Abril es un mes especial para los purépechas que habitan Cherán. Fue a mediados de abril de 2011 cuando este pueblo indígena de Michoacán, México, decidió recurrir a su organización comunitaria para defender su bosque, expulsar a quienes lo talaban y, de paso, sacudirse a los partidos políticos y comenzar un proceso legal para que se reconociera su gobierno tradicional. En abril también se realiza su fiesta patronal y es la época en que suelen llegar a la comunidad muchos de los migrantes que trabajan en Estados Unidos.
Pero este abril de 2020 fue diferente. Cherán suspendió todas las celebraciones. La medida se tomó en colectivo, siguiendo el proceso que, desde hace nueve años, se realiza para decidir cualquier acción que afecte a la comunidad.
Desde marzo, cuando al Consejo de Keris —el Consejo Mayor de Gobierno— llegó la noticia de que la epidemia de COVID-19 se extendía por el país, se hicieron asambleas en los cuatro barrios de Cherán. Ahí se discutió qué hacer. “Había quienes decían que no era cierto eso del virus”, recuerda Alicia Lemus, antropóloga habitante de la comunidad. Al final, en las asambleas se decidió que se suspendieran todas las fiestas y reuniones.
El 10 de abril se cerraron las entradas a la comunidad “hasta nuevo aviso”. Ese mismo día, a través de las redes sociales, se pidió a los migrantes que radican en Estados Unidos que no viajaran a la comunidad. “Si hay algunas personas que ya están en camino, se les estará canalizando a un lugar de aislamiento para estar en cuarentena”.
Además, se organizaron comisiones para vigilar las entradas del pueblo, para realizar las labores de limpieza en los espacios públicos y para fabricar gel antibacterial, jabón y tapabocas. Y se determinó que las personas que se empeñaran en salir de la comunidad tendrían que firmar un documento haciéndose responsables de su salud.
Cherán es de las pocas comunidades indígenas en México que cuentan con un hospital rural, “pero es precario, no tiene capacidad, es muy pequeño y no tiene respiradores… Se están tomando todas las precauciones, porque si aquí hay un brote de esa enfermedad, nos acaba”, dice Alicia.
Desde hace nueve años, la comunidad purépecha de Cherán aprendió que “el sentido de comunidad ayuda a fortalecerse y a enfrentar el miedo”. Y eso es lo que hoy pone en práctica para impedir que se presenten casos de COVID-19 en su tierra.
Diversas poblaciones purépechas siguieron el ejemplo de Cherán y comenzaron a cerrar sus territorios. La medida también la han tomado otras comunidades indígenas en estados como Oaxaca, Chiapas, Chihuahua o Guerrero. Esta acción se intensificó a partir del segundo fin de semana de abril, cuando en el país había poco más de 5949 casos confirmados de COVID-19 y 611 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.
Ignorar a las comunidades indígenas
En México los primeros casos con esta enfermedad se registraron, de acuerdo con los datos oficiales, a finales de febrero. A partir del 23 de marzo se puso en marcha el programa “Sana distancia”, para mantener un “aislamiento preventivo” en la población. Sin embargo, hasta el 20 abril no se había anunciado ningún plan de atención específico para los indígenas, pese a que representan el 21.5 % de la población, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.
“La desigualdad social de este país se expresa también en la forma en cómo las autoridades están comunicándose con la sociedad. Es una comunicación que está centrada en los cánones urbanos. Pero no hay una atención a las comunidades indígenas”, resalta Abel Barrera, antropólogo y quien desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acompaña a los pueblos indígenas na savi, me’phaa y nahuas de la región de la montaña y costa chica de Guerrero.
Francisco López Bárcenas, mixteco e investigador del Colegio de San Luis, dedicado a estudiar los temas de defensa de territorio y recursos naturales, destaca que en el contexto de esta pandemia a las comunidades indígenas se les discrimina una vez más al no existir mensajes y acciones de gobierno dirigidos a esta población.
Esta emergencia sanitaria, resalta Alicia, muestra una vez más la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas, sobre todo en materia de salud. “Todo está pensado —subraya— para el México urbano y no para el México rural e indígena. Hay un abandono y una discriminación histórica. Y ante situaciones como estas, una epidemia así nos puede borrar”.
