Artículo publicado por VICE Colombia.
Vamos por la octava semana del paro de estudiantes de las universidades públicas, quienes valientemente han salido a las calles a enfrentarse a la represión del Estado, a luchar contra la estigmatización por parte de un gobierno que no quería sentarse a escucharlos y de varios medios de comunicación que los siguen acusando de vándalos.
Sin embargo, miles de estudiantes alrededor del país han persistido en sus manifestaciones públicas, invitando al resto de colombianos a que apoyemos una reforma de fondo al sistema. Es que la educación pública, de calidad y gratuita debería ser un derecho sin discusiones, sobretodo, en una sociedad tan desigual como la colombiana.
Declararse en paro y detener toda actividad académica es un acto de valentía. Cada día que estos estudiantes pasan sin tener clases es uno más en el que ponen en riesgo su semestre académico; esto significa una oportunidad menos para aprender, para aprovechar el privilegio que tienen de ser estudiantes universitarios en Colombia, donde ir a una institución de educación superior es un lujo.
Los problemas de fondo que aquejan a las universidades y al sistema educativo no fueron ocasionados por este gobierno, claro, pero su solución sí es un compromiso que debe adquirir para mejorar la infraestructura, la financiación, la cobertura y la calidad.
¿Cómo llegamos a la crisis actual?
El ajuste de la economía y las políticas públicas colombianas a los parámetros neoliberales, promovidos desde finales de los años ochenta y principios de los noventa por Estados Unidos y el Reino Unido, por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y apoyados por las élites nacionales, llevó a una serie de reformas constitucionales y legales que hoy tienen desfinanciada la educación pública, haciéndonos creer que el único modelo viable en este momento es el de la privatización de la educación.
Después del Consenso de Washington, en 1990, varios países de Latinoamérica, ahogados en deuda con la banca internacional y tras casi una década de estancamiento económico, decidieron aceptar una serie de lineamientos que promueven la implementación de políticas neoliberales entre las que se encuentran la apertura económica, la desregulación a los mercados y sistemas financieros internacionales, la disciplina en el gasto público y la estabilidad macroeconómica, la reducción del Estado a mínimas proporciones y la privatización de sus empresas públicas; entre otras.
El problema es que el Estado colombiano, por cumplir a cabalidad los mandatos de dicho consenso, se ha enfocado principalmente en mantener la estabilidad macroeconómica y ha sometido la garantía de los derechos humanos a la regla fiscal. También, ha favorecido al sector financiero y ha privatizado los servicios sociales que debe prestar para garantizar el bienestar de los ciudadanos, mientras que, entre muchas otras cosas, ha descuidado la garantía de la educación pública en todos sus niveles (además de otros derechos, como la salud o las pensiones).
Durante las últimas tres décadas, la educación en Colombia se ha tornado en un producto del mercado, en donde uno de los mayores beneficiarios ha sido el sector financiero, que ahora se constituye en el mayor garante del derecho a acceder a la universidad a través del crédito. Todos los gobiernos, desde Gaviria (1990-1994), sin excepción, han venido haciendo reformas que han privatizado la provisión de servicios sociales. La educación no fue ajena a esta mercantilización y desde la Ley 30 de 1992 se sentaron las bases de la crisis actual. Estos son los principales problemas actuales de la educación superior, y la solución que proponen los estudiantes organizados en la Unión de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES).
Problema No. 1: Desfinanciación y desregulación
La famosa Ley 30 promovió la desregulación como uno de los pilares centrales para el desarrollo y promoción de la educación superior, cambiando la fuerte incidencia del gobierno central sobre el control de la calidad, sobre la inyección de recursos y, entre otras cosas, sobre la provisión de infraestructura para las universidades públicas del país. Bajo el argumento de autonomía universitaria, la educación superior empezó a ser autorregulada. Este modelo, hijo del neoliberalismo, hizo que muchas instituciones pudieran meterse bajo el rótulo de “universidad”, como en el caso de la San Martín o la Autónoma del Caribe, cuando en el fondo no son nada más que un negocio.
