Artículo publicado por VICE Colombia.
En los últimos años, aunque algunos medios de comunicación han informado sobre asesinatos de líderes sociales, e inclusive han creado conteos para mostrar la dimensión de estos hechos, por lo general, no se conocen sus historias ni la de las comunidades. También se sabe muy poco de cómo estos líderes son estigmatizados, amenazados y criminalizados, en muchos de estos casos, por funcionarios públicos y empresas estatales. Rutas del Conflicto en alianza con La Liga contra el Silencio documentó la historia de un grupo de líderes sociales en el departamento de Meta, voceros de una comunidad que quiere evitar que los ríos de su región sean afectados por posibles malas prácticas en la exploración y explotación petrolera. Estos líderes son solo la muestra de los costos de su trabajo en el Meta, pues historias similares ocurren en Puerto Gaitán,Puerto López y demás zonas donde la economía imperante es el petróleo
Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio consultaron con Ecopetrol, vía derecho de petición, por los más de mil contratos entre la petrolera, la Fiscalía y la Policía. La empresa contestó que dichos contratos estaban ligados a “el convenio de colaboración N 5220807, que finalizó el 17 de septiembre y se encuentra liquidado (ver respuesta de Ecopetrol)". La petrolera insistió en su respuesta en que esta alianza permitió identificar a los grupos armados que delinquen en la zona como el Clan del Golfo y Grupo Armado Vichada y Meta. Aunque, los convenios a los que se refiere Ecopetrol se encuentran liquidados, se pudo documentar a través de Secop que varios convenios siguen activos y fueron firmados a finales del 2018.
"¿Yo por qué me metí en esto?"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó en el 2016 el informe ‘Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos’. En él relata cómo en el continente se ha usado el derecho penal de manera indebida para criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos. En su análisis se evidencian los contextos en que se presentan gran parte de estas judicializaciones, y es posible hallar similitudes con el caso de Carrión.
“Ocurren por lo general en contextos donde existen tensiones o conflictos de interés con actores estatales y no estatales quienes hacen uso del aparato penal con la finalidad de obstaculizar la labor de defensa que realizan defensoras y defensores de derechos humanos y así frenar sus causas por considerarlas opuestas a sus intereses”, dice el informe. En gran medida, estos contextos de criminalización están ligados a conflictos de intereses para el desarrollo de megaproyectos y explotación de recursos naturales, tal como lo señala el subtítulo del informe: ‘Contextos en los que se observa el uso indebido del derecho penal y grupos más afectados por esta práctica’.
El documento detalla que los diferentes procedimientos para inculpar a los defensores de derechos humanos suelen ser aludidos a términos genéricos o ambiguos, tales como: ‘terrorismo’, ‘sabotaje’, ‘apología del delito’, entre otros. De esta manera se deslegitima el discurso de los líderes y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se intimida a las comunidades que representan.
Sobre los efectos de la criminalización en los líderes, es posible evidenciar afectaciones a nivel individual y colectivo. Liria Manrique, por ejemplo, recuerda el caso de la lideresa ambiental, Marisol Parra, una mujer que fue golpeada y detenida por la fuerza pública en el 2017, durante unas protestas en la vereda Pío XII, del municipio Guamal, Meta. "Marisol, después de esa detención, y eso que está en libertad, ha sido atendida psiquiátricamente porque la señora empezó a padecer una serie de situaciones que han causado problemas en su casa. Yo la he escuchado decir: '¿Yo por qué me metí en esto?’".
Manrique, que ha defendido a varios líderes de la región desde 2011, augura un pleito difícil, pero esperanzador a nivel departamental: “Va a ser una pelea de largo aliento porque hay un aparataje judicial (al) que le molesta mucho todo el ejercicio de protesta”.
Mientras tanto, los siete líderes ambientales, sociales y laborales continúan en libertad, por ahora. Gustavo Carrión insiste en que seguirá defendiendo el medioambiente en Castilla La Nueva, y denunciando las irregularidades de la industria de hidrocarburos en su vereda de residencia, Sabanas del Rosario. "Hemos sido líderes de corazón. Aquí nadie nos está pagando por defender nuestro medioambiente. Hemos estado luchando contra un gobierno con las uñas para poder defender nuestros caños, nuestros animales, nuestra vegetación, que es lo que han venido dañando”, finaliza Carrión Neira.
Liga Contra el Silencio http://bit.ly/2RXonBG
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