“Siempre ha habido una ausencia del Estado”, en la atención de las comunidades indígenas. Y en esta emergencia sanitaria, esa ausencia persiste, dice Georgina Méndez, indígena ch’ol y docente de la Universidad Intercultural de Chiapas.
Para Abel, Alicia, Francisco y Georgina, el gobierno comenzó muy tarde, y en forma limitada, la difusión de información en lenguas indígenas sobre la epidemia y las medidas de prevención.
Fue hasta el 9 de abril que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) emitió un comunicado en el que informaba sobre la difusión de mensajes en treinta y cinco lenguas indígenas. “Ese número es solo la mitad de las lenguas que se hablan en el país”, resalta Georgina Méndez.
En México, de acuerdo con datos del INEGI, se hablan sesenta y ocho lenguas con 364 variantes en todo el país.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con algún funcionario del INPI para conocer qué acciones realizan para atender a las poblaciones indígenas en esta emergencia. Hasta la publicación de este texto, no se tuvo respuesta.
Usar la palabra para prevenir
“A los pueblos indígenas se les invisibiliza —dice Georgina Méndez— Y eso no es nuevo, es algo que ocurre en este gobierno y en los anteriores. No hay mecanismos de atención para los pueblos”.
Ante la falta de atención gubernamental han sido las propias comunidades indígenas, así como las radios comunitarias y algunas organizaciones no gubernamentales, las que han difundido información para prevenir la expansión del COVID-19.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, por ejemplo, comenzó a traducir mensajes en las lenguas na savi, me’phaa y nahua para que se difundieran en la radio indígena La Voz de la Montaña y en tres radios comunitarias.
“La información tiene que ser en su lengua. Al mismo tiempo, se tiene que ir a las comunidades para difundir los mensajes de manera oral. La palabra hablada tiene más eficacia que la escrita”, explica Abel Barrera.
En la Radio Huayacocotla también se comenzó a hablar sobre el nuevo coronavirus en la lengua nahua, otomí y tepehua. Esta radiodifusora comunitaria de la sociedad civil, conocida como “La Voz Campesina”, se escucha en el norte de Veracruz, en Hidalgo, Querétaro y en algunas regiones de Tamaulipas y Puebla.
Sandra Cruz Fuentes, coordinadora de Radio Huayacocotla, señala que han puesto mucho énfasis en explicar las consecuencias de la epidemia, sobre todo porque “si hay contagios en pueblos originarios estaríamos hablando de muertes seguras, porque no hay atención médica en las comunidades”.
Hay otras iniciativas: la productora Vientos Culturales puso a disposición de las comunidades animaciones en video para difundir qué es el coronavirus, las medidas preventivas y la conciencia solidaria ante el COVID-19.
En Cherán, Radio Fogata también difunde en lengua purépecha mensajes sobre las medidas para prevenir un brote de esta enfermedad.
Regresar sin trabajo y sin información
Si bien algunas comunidades indígenas han puesto en marcha su organización comunitaria como una estrategia para proteger a su población, hay otras en donde la información no ha llegado a tiempo y en donde la falta de acciones gubernamentales ya comienza a tener consecuencias.
El lunes 13 de abril, en el sur del país, en una vereda de la comunidad de Francisco León, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, se encontró el cuerpo del señor Samuel Cruz. El indígena zoque, de cincuenta y cuatro años, se suicidó. Un día antes, en el Hospital de Palenque, le informaron que era positivo a COVID-19.
El señor Samuel comenzó a presentar síntomas a principios de abril. Días antes dos de sus hijos regresaron del norte, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde trabajaban en una fábrica que tuvo que cerrar temporalmente ante la emergencia sanitaria.
“Los jóvenes de la zona zoque y de los Altos de Chiapas suelen irse a trabajar a Monterrey, a Sonora o a Estados Unidos. Se van a trabajar a las fábricas o como jornaleros al corte de lechuga y la cosecha de uva”, explica una mujer que desde hace años trabaja con las poblaciones indígenas, en el desarrollo de proyectos productivos sustentables, pero que pide no publicar su nombre porque en la región “hay un ambiente tenso”.
