Artículo publicado por VICE Colombia.
Las empresas de las familias Dávila Abondano (Daabon), a través de la Sociedad Portuaria Las Américas, proyectan la construcción de un puerto privado de servicio público para importar y exportar carga líquida, sobre todo el aceite de palma que se produce en el caribe colombiano; aunque también podrán exportar hidrocarburos y soda cáustica. La empresa asegura que el muelle impulsará el desarrollo, pero poco se ha dicho de sus implicaciones ambientales y socioeconómicas.
Un resumen ejecutivo facilitado por la empresa dice que el puerto podrá mover 550.000 toneladas al año. Daabon, sin embargo, dice que por ahora solo tiene la posibilidad de mover 250.000, porque esa es la cantidad de aceite que produce el grupo. La empresa prevé prestar servicio a un buque cada semana (la licencia autoriza dos), con unas medidas promedio de 187 metros de eslora y 28 de manga: tan largo como cuatro piscinas olímpicas.
La concesión, otorgada en 2005, permite el uso de una zona entre los cerros Ancón y Boquerón, entre el Puerto de Santa Marta y la bahía de Taganga. Dos años después Daabon obtuvo la primera licencia ambiental, pero el proyecto sufrió una modificación, y solo hasta febrero de 2017 fue ratificado el permiso por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Aún falta el aval de la Agencia Nacional de Infraestructura, y es el requisito que mantiene detenida la construcción.
La sociedad civil y los activistas ambientales han introducido ante los tribunales una acción popular contra la construcción del muelle de Daabon, solicitando un recurso de nulidad de la concesión otorgada y medidas cautelares para las organizaciones étnicas coguis y wiwas. La zona del muelle forma parte de la línea negra que protege los lugares sagrados ancestrales de esos grupos. Por lo tanto, se les reconoce autoridad a los indígenas de la Sierra Nevada.
Uno de los ingenieros de la región, exasesor técnico de Daabon, dice que aun así, tanto la Alcaldía como la Corporación Regional, tendrían que servir de vigilantes y custodios de lo que se hace en este territorio, para que los organismos centrales puedan exigir acciones. Mientras tanto, los entes administrativos se pasan la “papa caliente” ante los riesgos ambientales del proyecto.
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