Bajo ese argumento de autonomía, peor aún, se ha desfinanciado a las universidades públicas y estas han tenido que conseguir fuentes de financiamiento, por ejemplo, a través del aumento de cobro de matrículas a sus estudiantes o el sometimiento de la actividad académica a las demandas del mercado a través de contratos con empresas privadas, lo cual no es necesariamente negativo, pero sí debe alertarnos sobre la posibilidad de que las empresas sean las que principalmente determinen el enfoque de las investigaciones académicas y de la búsqueda del conocimiento. Esta falta de financiación también ha conllevado a la reducción de programas de bienestar estudiantil, al profundo deterioro de la infraestructura y la contratación en pésimas condiciones de la gran mayoría de profesores.
Observemos de manera clara la desfinanciación con las siguientes cifras. El número de estudiantes universitarios ha aumentado al doble en los últimos 10 años, pasando de 1,3 millones de estudiantes en 2007 a 2,4 millones en 2016, pero, en términos reales, el presupuesto por cada estudiante que reciben las universidades por parte del gobierno nacional desde 1992 hasta la actualidad, ha decrecido en un 70%. Por ejemplo, en 1993 la Universidad Pedagógica recibía 9,7 millones por estudiante y en la actualidad recibe 5,7 millones por cada matriculado.
¿Qué solución proponen los estudiantes? En términos generales proponen mayor financiación para la educación superior, el pago de las deudas que hoy tienen las universidades y la destinación de mayor presupuesto para este sector que para la guerra.
En concreto, primero, los estudiantes proponen que se aumente en 4,5 billones el presupuesto para las universidades públicas del país. Segundo, plantean que el gobierno nacional desembolse a las universidades públicas 16 billones, según la UNEES, como parte de la deuda histórica que el Estado tiene por la falta de inclusión de estos recursos en los planes de desarrollo de los últimos dos gobiernos. Esta cifra, permitiría solventar los problemas de infraestructura, pagar las altas deudas que tienen las universidades, entre otras, en materia pensional, y estabilizar sus finanzas y garantizar de la mejor manera el derecho a la educación.
Finalmente, frente al tema de financiación, la UNEES propone la derogación de la Ley 1911 de 2018 por una nueva norma que promueva la distribución más equitativa de los recursos al sistema de educación superior, con la garantía de mayores recursos para las universidades públicas y que permitan ajustar los costos de las matrículas de las universidades privadas a precios más asequibles.
Problema No. 2: Sometimiento al sistema financiero, costos de las matrículas y cobertura
La desregulación de la educación superior ha llevado a que los valores de las matrículas sean estúpidamente altos en las universidades privadas de un país pobre y desigual como Colombia, precios que someten a los estudiantes a garantizar su derecho a educarse a través de créditos, esclavizados a pagarle al sistema financiero por muchos años, como bien lo recordó Roger Waters en su concierto en Bogotá. Por ejemplo, para 2019 un estudiante pagará en la Universidad de los Andes por cualquier programa de pregrado diecisiete millones de pesos y por medicina veintitrés millones de pesos.
Entonces, la salida a los altos costos de las matrículas para muchos de los colombianos que no pueden entrar a la universidad pública, entre otras razones, por los pocos cupos que se ofrecen frente a la gran demanda, o aquellos que por voluntad optan por la universidad privada, es el sometimiento al sistema financiero. Por eso aparece en escena una de las entidades más odiadas por los colombianos: el ICETEX, que entrega, con relativa facilidad, créditos a estudiantes de todos los estratos, pero quienes después de terminar sus estudios, ya no como estudiantes, sino como usuarios (deudores) del sistema financiero, se enfrentan a un mercado laboral hostil, que les ofrece muy bajos salarios. Estos nuevos integrantes de la fuerza laboral deben pagarle al ICETEX tasas de interés altísimas, que se llevan la mayor parte de sus miserables primeros salarios, limitando la posibilidad de independizarse, de emanciparse, de comprar vivienda o de continuar sus estudios de posgrado.