Hace un mes muchos jóvenes indígenas que trabajaban en otras partes del país comenzaron a regresar a sus pueblos. Pero en las comunidades, señalan personas consultadas, no se ha dado información sobre las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19.
El 9 de abril el señor Samuel viajó durante cuatro horas de su comunidad Francisco León al Hospital de la ciudad de Palenque. Ya presentaba los síntomas. Le hicieron la prueba, pero le dijeron que regresara a su casa.
Tres días después regresó al Hospital y recibió el diagnóstico: tenía COVID-19. Aun así le dijeron que se fuera a su casa. Al día siguiente se suicidó. Ninguna autoridad sanitaria del estado o de la federación se presentó al lugar para atender a la familia.
Mongabay Latam solicitó una entrevista en la Secretaría de Salud de Chiapas, pero no se tuvo respuesta.
“A las comunidades indígenas no se les está atendiendo de una manera acorde con su cosmovisión. No hay sensibilidad para explicarles sobre esta enfermedad, sobre los cuidados que deben tener”, explica una mujer quien tiene contacto con los familiares del señor Samuel.
Después de la muerte de Samuel, a la comunidad de Francisco León —donde viven cerca de 1400 personas, la mayoría indígenas, y hay una pequeña clínica comunitaria— se presentaron dos médicos que fueron preguntando por las casas si alguien se sentía mal. “Quienes trabajamos con los pueblos indígenas —dice la mujer— sabemos que cuando llegas a una comunidad indígena tienes que hablar con la autoridad comunitaria; ellos tienen que convocar a una reunión y la información se tiene que dar en su lengua”.
Para atender a la población indígena en esta emergencia, resalta, se necesita hacerlo de manera interdisciplinaria. “No se les puede dar la información como si se estuviera en la ciudad. En el mundo indígena, con las poblaciones originarias, se tienen otras concepciones sobre la enfermedad”.
Además del señor Samuel, quienes también dieron positivo a la prueba de COVID-19 fueron sus hijos y su esposa. Ellos están enojados y tristes. Pero también preocupados, sobre todo porque ahora están sin trabajo y sin poder regresar al norte.
En su comunidad, antes de la epidemia, ya se vivía una difícil situación económica. Muchas familias apostaron a la siembra de palma africana, un cultivo que se impulsó desde el gobierno federal y estatal. “Les aseguraban que iban a tener una excelente venta. Pero eso no ha resultado así. Solo se devasto la Selva (Lacandona)”, resalta la activista.
Otra enfermedad a la lista
En otras regiones de Chiapas, como en el municipio de Tila, la población decidió cerrar los tres portones que dan acceso a la comunidad y que se colocaron como una estrategia para hacer frente al problema de tierras que enfrentan desde hace varios años.
“Cada pueblo, cada comunidad indígena, está respondiendo a esta epidemia con sus propias estrategias, con sus propias dinámicas”, dice Georgina Méndez, quien creció en Tila y es del pueblo ch’ol.
Al doctor en microbiología molecular Anaximandro Gómez, quien pertenece a los pueblos tzotzil y tzeltal, le preocupa que el COVID-19 se sume a otras enfermedades que ya afectan a la población indígena de Chiapas y que han sido desatendidas durante décadas.
Si en las regiones indígenas de Chiapas se llegaran a detectar casos del nuevo coronavirus, resalta Gómez, complicaría aún más la situación de muchas comunidades, “porque ya tenemos problemas de salud pública relacionados a enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la tos ferina”.
El especialista en microbiología molecular menciona que, de acuerdo con los datos disponibles en Chiapas, en 2016 se diagnosticaron mil 315 casos de tuberculosis y 142 decesos relacionados con esta enfermedad.
En comunidades como Cherán —dice Alicia Lemus—, el elevado número de personas que padecen diabetes e hipertensión hacen que sea aún más preocupante el tener un brote de COVID-19 en la comunidad.
