ofrecía una indemnización de 50.000 bolivianos (7.230 dólares) a las familias de los muertos durante la violencia postelectoral. Pero el decreto decía que renunciarían a su derecho de buscar justicia en los tribunales internacionales si aceptaban. La oferta fue recibida con disgusto por familias y sobrevivientes, quienes la vieron como un intento de comprar su silencio.
“No poder denunciar, mantener la boca cerrada, es una burla”, dijo Teodoro, un sobreviviente de la masacre de Senkata que también pidió a VICE News que no usara su nombre real. Se defendió con la tapa de un bote de basura de los perdigones que disparaban los soldados mientras se retiraba por la avenida. Pronto, cambiaron a balas. El hombre a su lado recibió un disparo mortal, dijo. "Nunca olvidaré esa avenida, ni al hombre que luchó por su vida a mi lado", dijo entre lágrimas. "No sé cómo salí de allí con vida".
“La indemnización tiene que entenderse de manera integral”, dijo David Inca de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto. "No es solo, ‘dame 50.000 bolivianos y me olvidaré de eso’".
Áñez asumió la presidencia tras la renuncia de Morales porque también habían renunciado el vicepresidente y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, que normalmente asumirían la presidencia. Cristiana conservadora del departamento de Beni, se formó como abogada y tuvo una carrera como presentadora de televisión antes de convertirse en senadora.
Su cabello rubio y su apariencia glamorosa marcaron un fuerte contraste con su predecesor. Morales estuvo en el poder durante casi 14 años y fue el primer presidente indígena de Bolivia. Disfrutó del fuerte apoyo de la clase trabajadora e indígena.
Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por el resurgimiento del racismo y la violencia contra los indígenas desde que Morales fue derrocado. Áñez ha sido criticada por expresar ideas anti-indígenas.
El gobierno ha hecho algunos gestos de reconciliación. El Ministerio de Salud acordó establecer una comisión con la Asociación de Víctimas de Senkata para garantizar la atención médica a los heridos. Los investigadores finalmente organizaron una reconstrucción de la masacre de Sacaba. Pero para muchos ya es demasiado tarde. “La reconstrucción de Sacaba fue meses después de que sucediera”, dijo Becker. "Ya no está la sangre, ya no están las balas".
Un mes antes de las elecciones, los defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la negación y al secreto. La Defensora del Pueblo Nadia Cruz ha acusado al gobierno de retener información vital para establecer lo que sucedió durante los asesinatos.
Lejos de reconocer los abusos señalados por los principales organismos defensores de los derechos, Áñez y sus ministros han desviado las críticas y acusado a las organizaciones de parcialidad, situación que Becker describió como “orwelliana”. Cuando Human Rights Watch hizo sonar la alarma a principios de este mes por la persecución política de los aliados de Morales durante su gobierno, Áñez acusó a la organización de "ignorar la realidad" y afirmó falsamente que nunca habían criticado los abusos de Morales.
"En este momento no existe el contexto en el que las familias puedan obtener justicia", dijo Becker.
Portada: Una mujer gesticula y grita durante el funeral de las personas asesinadas durante los enfrentamientos entre partidarios de Evo Morales y las fuerzas de seguridad en Senkata en noviembre de 2019. Foto de Gaston Brito Miserocchi / Getty Images.
Amy Booth https://ift.tt/3iYWcfH
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