Artículo publicado por VICE México.
Julieta se soba los pies mientras descansa sobre uno de los escalones a la entrada de la asociación civil Chamos Venezolanos Ecuador en Quito. Tiene seis meses de embarazo y pasó toda la noche caminando junto a su esposo desde Ibarra —llamada oficialmente San Miguel de Ibarra, una ciudad ecuatoriana— después de que los corrieran del hostal donde estaban alojados.
Hicieron más de diez horas de camino, descansando a la intemperie y teniendo cuidado de no ser arrollados por los carros. Sólo pudieron rescatar dos bolsos con ropa y artículos de higiene personal, lo demás fue quemado por una turba que los acusaba de “ladrones” y “asesinos”.
“Ha sido de las peores noches de mi vida”, cuenta Julieta al mismo tiempo que un médico de la asociación la revisa para constatar que su bebé esté bien. Ella y su esposo son parte de los más de 300 venezolanos que huyeron de Ibarra, una ciudad ubicada al norte del Ecuador, luego de que sus habitantes iniciaran redadas para “limpiar la ciudad de venezolanos”.
Todo se desencadenó luego de que un ciudadano venezolano asesinara a su novia a punta de cuchilladas el sábado 19 de enero a la vista de todos. Por hora y media, Yordi Rafael mantuvo prisionera a Diana Carolina ante la presencia de la Policía Nacional y transeúntes que grabaron el evento para subirlo a redes sociales.
“Si no es mía, no es de nadie”, gritaba el asesino, mientras los policías trataron de dialogar. Al final, el diálogo no sirvió y Diana recibió cinco puñaladas. Desde ese momento, comenzó a correr un mensaje entre los ciudadanos para llevar a cabo una “limpieza social” y deslastrar a Ibarra de la “plaga de venezolanos”. Lo que se considera un paralelismo con la noche de los cristales rotos ejecutada por los nazis comenzó desde la noche del 19 de enero hasta el día siguiente, donde decenas de personas se volcaron a las calles para cazar a los migrantes.
“Tuve que pasar desde el sábado hasta el lunes encerrado en mi casa. Muchos amigos me enviaron mensajes de texto indicando que no saliera. Que si salía me iban a matar los grupos que estaban afuera”, comenta Carlos, un médico internista que llevaba seis meses viviendo en Ibarra. Ahora está en Manta, una ciudad costera donde debe iniciar desde cero.
A través de las redes sociales se evidenciaron videos donde los taxista lanzaban sus vehículos en contra de los venezolanos que caminaban fuera de la ciudad, hordas lanzando piedras a los comercios que contrataron a este gentilicio y una enorme hoguera al frente de un edificio donde sacaron a familias enteras y les quemaron sus pertenencias. De esa hoguera se escapó Julieta.
Inmediatamente, la mañana del domingo 20 de enero, la ministra del Interior del Ecuador, María Paula Romo llegó a Ibarra para plantear un operativo de seguridad y así controlar la rabia sinsentido de sus habitantes. Los ibarrenses estaban indignados ante la actuación policial y su “falta de acción” para salvar a Diana, la “pasividad” del gobierno al dejar que “cualquier extranjero entre” y “el incremento de la inseguridad a causa de los venezolanos”.
Graffitis en las calles con el mensaje: “¡Fuera venezolanos!”, recibieron a la funcionaria.
Todo esto unido a un comunicado que sacó el presidente Lenín Moreno, donde anunciaba la creación de “brigadas” que controlarían la migración de venezolanos en el Ecuador. Esa fue la excusa para que esta especie de “guardias ciudadanas” se conformarán en la ciudad para sacar a los migrantes.
Las cifras oficiales no hablan de muertos pero sí de decenas de heridos. La federación de organizaciones venezolanas en el Ecuador contabilizaron 84 personas heridas y miles de dólares en pérdidas de pertenencias personales.
