Artículo publicado por VICE Colombia.
El pasado 20 de julio, José Oswaldo Taquez organizó una reunión en la escuela comunal de El Remolino, una pequeña vereda cocalera ubicada al suroccidente de Putumayo. Aunque con dudas, muchos en la comunidad habían firmado acuerdos de sustitución de cultivos con el gobierno nacional. Ya estaban arrancando sus matas de coca, pero aún no recibían lo prometido en el acuerdo de paz firmado con las FARC, ni el primer pago mensual, ni la huerta de pancoger; mucho menos la asistencia técnica para proyectos productivos. Cada día que pasaba, se sentía más la ansiedad de todos frente al proceso.
En los últimos meses, por esta región habían circulado panfletos que señalaban a líderes locales y anunciaban una nueva “limpieza” social. También se hablaba de la aparición de nuevos grupos armados que ocupan los territorios antes controlados por la guerrilla.
Desplazado casi en su totalidad por las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— a partir del año 2000, El Remolino apenas estaba recuperando su sentido de pertenencia como comunidad. Quizás por eso los habitantes intentaban convencerse de que no había peligro real detrás de los rumores. Pero para Taquez, uno de los pocos que permaneció durante toda la época paramilitar, no era tan fácil ignorar las amenazas, pues el que corría más riesgo era él.
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