Una versión de este artículo apareció originalmente en VICE Brasil.
El martes 22 de enero se anunciaron dos sospechosos en el caso de asesinato de Marielle Franco —una concejala brasileña reconocida por su defensa contra la brutalidad policial, la desigualdad racial y los derechos de las mujeres y LGBTQ—, quien fue asesinada a tiros en Río de Janeiro en marzo del año pasado. Según el medio de noticias brasileño G1, uno de los sospechoso, Ronald Paulo Alves Pereira, fue arrestado; mientras que se emitió una orden de aprehensión contra el segundo sospechoso, Adriano Magalhães da Nóbrega, quien sigue en libertad.
Pereira es comandante de la Policía Militar dentro del gobierno estatal que, según el informe de G1, también actuó como comandante de una milicia ilegal, dirigida por civiles, que gobernaba la favela de Muzema en la ciudad. Esos grupos paramilitares —a menudo formados por policías, soldados o bomberos— son comunes en Río de Janeiro. Si bien afirman que combaten a los grupos criminales y narcotraficantes, la ilegalidad de sus operaciones incluye el crimen organizado, las apuestas y la venta ilegal de bienes raíces y servicios de cables, y consolidan su poder a través de la violencia. Se cree que el mismo Pereira es miembro de Escritorio do Crime, el grupo que ha sido vinculado al asesinato de Franco.
En 2004, Pereira recibió honores del senador electo Flávio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya ideología de extrema derecha e historial catastrófico sobre los derechos de las mujeres, las personas LGBTQ y las comunidades indígenas del país han generado comparaciones con Donald Trump. Menos de un año antes del reconocimiento, Pereira estaba siendo investigado por su papel de líder en una masacre que resultó en la muerte de cinco jóvenes en el distrito de Baixada Fluminense de Río.
Relacionados:
Nóbrega, el segundo sospechoso —que sigue actualmente en libertad— es un ex capitán de BOPE (el Batallón de Operaciones Policiales Especiales), una unidad élite dentro de la fuerza de la Policía Militar de Río. Según el periódico nacional O Globo, la madre y esposa de Nóbrega trabajaron en la oficina de la representación estatal de Flávio hasta el año pasado. El hijo del presidente Bolsonaro también concedió honores a Nóbrega por su servicio, primero en 2003 y nuevamente en 2004. En 2005, nominó a Nóbrega a la medalla Tiradentes —el honor más alto otorgado a un individuo por la Asamblea Legislativa en el estado de Río de Janeiro— la cual le fue concedida.
En abril de 2018, pocas semanas después de su muerte, Franco recibió póstumamente la misma medalla. Flávio fue el único miembro legislativo que votó en contra de otorgarle el premio a la fallecida concejala, alegando que su ideología no se alineaba con la suya. En octubre del mismo año, cuando dos candidatos del Partido Social Liberal (PSL) —el mismo partido del senador electo— rompieron una placa colocada en la vía pública con el nombre de Franco, Flávio aprobó el acto, argumentando que sirvió para "restablecer el orden".
Un hecho similar que resalta el sentimiento anti-Franco se le puede adjudicar al presidente Bolsonaro. Después de la muerte de la activista, Bolsonaro fue el único candidato presidencial que no emitió una declaración sobre su asesinato. Una medida que su propio asesor de campaña dijo que estaba motivada por el hecho de que la opinión de Bolsonaro sobre el asunto era "demasiado polémica". También es importante resaltar que, en 2003, durante su periodo como legislador federal, Bolsonaro mostró aprecio por los escuadrones de la muerte como el de Pereira y Nóbrega, argumentando que tales grupos "reemplazaron la pena de muerte" en el país. Su hijo Flávio ha hecho eco del sentimiento, después de haber declarado públicamente que está a favor de la legalización de las milicias.
Poco después de que la detención de Pereira y la orden de aprehensión de Nóbrega se hicieran públicas, Flávio respondió en un comunicado publicado en Facebook y Twitter, en el cual negó cualquier participación en la contratación de la madre y la esposa de Nóbrega y destacó que siempre ha "defendido a los agentes de seguridad pública" y que aquellos que han cometido errores deben ser llevados ante la justicia.
“Todavía soy víctima de una campaña difamatoria, cuyo objetivo es atacar a la administración del presidente Jair Bolsonaro. La empleada mencionada en el reporte del Coaf fue contratada por recomendación de mi exasesor, Fabrício Queiroz, quien estaba a cargo de supervisar su trabajo. No puedo responsabilizarme por el comportamiento de alguien que no conozco, cuyas acciones apenas han sido reportadas por esta organización.
He enfatizado que todo debe ser investigado y que los responsables deben ser llevados ante la justicia, de acuerdo con la ley actual.
En cuanto al estatus de la empleada como madre de un delincuente fugitivo, que ya ha sido condenado por el Departamento de Justicia, me gustaría reiterar que es otra deducción irresponsable perpetrada por aquellos que desean calumniarme.
En cuanto a los honores otorgados a estos militares, solo puedo decir que siempre he defendido a los agentes de seguridad pública y he otorgado cientos de otros honores antes y después de ellos.
Aquellos que han cometido errores deben ser responsabilizados por sus acciones".
El grupo brasileño de Amnistía Internacional emitió una declaración sobre los arrestos, instando a que cualquier resolución del caso esté basada en evidencia concreta y enfatizando la importancia —en nombre del sistema de justicia penal del país— de tomar medidas adecuadas contra los escuadrones de la muerte. "El caso del asesinato de Marielle solo quedará cerrado una vez que se lleve a cabo una investigación precisa y los responsables sean llevados ante la justicia por este asesinato, no por otros delitos", señala la declaración.
Equipe VICE https://ift.tt/eA8V8J
No hay comentarios:
Publicar un comentario