“Nosotros en la sede hemos recibido a diez familias desde Ibarra que buscaron refugio. Tuvimos que coordinar entre diferentes voluntarios para encontrar casas seguras en Quito y también mandar algunos hasta Perú o Colombia”, comenta Egleth Noda, presidenta de la asociación civil Chamos Venezolanos en Ecuador.
También, las asociaciones Migrante Universal y Mueve, una en Cayambe y la otra en Guayaquil, indicaron que casos de ataques xenófobos en contra de venezolanos se registraron en sus respectivas ciudades.
“Hay mucho miedo. Nosotros coordinamos esta semana varios viajes hacia Perú de gente que ya no quiere quedarse en Ecuador”, comenta Henry Chico, presidente de la asociación civil Migrante Universal.
Como una “medida de protección para todos los ciudadanos” el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció que desde finales de enero los venezolanos que quieran entrar al país deberán presentar sus antecedentes penales apostillados. “Lamentablemente, Venezuela no ha querido compartir sus datos para tener una migración ordenada”, fue la sentencia del vicepresidente.
Conseguir los antecedentes penales en Venezuela es una misión que conlleva mucha burocracia: a través de una página web del ministerio de Interior, Justicia y Paz los venezolanos deben descargar la hoja con su record policial y luego pasar días —a veces meses-— tratando de conseguir una cita en el ministerio.
Esto ha generado mafias internas que pueden cobrar hasta 100 dólares por documento para apostillarlos en una semana. En un país donde el Fondo Monetario Internacional ha diagnosticado un millón por ciento de inflación para 2019 y el salario mínimo mensual ronda los 7 dólares, pagar estas cantidades por gestores no está al alcance de toda la población.
Es por eso que la a través de la Defensoría del Pueblo del Ecuador se ha levantado la voz de alerta al considerar que esta medida es “anticonstitucional”. Gina Benavides, encargada de dicho organismo, ha declarado que la Constitución “no establece mecanismos de restricción de entrada al país para ninguna nacionalidad”.
Sin embargo, precisamente esa filosofía de “movilidad humana universal” establecida en la Constitución del Ecuador, es lo que muchos ecuatorianos critican. En la semana luego del incidente, se generaron reacciones de diferentes organizaciones ciudadanas en contra y a favor de la migración. Por ejemplo, por redes sociales corrió un comunicado de un supuesto grupo autodenominado las “Águilas Negras” que daban 72 horas para que los venezolanos salieran del país.
El lunes 21 de enero, colectivos que luchan para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer marcharon en Quito y Guayaquil indicando que “la violencia de género no tiene nacionalidad”, y pedían al gobierno cambiar su postura ante la migración venezolana al usarla como excusa para no admitir sus desaciertos al aplicar la Ley contra la Violencia a la Mujer aprobada en el Ecuador a principios de 2018.
Sólo en 2018, 88 mujeres fueron asesinadas en el Ecuador. Y el asesinato de Diana fue cercano a un crimen que había ocurrido en Quito sólo algunos días antes donde cuatro hombres violaron a una mujer en Quito.
Más de una semana ha pasado desde los lamentables hechos de Ibarra. Si bien la situación en la ciudad se ha calmado, aún se siente una fina tensión entre los locales y la población migrante. “Todavía puedo vender mis caramelos en los buses, pero ahora no salgo tanto de noche y soy más precavido al hablar para que no reconozcan mi acento”, cuenta Diego un vendedor ambulante que llegó desde Caracas a Ibarra hace ocho meses.
Ecuador, después de Colombia y Perú, se ha convertido en el tercer receptor de venezolanos en suramérica. Según cifras levantadas por el ministerio del Interior ecuatoriano, en 2019 residen al menos 250 mil entre las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.
Como Julieta, muchos han optado por considerar sus opciones y tratar de irse a Bogotá o Lima, pero ahora, con la solicitud de antecedentes penales para poder entrar al Ecuador, muchos verán sus esperanzas de llegar a Perú u otros países de América Latina frustradas.
Los nombres que aparecen en este texto fueron sustituidos para proteger la identidad de las personas que dieron su testimonio.
Jefferson Díaz https://ift.tt/eA8V8J
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