En otras regiones, como en la zona donde se escucha Radio Huayacocotla, la población ha notado que cada vez hay más casos de dengue, incluso, durante épocas en que ya no debería presentarse.
De Nueva York a la montaña
Tanto en Chiapas, Michoacán o Guerrero, las comunidades indígenas se han visto obligadas a pedir a su gente migrante que, por ahora, no vaya a sus pueblos.
En algunas regiones, como en la Montaña de Guerrero, incluso se les está negando el paso a las comunidades a quienes han tenido que regresar de ciudades de Estados Unidos. “Varios de ellos se han tenido que quedar en la ciudad de Tlapa. Los que lograron entrar a las comunidades están en cuarentena”, explica Abel Barrera, de Tlachinollan.
Las comunidades han tomado estas decisiones utilizando los sistemas de organización comunitaria, resalta Barrera. “Son más efectivas las medidas que se toman en asamblea que los discursos abstractos”. En algunos lugares se ha establecido que si no se cumplen los acuerdos —como el no salir fuera de la comunidad— “se va a multar a la gente”.
Estas medidas que para algunos podrían parecer extremas, para Abel Barrera son una “apuesta a que el contagio no sea masivo” entre los habitantes de la Montaña de Guerrero, donde hay alrededor de 600 pequeñas comunidades, y en donde la gente “históricamente muere por desnutrición o enfermedades curables”.
En esta región, los habitantes de los diecinueve municipios de la montaña solo cuentan con un hospital de segundo nivel, ubicado en la ciudad de Tlapa. Además de que gran parte de las comunidades el sistema de agua potable “es inexistente”.
Por eso cuando Abel escucha a las autoridades de salud insistir en llamar a la población a lavarse las manos, como una medida de prevención, dice que “primero hay que garantizar el acceso al agua”.
De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, solo 36.6 % de los hablantes de lengua indígena tienen acceso a agua potable dentro de su vivienda.
Y aunque en la montaña de Guerrero hasta el 20 de abril aún no se registraban casos confirmados de COVID-19, ya hay familias indígenas en la zona que están de luto por la muerte de alguno de los suyos a causa de esta enfermedad. Abel Barrera señala que, hasta el 21 abril, se tenía el registro de veinte decesos de migrantes que trabajaban en Nueva York, y que eran originarios de la región de la montaña de Guerrero. Sus familias ahora buscan la forma de reunir los 3000 pesos (122 dólares) que, por lo menos, necesitan para pagar la cremación y evitar que los cuerpos de sus hijos, hermanos o padres terminen en una fosa común en Estados Unidos.
Además de estas muertes, varias familias indígenas de la zona ya sienten la falta de recursos económicos, así como los efectos de la sequía que se vive desde el año pasado y no permitió tener las cosechas de maíz que se esperaban.
En la zona de la montaña de Guerrero, desde la segunda quincena de marzo, comenzó a disminuir la llegada de remesas de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos.
Abel Barrera insiste en que durante esta emergencia sanitaria se necesitan programas específicos para las comunidades indígenas; una acción urgente es garantizarles el derecho a la alimentación, además de atender a la población migrante, tanto aquella que se encuentra en Estados Unidos, como los jornaleros indígenas que aún trabajan en los campos agrícolas del norte del país.
En la región purépecha del país, en Cherán, Alicia Lemus dice que en su comunidad hay preocupación por los migrantes que están lejos. También cuenta que los mayores recuerdan cómo en otros tiempos enfrentaron las adversidades. De ellos ha aprendido que una estrategia de sobrevivencia es “trabajar en colectivo”, poner en práctica el concepto de comunidad.
Francisco López Bárcenas remarca que en esta emergencia sanitaria el gobierno mexicano no debe seguir con su política de solo dar mensajes dirigidos a la población urbana. Y los pueblos indígenas, dice, “no deben paralizarse. Eso sucedió en la conquista, con la epidemia de viruela. Hoy se tienen que poner en práctica las capacidades que se tienen para organizarse. Es la mejor manera que tendremos para salir de esta crisis”.
Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam, una plataforma de periodismo ambiental independiente.
Thelma Gómez Durán https://ift.tt/2W6cp9R
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