El programa “Ser Pilo Paga” fue la única propuesta -durante ocho años de mandato- del gobierno Santos frente a la educación superior, el cual no soluciona el problema de fondo, y se enfoca únicamente en beneficiar a estudiantes de estratos 1 y 2 con resultados sobresalientes en las pruebas Saber.
Uno de los problemas que evidenció la implementación del programa es que este exige que los beneficiarios deben cambiar de ciudad para poder acceder al programa, debido a que deben elegir realizar su pregrado en instituciones de educación superior acreditadas por el Ministerio de Educación, pero en muchos departamentos del país no existe oferta de instituciones acreditadas. Este escenario también demuestra que los recursos para la educación superior están mal distribuidos territorialmente y que la mayor concentración de oferta está en Bogotá, en donde terminan la mayor parte de los beneficiarios del programa.
El programa no soluciona ninguno de los problemas de la educación superior, eso sí aumenta el acceso, pero en el sistema persisten sus elementos críticos. Por ejemplo, el 79% de los estudiantes beneficiarios prefieren las universidades privadas, las cuales, como la Universidad de los Andes, han recibido miles de estudiantes “pilos” (adjetivo que termina rechazando a los que no pueden acceder al programa y los deja como ¿“no pilos”?) a los que el Estado debe pagar la costosa matrícula completa, sin que la universidad asuma al menos una parte de los costos por estudiante. Mientras tanto, las instituciones públicas no tienen dinero para infraestructura o para pagar mejor a sus profesores.
¿Qué solución proponen los estudiantes?
Por un lado, la UNEES propone la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX en donde se les otorgue una tasa real de interés en 0%. Asimismo, pretenden que se les condone a los estudiantes del programa Ser Pilo Paga el valor total de los subsidios, incluyendo a quienes hayan desertado del programa y que se brinden garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos. Por el otro lado, frente al problema de los altos costos de las matrículas y la mercantilización del derecho a la educación en el país, proponen el congelamiento de las matrículas de las universidades privadas.
Además de los problemas explicados, los estudiantes demandan también que se respeten sus derechos a la protesta, a asociarse y a la movilización, sin recibir la constante violencia del Estado, ejercida principalmente por el ESMAD. Ellos quieren ser escuchados, que se les abran espacios de discusión, que se debatan sus propuestas y que se solucione de fondo el problema. También exigen que se integre al SENA sistema nacional de educación superior, que se mantengan los recursos que se destinan para esta institución y que se revise el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Finalmente, demandan que se dupliquen los recursos para Colciencias y que el gobierno nacional promueva la financiación de investigaciones para artes, humanidades y ciencias .
Ignacio Mantilla, ex rector de la Universidad Nacional escribió la semana pasada un artículo donde, recuerda que la educación que ofrece el país tiende a ser tan costosa y de difícil acceso que muchos estudiantes colombianos han optado por hacer sus estudios universitarios fuera del país. En Argentina hay 20.000 estudiantes colombianos, en Alemania y en Francia son casi 4.000. Por no tomar en serio la educación superior, estamos incluso perdiendo muchos de nuestros estudiantes y sus capacidades están siendo mejor aprovechadas en otros países.
Ojalá el movimiento estudiantil se mantenga fuerte, pero, sobretodo, lo apoyemos y entendamos que los beneficios que se derivan de mejorar la educación no son únicamente para los miles de estudiantes que detienen -y ojalá sigan deteniendo- las ciudades para ser escuchados, sino de todos los colombianos, que tendríamos una sociedad más educada, más desarrollada, más libre, más creativa y con mayores oportunidades para nuestros jóvenes.
Álvaro Carreño https://ift.tt/eA8V8J
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